Zanjas, calle y abandono: la política migratoria que mira el borde,pero no mira a las personas

Por Patricio Meza GarcíaDesde que asumió el nuevo gobierno, el debate migratorio parece haberse reducido a una imagen dura, repetida y políticamente rentable: hacer zanjas. Zanjas en la frontera, zanjas como símbolo de control, zanjas como respuesta visible frente a una crisis que por años ha golpeado con fuerza a la macrozona norte. Pero mientras el discurso oficial se concentra en impedir ingresos irregulares, en las calles de nuestras comunas se acumula una pregunta mucho más incómoda y profundamente humana: ¿qué estáhaciendo el Estado con quienes ya están aquí, viviendo en la intemperie, expuestos a la pobreza, al crimen organizado, a la droga, al alcoholismo y, en muchos casos, acompañados por niños y niñas?

La migración irregular es un problema real. Negarlo sería irresponsable. La falta de control fronterizo, el ingreso por pasos no habilitados y la acción de redes criminales han impactado severamente a ciudades del norte, donde la presión sobre los servicios públicos, la seguridad y la convivencia cotidiana es evidente.

Pero reducir toda la política migratoria a una lógica de contención física no solo es insuficiente: también revela una mirada incompleta del problema. Porque la zanja puede intentar ordenar el ingreso, pero no responde qué ocurre con la persona que duerme en una vereda. La zanja no alimenta a un niño.

La zanja no entrega documentación, orientación jurídica, atención de salud mental, protección social ni alternativas reales de integración o retorno asistido. La zanja no distingue entre una red criminal y una familia que migró escapando del hambre, de la violencia o de la desesperanza. Hoy basta caminar por distintos sectores urbanos para observar una realidad que incomoda: personas en situación de calle, muchas de ellas presumiblemente extranjeras y en situación migratoria irregular, sobreviviendo en condiciones indignas.

Algunas deambulan con menores de edad. Otras están visiblemente deterioradas por el consumo problemático de alcohol o drogas. Muchas quedan expuestas a redes de explotación, trata, microtráfico, violencia sexual, reclutamiento delictual o simplementeal abandono absoluto.

Y ahí surge la pregunta de fondo: ¿dónde está el Estado cuando la fiscalizacióntermina? Porque las policías pueden controlar identidad, fiscalizar, detener cuando corresponde y poner antecedentes a disposición de la autoridad competente. Esa labor es necesaria dentro de un Estado de Derecho.

Pero no puede ser la única respuesta. Si todo se reduce al control policial, entonces la política pública desaparece y el problema queda atrapado entre el parte, la multa, la expulsión frustrada y el retorno de la misma persona a la esquina donde duerme. Un Estado serio no puede limitarse a mirar la migración solo desde la seguridad, aunque la seguridad sea indispensable.

También debe mirarla desde la salud pública,la infancia, la vivienda, la protección social, los derechos humanos y la prevención del delito. Cuando una persona cae en la calle, sin redes, sin documentos, sin trabajo formal y sin apoyo institucional, no solo se vulnera su dignidad: también se abre una puerta para que el crimen organizado avance sobre su vulnerabilidad. La omisión del Estado también tiene consecuencias.

Una persona abandonada en la calle puede transformarse en víctima, pero también puede ser empujada a economías ilegales para sobrevivir. Un niño creciendo entre cartones, consumo, violencia y precariedad no solo es una tragedia individual; es el fracaso anticipado de una sociedad que no fue capaz de actuar a tiempo. La marginalidad, cuando no se aborda, se reproduce.

Y cuando se reproduce, termina golpeando a toda la comunidad. Por eso, la pregunta no puede ser solo cuántas zanjas se cavaron, cuántos controles se realizaron o cuántas personas fueron fiscalizadas. La pregunta debe ser más profunda: ¿qué política pública concreta existe para las personas migrantes en situación de calle?

¿Qué catastro serio se ha levantado? ¿Qué acciones intersectoriales se están ejecutando? ¿Qué coordinación hay entre Gobierno, municipios, salud, infancia, policías, extranjería y organizaciones sociales?

¿Qué se está haciendo con los niños y niñas que viven esta realidad? El país necesita orden migratorio, sí. Necesita fronteras reguladas, sí.

Necesita expulsar a quienes cometen delitos y cerrar el paso a organizaciones criminales, también. Pero nada de eso autoriza a olvidar que un Estado de Derecho se mide, precisamente, por la forma en que trata a quienes están en la zona más frágil de la vida social. La política migratoria no puede ser una postal de maquinaria abriendo zanjas mientras las calles muestran seres humanos hundidos en la precariedad.

No puede haber seguridad duradera si no existe una respuesta social inteligente. No puede haber control real si no hay información, intervención temprana, asistencia humanitaria, rutas de regularización cuando corresponda, retorno asistido cuando sea necesario y protección efectiva para niños, niñas y adolescentes. Desde lo humano, la pregunta sigue abierta y golpea con fuerza: ¿qué se está haciendo con esas personas que migraron buscando mejorar su vida y terminaron viviendo una realidad indigna?

Hasta ahora, lo visible parece ser el control, la fiscalización y el símbolo fronterizo. Lo invisible sigue siendo la política pública integral. Y esa ausencia no solo es un problema administrativo; es una falla ética.

Un Estado de Derecho no puede renunciar al orden. Pero tampoco puede renunciar a lo humano. Porque cuando la única respuesta es cavar zanjas, tarde o temprano terminamos construyendo una zanja más profunda: la que separa a la autoridad de la dignidad de las personas.