“Violencia estudiantil”. El gobierno usa el tema como “distractor” y “desplaza” asuntos prioritarios en educación

El asesinato de una Inspectora en Calama a manos de un alumno y la agresión a la ministra de Ciencia protagonizada por universitarios, y las amenazas y denuncias de ataques en escuelas y universidades, le permitió al gobierno hacer un giro en la agenda política y comunicacional y dejar a un lado temas sensibles como el alza de combustibles, malos datos en seguridad, continuidad de las controversias de las ministras vocera y de Seguridad Pública, los problemas en su proyecto de “reconstrucción nacional” y, por cierto, las críticas en su gestión en Educación como la iniciativa “escuela protegida”. En el relato del oficialismo se quiso mezclar hechos delictivos con protesta estudiantil. Álvaro Ramis, Rector de la UAHC, advirtió que “estos hechos están siendo utilizados para instalar un relato que desplaza conversaciones urgentes” en el sector Educación.

El académico de la Universidad de Chile, Dino Pancani, indicó, ante el tono discursivo instalado desde La Moneda, que “indudablemente hay una intención del gobierno de recuperar una agenda. Recordemos que pierde su agenda” y ahora prioriza por el asunto de la violencia en los recintos educacionales. La presidenta de las JJCC, ante todo el armado hecho en torno a la agresión a la ministra Ximena Linconao, afirmó que “el gobierno debe dejar de utilizar este episodio como un distractor de su ofensiva contra la clase media”.

“El Siglo”. Santiago. 12/4/2026.

Durante días, las páginas de los cuerpos “Nacional” y “Política” del periódico “El Mercurio”, llevaron de forma especial el cintillo “Escalada de violencia estudiantil” y sus grandes portadas destacaron hechos violentos en escuelas y universidades, mezclando hechos delictivos con episodios de protesta. En sintonía con eso, el Presidente José Antonio Kast, la vocera de La Moneda, Mara Sedini y los dirigentes de las colectividades de derecha y extrema derecha pusieron como centro del discurso mediático contingente “la violencia entre estudiantes”. Así, el gobierno hizo un giro de agenda y puso todo el empeño para que este tema copara la agenda política y comunicacional.

El asesinato de una Inspectora en Calama a manos de un alumno y la agresión a la ministra de Ciencia protagonizada por universitarios, junto a decenas de amenazas de “matanzas” y tiroteos y episodios violentos en establecimientos educacionales, le permitió al gobierno hacer un giro en la agenda política y comunicacional y dejar a un lado temas sensibles como el alza de combustibles, malos datos en seguridad, continuidad de las controversias de las ministras vocera y de Seguridad Pública, los problemas en su proyecto de “reconstrucción nacional” y, por cierto, las críticas en su gestión en Educación como la iniciativa “escuela protegida”. El énfasis que se le quiso y quiere dar al asunto estuvo sintetizado en la frase del mandatario cuando, comentando la agresión a la ministra de Ciencia, declaró sin más que “es un momento duro y triste para nuestra nación”, y enfatizó que “nuestro objetivo es y será recuperar el orden y la libertad en Chile”. Frases grandilocuentes que se dijeron en los días que el gobierno ponía sobre la mesa el proyecto “Escuela Protegida” basado en medidas coercitivas y de vigilancia, en la tesis de generar en el sistema educacional “medidas de seguridad, orden y respeto”.

Se alentaron acciones como revisión de mochilas de todas y todos los estudiantes, colocar pórticos detectores de armas de todo tipo en recintos educacionales de todo el país, quitar la gratuidad en educación superior a quienes fuesen señalados como participantes “de hechos violentos”, recurrir cuando fuese necesario a la suspensión de clases, instar a que las autoridades de escuelas y universidades “ejerzan la autoridad” y acciones “pedagógicas, correctivas y disciplinarias”, todo en el camino de priorizar “por el castigo”. En ese cuadro, la vocera, Mara Sedini, salió en un planificado punto de prensa a alertar que “la violencia no puede tener cabida ni en las escuelas, ni en las universidades”. La legisladora Lorena Pizarro, ante esas medidas, declaró que “la preocupación se resuelve por parte del Gobierno con medidas represivas que está demostrado nunca han resuelto nada; es cavernario”.

