Zanjas en la frontera: entre el símbolo político y la política pública

El Plan Escudo Fronterizo busca transmitir control territorial frente a la migración irregular, pero la experiencia internacional y la realidad chilena muestran que el verdadero desafío no está solo en la frontera, sino en cómo enfrentar la migración irregular, el crimen organizado y la falta de una política migratoria integral. El gobierno de José Antonio Kast inició su mandato anunciando el Plan Escudo Fronterizo, que incluye la construcción de zanjas en la frontera norte, mayor despliegue militar y el endurecimiento de las medidas contra el ingreso irregular al país. Las encuestas evidencian un amplio respaldo ciudadano.

Según la última medición del Panel Ciudadano UDD, cerca de un 78% de los encuestados apoya la construcción de zanjas en la frontera como medida de seguridad. Hay un dato que no es menor: la ciudadanía demanda recuperar el control del territorio y ordenar el fenómeno migratorio, que durante los últimos años ha generado preocupación y tensiones de convivencia en distintos sectores del país. Pero este debate también revela algo incómodo: la memoria corta con la que se discuten las políticas migratorias en Chile.

El control de la frontera norte no comenzó con este gobierno. Al contrario, viene desarrollándose desde hace varios años. Durante el mandato de Gabriel Boric se desplegaron Fuerzas Armadas en la macrozona norte mediante estados de excepción constitucional para apoyar el control fronterizo.

También se reforzó la vigilancia en pasos fronterizos y aduanas, se incorporaron sistemas tecnológicos de monitoreo y se realizaron expulsiones administrativas y judiciales, especialmente de personas con antecedentes penales. Además, se destinaron recursos humanos, tecnológicos y presupuestarios relevantes para fortalecer la seguridad fronteriza. El problema es que esas medidas nunca lograron instalarse con claridad en el debate público.

Hubo, sin duda, un error comunicacional. No se les dio la relevancia que tenían —no solo a estas políticas, sino a muchas otras— y, sobre todo, no se logró construir un relato claro hacia la ciudadanía ni hacia los medios de comunicación. En otras palabras, esas políticas nunca lograron instalarse en el debate público.

Parte de esto se explica porque durante años sectores de la centroizquierda criticaron duramente cualquier enfoque de seguridad fronteriza, asociándolo a discursos de criminalización de la migración. Cuando la realidad obligó al gobierno a aplicar medidas similares, el giro fue percibido como contradictorio y el mensaje perdió la fuerza necesaria. En síntesis, el gobierno nunca logró explicar con claridad qué estaba haciendo ni por qué.

En política pública, lo que no se comunica simplemente no existe. Ese vacío permitió que se instalara una narrativa simple: que el Estado había renunciado al control de la frontera. En cambio, el gobierno de Kast entendió esa dimensión del problema.

Las zanjas, más allá de su efectividad técnica, cumplen una función simbólica clara: transmitir que el Estado vuelve a marcar límites. Pero el gran problema es que la política migratoria no puede sostenerse únicamente en símbolos. La experiencia internacional muestra que las barreras físicas pueden dificultar parcialmente el ingreso irregular en puntos específicos de la frontera, pero rara vez eliminan los flujos migratorios; más bien tienden a desplazarlos hacia otros sectores.

Y en el caso chileno hay un factor adicional: la geografía. La frontera con Bolivia supera los 800 kilómetros y se extiende por territorios abiertos del altiplano, con múltiples rutas informales utilizadas históricamente por comunidades locales y también por redes de tráfico de personas. Pretender controlar completamente esa frontera mediante zanjas o cercos es, en términos prácticos, una ilusión.

Además, este debate está dejando de lado el verdadero problema migratorio que enfrenta hoy el país. Incluso si hipotéticamente la frontera estuviera sellada mañana, Chile seguiría enfrentando una pregunta difícil de responder: ¿qué hacer con los migrantes irregulares que se encuentran en el territorio nacional? Durante la campaña presidencial se instaló la idea de que todo migrante irregular debía ser expulsado del país.

Pero, como dice el dicho popular, otra cosa es con guitarra. En la práctica, esa promesa es extremadamente difícil de cumplir. Las expulsiones requieren identificar a la persona, contar con una resolución administrativa o judicial, coordinar con el país de origen y disponer de logística y financiamiento para el traslado.

Si alguno de esos pasos falla, la expulsión simplemente no se efectúa. Por eso, más allá de los cambios de gobierno, Chile ha enfrentado el mismo cuello de botella durante la última década: expulsar migrantes irregulares es complejo, costoso y muchas veces depende de la cooperación de otros Estados. Ese es el dilema que ha llevado a distintos gobiernos —de distintos signos políticos— a aplicar mecanismos de regularización parcial o permanencia temporal.

La pregunta incómoda es inevitable: ¿qué ocurrirá con los cientos de miles de migrantes irregulares que ya viven en nuestro país? Las primeras señales indican que muchos permanecerán en nuestro territorio nacional, bajo distintas fórmulas administrativas. Si ese es el camino —como ha ocurrido en prácticamente todos los países que enfrentan fenómenos migratorios similares— el debate deberá darse con honestidad.

El problema migratorio en Chile no es solo una cuestión de frontera. Es también un problema de crimen organizado. Durante los últimos años, bandas transnacionales han aprovechado los flujos migratorios para instalar redes de tráfico de personas, narcotráfico, extorsión y otros delitos.

Combatir esas organizaciones requiere algo mucho más complejo que una zanja o una reja: se necesita inteligencia policial, cooperación internacional y persecución penal efectiva. Pero también requiere que el Estado vuelva a estar presente en territorios que durante años han sido abandonados. Que las policías recuperen presencia en barrios y poblaciones donde hoy las bandas criminales han logrado instalarse.

Chile necesita recuperar el control de sus fronteras. Pero también necesita una política migratoria seria, capaz de distinguir entre quienes buscan integrarse al país y quienes utilizan el territorio nacional para actividades criminales. De lo contrario, el riesgo estará en que la política pública termine subordinada a la lógica de los gestos simbólicos, mientras los problemas estructurales del país continúan sin resolverse.

Las zanjas pueden ser una señal de control territorial, pero el verdadero desafío del Estado chileno no está solo en la frontera. Está en construir una política migratoria que combine seguridad, institucionalidad y cooperación internacional, sin caer en la ilusión de que un problema complejo puede resolverse con una sola imagen poderosa en el paisaje del altiplano. La zanja es una señal política, pero el gran desafío migratorio de Chile está dentro de su territorio y no en la frontera.