Una mano redactó las observaciones de al menos diez estancias en contra del humedal Bahía Lomas

Estancias de Tierra del Fuego, Enap, salmonicultores y la empresa sanitaria de Punta Arenas presentaron observaciones coordinadas contra los tres sitios prioritarios propuestos para la región. Los documentos revelan que decenas de escritos “individuales” fueron redactados por una misma persona, propietaria de predios afectados. En tanto, el gremio salmonero acusó al Ministerio de Medio Ambiente de haber alterado un informe oficial.

Lucas Ulloa Intveen [email protected] Una campaña legal, una acusación de alteración de documentos públicos dirigida al Ministerio del Medio Ambiente (MMA), la oposición frontal de Enap y la industria salmonicultora y una familia ganadera que descubrió que los propios técnicos del MMA recomendaban no avanzar con el sitio que las afectaba. Eso dejó como saldo la consulta ciudadana sobre tres sitios prioritarios para la biodiversidad en Magallanes, proceso que el gobierno de Kast decidió suspender. Los documentos obtenidos y analizados revelan que detrás de la diversidad de actores que emitieron observaciones hay un hilo conductor: los ganaderos de Tierra del Fuego que, con asesoría jurídica coordinada, lograron convertir una consulta ambiental en una impugnación masiva al proceso.

El 1 de noviembre de 2025, en el lapso de 10 horas, cuarenta y seis propietarios de estancias ubicadas en la provincia de Tierra del Fuego ingresaron observaciones individuales al proceso de consulta pública sobre el sitio prioritario Bahía Lomas. Cada uno presentó un documento Word distinto, nominado con su predio. La apariencia era la de una participación ciudadana masiva y espontánea.

Los metadatos de estos archivos cuentan otra historia. Al menos diez documentos analizados -correspondientes a estancias de distintos prioritarios y sucesiones- registran un único autor en sus metadatos: Carolina Retamal. El contenido es prácticamente idéntico entre todos los documentos.

Las secciones de antecedentes generales, observaciones al proceso y conclusiones son copia exacta, hasta los mismos errores tipográficos. Sólo cambia, en cada versión, el nombre de la estancia y el número de rol de avalúos. Los archivos comparten además el mismo patrón de nombre: todos parten con “Observación determinación sitios prioritarios” seguido del nombre del predio, lo que confirma que provienen de una misma fuente.

Vale señalar que el documento no es una carta simple. Es un escrito jurídico estructurado en cinco capítulos, con citas precisas de la Ley 21. 600, la Ley 19.

880 de procedimientos administrativos, la Ley 18. 575 orgánica de la administración y el Decreto N°16 de 2020. Incluye análisis cartográfico comparativo de polígonos y referencias a actas de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados.

El nivel de elaboración es propio de un estudio jurídico especializado. Familia con otro argumento No todos los ganaderos siguieron el mismo camino. Macarena Gutiérrez Muñoz, en representación de Agrícola y Ganadera Gutiérrez Hermanos Ltda.

y de Ganadera Gutiérrez Varillas SpA, presentó el 4 de diciembre -último día de la consulta- un escrito propio de 107 páginas, firmado con firma electrónica avanzada y respaldado por certificados del Conservador de Bienes Raíces. El documento no replica la plantilla colectiva: tiene argumentación propia y acredita antecedentes productivos concretos, entre ellos la mayor importación genética ovina en pie de la historia del país -20 ejemplares Dohne Merino traídos desde Australia en avión en 2014- y más de 150 hectáreas bajo riego tecnificado con pivotes centrales cofinanciados por la Comisión Nacional de Riego. Su argumento más incómodo para el Ministerio no está en la ley, sino en los propios documentos del proceso.

La familia reproduce textualmente el criterio de exclusión que el MMA se autoimpuso en las Bases Metodológicas: descartar zonas con intervención antrópica intensiva, incluyendo áreas agrícolas. Luego constata que ese criterio fue aplicado parcialmente en Bahía Lomas -se excluyeron las áreas urbanas de Cerro Sombrero y las instalaciones de hidrocarburos- pero no se aplicó a los predios agrícolas y ganaderos. Sin explicación en el expediente.