En ese sentido, la diputada Emilia Schneider sostuvo que “hay reflexionar, escuchar la opinión de quienes saben de materia de educación, y poder llegar a soluciones que sean en serio un aporte, y no solo buenos titulares. La educación chilena merece buenas políticas públicas que apunten a los problemas de fondo, y eso pasa por tener una buena inversión en salud mental en la educación, y también un buen control de armas como sociedad para que no lleguen a las manos de los niños y niñas”. Dino Pacani, académico de la Universidad de Chile señaló que “sería interesante saber si hay cifras en torno a la afirmación de que hay una violencia estudiantil extendida.

Lo que sí tenemos es un hecho traumático como lo que ocurrió en Calama que golpeó en cuanto a la violencia que se vive en algunos establecimientos educacionales. A partir de eso tenemos una reacción de la prensa donde es noticia a destacar todo lo que tenga que ver con violencia al interior de escuelas públicas o fuera de ellos. Ahora, insisto, buscaría las cifras, compararía a años anteriores”.

Se desplazan discusiones sobre temas en Educación Frente a este contexto y la instalación de una “extendida violencia estudiantil”, el Rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis, dijo a ElSiglo. cl que ante la línea discursiva del gobierno en esta materia, “hay que ser cuidadosos con el lenguaje. Hablar de ‘violencia estudiantil extendida’ como categoría general puede terminar criminalizando la protesta legítima y mezclando fenómenos muy distintos: el malestar social expresado en las escuelas, que tiene causas estructurales profundas, con hechos delictuales puntuales que efectivamente deben ser abordados”.

Ramis destacó que “el gobierno tiene la responsabilidad de distinguir con precisión, porque las respuestas policiales y disciplinarias sin inversión pedagógica y comunitaria no han funcionado históricamente en Chile. Lo que vemos en los liceos y universidades no cae del cielo, es el resultado de años de enorme presión financiera sobre el sistema de educación”. Consultado sobre el episodio de agresión a la ministra de Ciencias, el académico manifestó que “la agresión a la ministra es condenable, sin ningún matiz.

Pero también hay que decir con honestidad que estos hechos están siendo utilizados para instalar un relato que desplaza conversaciones urgentes como la deuda histórica con la educación pública, el deterioro de las condiciones laborales docentes, la crisis de salud mental en los estudiantes y la reducción del presupuesto en ciencia expresado en becas fundamentales para formar investigadores y elevar la productividad en I+D+i. ”. Añadió: “Cuando el debate se centra sólo en el orden y la seguridad, perdemos de vista las preguntas de fondo.

El gobierno debe resistir la tentación mediática de simplificar y apostar por respuestas integrales, aunque eso sea más difícil de titular”. Pancani apuntó a que “indudablemente que hay una intención del gobierno de recuperar una agenda. Recordemos que pierde su agenda, sobre todo con el alza en las bencinas, a partir de los errores propios, de diversos ministros, no sólo de la vocera, y fueron perdiendo la agenda para reforzar sus iniciativas, los temas son otros.

Como bien se dijo en la campaña presidencial, lo que tenían eran iniciativas de corto desarrollo, por ejemplo, las zanjas, quién se acuerda de eso, quién habla de eso hoy día. Hoy el Presidente Kast dice que los venezolanos van a tener que salir del país por las buenas, ese es un discurso muy distinto a lo que presentó en campaña”. “El gobierno trata de recuperar agenda a partir de la criminalización de los estudiantes -planteó el catedrático en entrevista con ElSiglo.

cl-. Puede haber una cortina de humo a partir de esto y que haya mucha ficción y que vaya a durar muy poco”. Catalina Lufín, presidenta de las Juventudes Comunistas y expresidenta de la FECH (Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile) expresó que “sin duda existe un aprovechamiento político descarado de Kast y sus ministros” ante el episodio de la Universidad Austral e indicó que “para que el proceso judicial avance y se respeten las garantías de los involucrados, el gobierno debe dejar de utilizar este episodio como un distractor de su ofensiva contra la clase media.

