Violencia en las escuelas: cuando la urgencia amenaza el sentido de educar

La violencia en las escuelas es real, grave y exige una respuesta urgente. Nadie puede mirar con indiferencia a docentes agredidos, estudiantes que viven con miedo o comunidades educativas desbordadas por el conflicto. Sin embargo, la urgencia no debe llevar al Estado a confundir una legítima demanda de protección con medidas que terminen alterando el sentido de la escuela.

Los dos proyectos de ley que hoy se discuten en el Congreso deben analizarse bajo esa advertencia. Uno refuerza medidas de control y seguridad al interior de los establecimientos, en el marco de la iniciativa denominada “Escuelas Protegidas”. El otro agrava las penas para delitos cometidos en contexto escolar.

Ambos recogen una preocupación ciudadana comprensible. El riesgo es que ofrezcan una respuesta más eficaz para transmitir autoridad que para resolver de fondo el problema de la violencia. El sistema escolar no parte de cero.

Ya existen reglamentos internos, sanciones como la cancelación de matrícula o la expulsión, y persecución penal cuando corresponde. La pregunta clave no es solo qué nuevas sanciones agregar, sino por qué estas herramientas no están logrando prevenir, contener e intervenir oportunamente. La principal brecha no está en la falta de castigo, sino en la debilidad de la prevención.

Faltan capacidades para detectar tempranamente riesgos, fortalecer la convivencia escolar, articular apoyos en salud mental y evitar que los conflictos escalen a violencia extrema. Por eso, una reforma seria no puede limitarse a controles y castigos. La seguridad escolar no es un fin en sí mismo: es una condición indispensable para ejercer el derecho a la educación.

Proteger ese derecho exige prevención, intervención temprana y rutas claras de reinserción. Lo mismo ocurre con el proyecto que agrava las penas. Chile tiene un sistema de responsabilidad penal adolescente diferenciado, especializado y orientado a la reinserción social.

Acercarlo a una lógica penal adulta ante la conmoción pública, sin evidencia de que reducirá la violencia, debilita una de sus piezas centrales. La violencia escolar exige decisión y firmeza. Pero una buena respuesta no debe tergiversar el sentido de la escuela ni erosionar derechos fundamentales.

Chile necesita escuelas seguras, pero también escuelas capaces de prevenir, acompañar y reinsertar.