Violencia extrema: cuando el derecho penal llega tarde

Dos hechos recientes han tensionado la discusión pública en materia penal, y obligan a abordar la capacidad real del sistema para intervenir antes de que la violencia alcance niveles irreversibles. Por una parte, el homicidio de una inspectora en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, cometido por un estudiante de 18 años al interior del establecimiento, que además dejó a otros alumnos y docentes heridos. Por otra, el caso ocurrido en Las Condes, donde una mujer de 47 años habría sido retenida durante meses en un contexto de violencia sistemática, con agresiones físicas reiteradas, amenazas de muerte e incluso intentos de asfixia, logrando finalmente escapar y denunciar los hechos.

Ambos casos, aunque distintos en su naturaleza, comparten un elemento central y es la existencia de señales previas y la ausencia de una intervención eficaz y oportuna. Es necesario reiterar que el sistema penal no previene, sanciona. Llega, por definición, cuando el daño ya está consumado.

Por lo mismo, centrar la discusión en el aumento de penas o en respuestas exclusivamente punitivas no solo resulta insuficiente, sino técnicamente equivocado. En el caso de Calama, los antecedentes conocidos dan cuenta de una acción que no fue meramente impulsiva. La magnitud del hecho obliga a preguntarse por las alertas que no se activaron y por las herramientas de control que, en la práctica, han sido debilitadas en los establecimientos educacionales.

Un liceo o colegio no puede operar sin mecanismos básicos de resguardo y la discusión sobre medidas preventivas -como controles de acceso o revisiones- debe darse en términos técnicos y no ideológicos. El caso de Las Condes, en tanto, expone otra dimensión del problema, la de la violencia prolongada en contextos de aparente intimidad, donde la víctima permanece aislada y sin acceso efectivo a redes de protección. Aquí también surge una pregunta incómoda pero necesaria: ¿en qué momento el sistema -ya sea desde lo policial, social o comunitario- pudo haber intervenido antes de que la situación escalara a ese nivel de gravedad?

Sería un error, sin embargo, reducir ambos fenómenos a una lógica exclusivamente de seguridad. En el primero, es razonable advertir trayectorias previas de conflicto, posibles problemas de salud mental o conductas disruptivas no abordadas. En el segundo, se evidencia la persistencia de dinámicas de control y sometimiento que requieren detección temprana y canales efectivos de denuncia.

En ambos casos, la ausencia de intervención oportuna aparece como un factor determinante. El desafío, entonces, es necesariamente integral. Se debe fortalecer la prevención, mejorar la coordinación entre instituciones, dotar de herramientas reales a quienes deben ejercer control y, al mismo tiempo, robustecer los dispositivos de apoyo y protección a potenciales víctimas.

Pero también exige recuperar una noción básica que se ha ido debilitando: la autoridad bien entendida no es incompatible con los derechos, sino una condición para garantizarlos. Cuando esa ecuación falla, las consecuencias son evidentes. Y si no se corrige, estos hechos no se percibirán como excepcionales.

Entonces, como muchas veces, el sistema de justicia, en especial el penal, llegará tarde y cuando eso ocurre el costo ya es muy alto y puede ser irreparable.