Detrás de la agresión a la ministra, esconden sus verdaderas intenciones de recortar la gratuidad y militarizar las escuelas”, señaló. Criminalizar a partidos políticos y organizaciones juveniles Frente a los diversos casos violentos ocurridos en establecimientos educacionales, algunos voceros de gobierno y del oficialismo junto a medios de prensa afines, quisieron tácitamente establecer una responsabilidad de partidos políticos y organizaciones juveniles. Pusieron la mira sobre todo en los partidos Comunista y Socialista y en el Frente Amplio, y también en otros colectivos progresistas y de izquierda.

En una nota de El Mercurio se señaló que “…existían indicios de que con el inicio de un nuevo ciclo político, marcado por la derrota (en las elecciones) de la izquierda…podía ‘regresar’ la violencia estudiantil”. Distintos dirigentes y legisladores de la derecha y la extrema derecha comenzaron a culpar a partidos políticos de protestas y manifestaciones en universidades, liceos emblemáticos y escuelas. Volvieron con el discurso de que la “izquierda promueve la violencia”.

El presidente del ultraderechista Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, indicó en entrevista con El Mercurio que “hay formaciones políticas, estamos hablando del Frente Amplio, del Partido Comunista, pero también de otras formaciones que son extraparlamentarias, que han utilizado de manera sistemática a los estudiantes para impulsar su agenda a través de la violencia”. Ese diario destacó que de acuerdo a sus versiones, “entre las personas ‘en el radar’ o ‘de interés’ para las policías había al menos dos estudiantes vinculados con los partidos Comunista y Socialista”, en referencia a la agresión a la ministra de Ciencias. Pese a que el Rector de la Universidad Austral -donde se registró el hecho-, Egon Montecinos, declaró que “no sé de militancias de estudiantes, eso es parte de la investigación”, y que los partidos y juventudes del sector progresista y de izquierda negaron promover o respaldar acciones violentas, en un texto el Ministerio de Seguridad Pública se aventuró que la agresión a Lincolao “no es aleatoria…lo que denota que existe una motivación política para realizar este atentado contra la autoridad”.

Esa línea discursiva ayuda a la agenda política y comunicacional al gobierno, al punto que se quiere establecer que un grupo de colectividades políticas son las alentadoras y responsables de la “escala de violencia estudiantil” en todo el país, y se desechan argumentos de fallas estructurales, dificultades en los procesos educativos, malas condiciones existentes en escuelas y universidades, los recortes al presupuesto en Educación, la ausencia de atención a los temas de salud mental y las condiciones socioeconómicas y familiares en que viven decenas de miles de alumnos de todos los niveles. La operación mediática de culpar a grupos progresistas y de izquierda de los hechos violentos en escuelas y universidades, va siendo parte del diseño de La Moneda y el oficialismo, y va en la línea de criminalizar a las expresiones de protesta y movilización. Dino Pancani, de la Universidad de Chile, sostuvo que “este es un año de movilizaciones de estudiantes, ya lo vimos, una movilización robusta hace unas semanas atrás.

Y ahora el gobierno, recurre a algo que es un mecanismo que puede estar utilizando para desde ya criminalizar la movilización social, estudiantil. Es algo tradicional de los gobiernos de derecha y será de este de extrema derecha, que probablemente va a tener mucha resistencia de los estudiantes, de la comunidad universitaria, ante los cambios y las reformas que quiere a hacer”.