Pero el hallazgo más significativo de este escrito apunta hacia adentro del propio Ministerio. La familia cita el Informe Consolidado de Información de Sitios Prioritarios con Antecedentes Regionales -un documento interno del expediente del MMA, página 82- en el que los propios técnicos habrían recomendado catalogar preliminarmente a Bahía Lomas como desfavorable, dado que ya existía un área protegida que cubría en su totalidad el sitio prioritario. La decisión de avanzar de todas formas, sin justificación técnica en el expediente, es lo que esta familia denuncia como arbitrariedad.

Canal Fitz Roy Si Bahía Lomas fue el escenario de la movilización más masiva, el canal Fitz Roy concentró la acusación más grave del proceso. La Asociación de Salmonicultores de Magallanes A. G.

presentó tres observaciones sucesivas entre octubre y diciembre de 2025. La última, del 2 de diciembre, contiene una denuncia de alteración de instrumento público. Mediante una solicitud de transparencia, los salmonicultores obtuvieron del MMA dos versiones del mismo documento oficial: el ‘Diagnóstico Estado y Tendencias de la Biodiversidad: Región de Magallanes y de la Antártica Chilena’.

La versión publicada en el sitio web del Ministerio tiene metadatos que indican fecha de creación 16 de agosto de 2016 y no incluye al canal Fitz Roy en su Cuadro 19 de sitios prioritarios. La versión enviada por la Unidad de Transparencia registra fecha de creación 22 de octubre de 2025 -plena tramitación de la consulta- y en ella el canal Fitz Roy sí aparece como sitio prioritario. El MMA no entregó explicación pública durante la consulta ni después.

La acusación quedó en el expediente sin respuesta conocida. A los salmonicultores se sumaron Salmones Blumar Magallanes SpA -a través del Consejo del Salmón- , Portuaria Otway Limitada y Fedetur. Todos convergieron en el mismo argumento de fondo: el canal conecta los senos Otway y Skyring, concentra el 40% de las concesiones acuícolas de la región, tiene obras portuarias públicas en ejecución adjudicadas por el Mop con término previsto para marzo de 2026, y está clasificado como Zona de Tráfico Marítimo en el anteproyecto de Zonificación del Borde Costero.

Humedal Tres Puentes El tercer sitio magallánico, el Humedal Tres Puentes en Punta Arenas, recibió sólo dos observaciones: una ciudadana en favor de la protección, y una de Aguas Nuevas S. A. La empresa sanitaria solicitó que su infraestructura crítica -la aducción principal de agua potable de la ciudad, el colector Los Flamencos y las redes de distribución- fuera excluida o reconocida expresamente dentro del polígono.

La pregunta que formula es de fondo: ¿qué ocurre con la infraestructura sanitaria crítica preexistente cuando un área urbana pasa a ser sitio prioritario? La Ley 21. 600 no lo responde.

El reglamento del artículo 29 que debería hacerlo no existe. Argumentos del Estado El 14 de marzo de 2026, el Ministerio del Medio Ambiente bajo la administración del Presidente Kast resolvió suspender el proceso de determinación de sitios prioritarios para la Macrozona Sur. Los fundamentos oficiales: el alto volumen de observaciones, la necesidad de revisar las Bases Metodológicas y la ausencia del reglamento del artículo 29.

Los tres argumentos son prácticamente los mismos que los opositores al proceso habían articulado a lo largo de los meses de consulta. El sector ganadero impugnó las Bases Metodológicas como instrumento insuficiente. Los salmonicultores y el Consejo del Salmón exigieron suspender hasta que existiera reglamento.

La Municipalidad de Primavera pidió postergar la homologación por la misma razón. El nuevo gobierno adoptó, como fundamento de su resolución administrativa, los argumentos de los actores que se habían opuesto.