Violencia machista en el poder: Red Chilena exige sacar a agresores de cargos públicos

Bajo la premisa de que «constituyen un peligro para la sociedad«, desde la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres exigieron que los agresores de mujeres estén fuera de cargos públicos. A través de una publicación en sus redes sociales plantearon que resulta «inaceptable» que aquellos actores políticos que hayan ejercido violencia contra la mujeres estén ocupando cargos de poder, de representación popular o cargos públicos. «Los agresores de mujeres son un peligro para la sociedad, y es inaceptable que detenten cargos de relevancia pública y política«, afirmaron.

Agresores de mujeres fuera de cargos públicos Desde la organización se refirieron al caso concreto de tres políticos que entre sus conductas se registran agresiones verbales y físicas, y amenazas, entre otras. En primer lugar, recordaron que Ricardo Rincón, cuyo nombre ha sido considerado como potencial embajador de Chile en Panamá, fue declarado culpable por el 16º Juzgado Civil de Santiago por violencia intrafamiliar ejercida en 2002 en contra de su entonces pareja. El exdiputado la habrá agredido verbalmente y luego físicamente, dándole una golpiza, tal y como fue acreditado ante tribunales a través de testigos, certificado médico y constatación de lesiones.

«En el caso de Rincón, fue expulsado del PDC en 2018, al conocerse la gravedad de los hechos», recordó la agrupación. Desde la Red, también hicieron mención al caso de Álvaro Ortiz, recientemente elegido presidente del Partido Demócrata Cristiano, quien fue condenado en enero 2010 por violencia intrafamiliar. De acuerdo con los antecedes, fue la conviviente del entonces concejal quien presentó la denuncia.

La magistrado Mireya Celis, titular del Juzgado de la Familia de Concepción, determinó que Ortiz Vera era responsable de los hechos que se le imputaron y debía pagar una multa a beneficio de la Gobernación, por el valor de 2 UTM. También se le ordenó a someterse a un tratamiento para control de impulso y de agresividad. El tercer nombre al que hizo referencia la organización feminista es el de Matías Huerta, quien recientemente fue contratado por el Gobierno Regional del Maule, dirigido por Pedro Pablo Álvarez-Salamanca (UDI), con un «sueldo superior a los 5 millones de pesos».

Esta decisión ha generado críticas transversales, ya que en 2016, mientras Huerta se encontraba realizando campaña como candidato a concejal por Talca, fue acusado de ejercer maltrato físico y verbal contra su entonces pareja. El caso estalló luego de que saliera a la luz un polémico audio en el que se le escuchaba lanzando improperios y amenazas a la joven, mientras ella le pedía que no la volviera a golpear.. El hecho que fue posteriormente reconocido por Huerta, finalmente le costó, no solo su candidatura al Concejo Municipal, sino que también su militancia en la UDI.

Además de demandar que se saque a los agresores de cargos públicos, desde la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres exigieron, tanto al Estado de Chile como a los partidos políticos, un compromiso irrestricto con los derechos humanos de las mujeres y las niñas».