Universidad San Sebastián busca anular proceso sancionatorio de la Superintendencia de Educación Superior

En octubre de 2024 la Superintendencia de Educación Superior (SES), entonces liderada por José Miguel Salazar, abrió una investigación a la U. San Sebastián (USS) para verificar el cumplimiento de la normativa interna de contratación y remuneración del personal académico luego de conocerse el sueldo de $17 millones que percibía la exministra Marcela Cubillos. Tras más de un año, fines de 2025 y bajo completo hermetismo, la SES le formuló cargos a la casa de estudios, según reveló el sitio Reportea.

Pero ahora el plantel educacional busca anular el proceso. Los cargos apuntan a dos irregularidades: no respetar las bandas salariales de la normativa de la USS y contrataciones que se alejan del reglamento del plantel. La formulación de cargos cuestiona los sueldos de 15 personas.

Además de Cubillos figuran, entre otros, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, y el exfiscal Manuel Guerra, quien por una arista del Caso Audio quedó en prisión preventiva este jueves, misma jornada en que el gobierno le pidió la renuncia al superintendente Salazar y la USS le anunció a la SES que buscaría anular el proceso investigativo en su contra. La historia es así. El procedimiento de la SES aún está abierto: la formulación de cargos es uno de los pasos previos a un proceso sancionatorio.

Aún resta procesar los descargos de la USS y el análisis de su propuesta de subsanación, proceso que estaba ocurriendo y tras el cual debía venir la decisión de la sanción a imponer. Todo lo anterior no tiene plazo para llegar a puerto, aunque en la USS creían que sería pronto. Y ahora, ya sin Salazar, impulsar ese proceso recaerá en la nueva persona que nombre el gobierno.

El tema es que tras la filtración de prensa la universidad pasó a la ofensiva buscando cerrar toda opción a que eso ocurra y al mediodía del jueves envió un oficio reservado a la SES. En ese escrito piden anular el proceso, acusando que está viciado debido, precisamente, a la filtración de una parte del contenido de la formulación de cargos, lo que piden también investigar de manera interna. Al mismo tiempo, la USS anunció que irá a Contraloría a entregar esos antecedentes buscando un pronunciamiento a su favor.

La Tercera pidió una versión de la San Sebastián durante los dos últimos días, sin éxito. Este jueves Salazar fue citado de manera urgente al piso 4 del Mineduc para reunirse con la subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés. Sin embargo, cuando llegó, ella no estaba y lo recibió el nuevo jefe de la Unidad Jurídica, Francisco Zambrano.

Él fue fue el encargado de comunicarle que prescindirían de su trabajo. La figura es una renuncia no voluntaria. El Mineduc dijo a Reportea que “luego de evaluar algunas jefaturas (...

) se llegó a la conclusión de que se le iba a pedir la renuncia para disponer de su cargo”. Pero según fuentes del gobierno, hasta el martes la decisión era mantenerlo, considerando además que ganó un concurso público. De hecho, ese día el Ejecutivo le informó a Camila Rubio (Junaeb) y Loreto Orellana (Super de Educación) que no contarían con ellas.

Casi en paralelo y en línea contraria, Salazar tenía una reunión de trabajo en su oficina con la subsecretaria Valdés para proyectar el quéhacer y, según conocedores del encuentro, en esa instancia nada se le mencionó de una salida. Un día después, el medio independiente publicó la formulación de cargos a la USS y al día siguiente se le pidió la renuncia a Salazar, lo que provocó reacciones. “El gobierno debe explicar la remoción justo en medio de una investigación que involucra a sus colaboradores”, dice la diputada Daniela Serrano (PC).

Emilia Schneider (FA) señala que “Chile tiene que entender los argumentos”. Voces del gobierno han esgrimido distintas razones en público y privado. Por un lado, que hicieron una mala evaluación de Salazar.

Por otro, que hubo “pérdida de confianza”, asumiendo que lo de la USS sí tuvo que ver al no haber él explicitado la formulación de cargos en su reunión del martes con la subsecretaria. Algunas personas lo comparan con lo que pasó entre Boric, Kast y el cable chino. “Es igual: un enunciado no es información y él debió decirlo”, señalan.

En el Ejecutivo dicen que el superintendente mencionó lo de la USS en la cita, aunque “por encima”, pero en el entorno de Salazar aseveran que fue más profundo que eso y que, en todo caso, de haber entregado detalles finos hubiese incurrido en infracciones al revelar información de un órgano autónomo del ministerio. Además aportan un antecedente y aseguran que él le adelantó a Valdés que una nota de prensa informaría sobre la formulación de cargos, para coordinar cómo enfrentarlo. En la misma cartera, además, argullen que había un impedimento legal para mantenerlo: fue nombrado el 1 de febrero de 2023 por tres años y su período vencía el 1 de febrero de 2026.

Para ser renovado, la ley señala que la decisión debía informarse 30 días corridos antes del vencimiento, que en este caso era el 2 de enero de 2026, al 1 haber sido domingo. Esa decisión se debía comunicar conjuntamente al interesado y al Servicio Civil. Sin embargo, en el Mineduc vieron que con Salazar la comunicación se hizo el 5 enero y su decreto de renovación fue el 13, es decir, tres y 11 días tarde.

Esta justificación, sin embargo, no se le dio verbalmente a Salazar ni tampoco está en la carta de solicitud de renuncia, donde sí se hace referencia a la facultad del Presidente de pedírsela y que tiene derecho a indemnización. Al respecto, al menos tres personas dicen que este yerro administrativo fue hayado por la actual administración posterior a la decisión de sacarlo del cargo. Otros advierten que no es impedimento para que haya continuado, recordando dictámenes de Contraloría que apuntan a ello.