Unión Europea acusa a Meta de incumplir normas por permitir acceso de menores de 13 años a Instagram y Facebook

La Comisión Europea acusó este miércoles a Meta de infringir la Ley de Servicios Digitales (DSA) por no aplicar medidas eficaces para impedir que menores de 13 años accedan a Instagram y Facebook. Según la investigación preliminar, la compañía no cuenta con mecanismos adecuados para verificar la edad de los usuarios ni para detectar y eliminar cuentas creadas por niños por debajo del límite establecido por la propia empresa. Bruselas sostiene que actualmente un menor puede abrir una cuenta simplemente ingresando una fecha de nacimiento falsa, sin mayores barreras de verificación.

También cuestionó que las herramientas para denunciar perfiles de menores serían difíciles de usar e ineficientes, dificultando la reacción ante reportes. La investigación detectó además que, incluso cuando se reportan cuentas de usuarios menores de 13 años, frecuentemente no existe un seguimiento adecuado, permitiendo que esos perfiles sigan activos sin control. Otro de los cuestionamientos apunta a las evaluaciones de riesgo realizadas por Meta, calificadas como incompletas y arbitrarias, al no identificar correctamente la exposición de menores a contenidos o experiencias inadecuadas para su edad.

De acuerdo con antecedentes analizados por la Comisión, entre 10% y 12% de los niños menores de 13 años acceden a Instagram o Facebook dentro de la Unión Europea. Las autoridades europeas exigen a Meta reforzar su metodología de evaluación de riesgos y endurecer sus sistemas para prevenir, detectar y eliminar perfiles creados por menores. Con esta acusación preliminar se abre ahora una etapa para que Meta revise los cargos, responda a las observaciones o implemente correcciones inmediatas.

Si se confirman las infracciones, la Comisión puede emitir una resolución de incumplimiento e imponer multas de hasta 6% de la facturación anual global de la empresa. Considerando que Meta reportó ingresos por más de US$134. 000 millones en su último ejercicio anual, la sanción podría superar los US$8.

000 millones. El caso se enmarca en una ofensiva regulatoria más amplia de la Unión Europea para reforzar la protección de menores en entornos digitales, en momentos en que también se debate un eventual endurecimiento de las normas sobre acceso infantil a redes sociales.