Una ceguera conveniente: el antiambientalismo y sus ocultos beneficiarios

El refranero popular nos advierte que “no hay peor ciego que el que no quiere ver”. Resulta desconcertante observar cómo ciertos políticos y empresarios parecen ignorar los perjudiciales efectos de la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. Son genuinos creadores de fábulas anti-ambientalistas, que construyen relatos que menosprecian a la ciencia y evitan referirse a los avances tecnológicos en el campo de las energías renovables.

Es igualmente inexplicable que no reconozcan las consecuencias cada vez más frecuentes y severas de los desastres climáticos, los enormes daños y pérdidas económicas que provocan las tormentas, ciclones, inundaciones, incendios forestales, marejadas, sequías, olas de calor y olas de frío. Esta aparente incapacidad para percibir la realidad nos sugiere que padecen de una “ceguera conveniente”. El exponente más archiconocido es el presidente Donald Trump, quien se ha convertido en un referente de esta posición, atrayendo a un número creciente de seguidores que encuentran refugio en su círculo de poder.

Entre ellos se encuentra nuestro Presidente José Antonio Kast y todos los miembros de su gabinete. Estamos presenciando un fenómeno que se alinea de manera preocupante con esta postura: movimiento político que, instrumentalizado por intereses económicos miopes, construye su identidad política sobre la negación sistemática del cambio climático y de la crisis ambiental que conlleva. Esta actitud no es solo errónea científicamente, sino que representa una amenaza tangible para nuestras democracias, economía y el futuro de nuestro país.

Ejemplos de “ceguera conveniente” La retórica anti-ambiental de la ultraderecha rara vez es ideología pura; frecuentemente es la fachada política de conglomerados económicos que priorizan ganancias a corto plazo sobre la sostenibilidad a largo plazo. Citemos algunos ejemplos. En Italia, el gobierno de Giorgia Meloni ha favorecido abiertamente a grupos energéticos tradicionales como ENI e importadores de gas, mientras ralentiza la expansión de renovables.

Su decreto “Simplificación”, de 2023, ha facilitado la explotación de gas en el Adriático y se ha opuesto limitando la instalación de plantas solares en terrenos agrícolas, una victoria para el lobby agroindustrial y energético partidarios de los combustibles fósiles. La retórica “soberanista energética” enmascara la idea de depender de estas fuentes de energía de manera permanente. En Argentina, en el gobierno de Milei, se ha impulsado una ley ómnibus que debilita significativamente la protección de glaciares y humedales, beneficiando directamente a empresas mineras y agroexportadoras.

Grupos como la Sociedad Rural Argentina y cámaras mineras han celebrado la eliminación de las “trabas ambientales”. La propuesta de privatización de YPF, sin condiciones ambientales fuertes, atraería a inversores internacionales interesados en maximizar extracción sin responsabilidad ecológica. En Hungría, Orbán ha creado un sistema donde oligarcas cercanos al poder obtienen concesiones para explotar recursos naturales.

El caso más notorio es la familia Lőrinc Mészáros, cuyo imperio incluye energía y construcción, sectores beneficiados por la relajación de las evaluaciones de impacto ambientales. Hungría ha reducido las áreas protegidas y ha permitido desarrollos turísticos en parques nacionales, siempre asignados a consorcios afines. En Brasil el gobierno de Bolsonaro (2019-2022), representó el caso más extremo de alianza entre ultraderecha, el agronegocio depredador y la minería ilegal.

La tasa de deforestación amazónica aumentó un 75%, mientras se desmantelaban agencias de fiscalización ambiental como IBAMA. Grandes exportadores de carne y soja expandieron sus tierras mediante incendios forestales incentivados por la retórica anti-ambiental del gobierno. En Polonia, el partido Ley y Justicia (PiS) mantuvo por años una política de subsidio al carbón, beneficiando al poderoso lobby minero de Silesia, mientras bloqueaba la transición energética.

Incluso tras las sentencias de la Unión Europea, Polonia mantuvo minas altamente contaminantes, priorizando intereses de empresas estatales como PGG sobre la salud pública y los compromisos climáticos como miembros de la Unión Europea. En Estados Unidos, el caso paradigmático de influencia corporativa en la formulación de políticas ambientales es el lobby de los combustibles fósiles, encabezado por corporaciones de renombre como ExxonMobil, Chevron y Koch Industries. Estas entidades han financiado durante décadas think tanks como la Heritage Foundation y el Heartland Institute, los cuales generan pseudo “investigación” que cuestiona la evidencia científica sobre el cambio climático.

Durante la primera administración de Trump (2017-2021), ocurrió un desmantelamiento sistemático de aproximadamente 100 regulaciones ambientales, incluyendo la retirada del Acuerdo de París y el debilitamiento de las normas sobre emisiones de metano, acciones que se alinearon directamente con los intereses de estos grupos. La designación de ejecutivos de la industria petrolera en cargos clave dentro de agencias ambientales evidenció la captura corporativa del Estado. En su actual segunda presidencia Trump ha intensificado estas acciones, retirando nuevamente a Estados Unidos del Acuerdo de París, anulando cientos de regulaciones ambientales, retirando al país de más de 60 organismos multilaterales y de tratados vinculantes sobre medioambiente, cerrando instituciones encargadas de la normativa ambiental y decretando la prohibición del uso del término “cambio climático” en los documentos oficiales de su administración.

Esta conducta evidencia una “ceguera conveniente” llevada al extremo. En Chile existen sectores de derecha dura vinculados a la minería tradicional (cobre con métodos contaminantes), a la industria forestal (monocultivos de pino y eucalipto), que arrasan con la biodiversidad y a la agricultura que absorbe un elevado porcentaje de los escasos recursos hídricos disponibles en el centro y norte del país. Estos grupos, que anhelan imitar a Trump, han resistido sistemáticamente normas que internalicen los costos ambientales.

Durante el gobierno de Piñera (2018-2022), se archivó la ley de protección de glaciares tras presión del lobby minero y se debilitó la ambición de la meta de carbono neutralidad. En los cuatro años del gobierno de Boric los parlamentarios de derecha y ultraderecha se opusieron a los proyectos y a las políticas climáticas y ambientales, reduciendo a los Ministerios de Medioambiente, Energía, Agricultura, Vivienda y Urbanismo y Ciencias, entre otros, a su mínima expresión. El presidente Kast ya comenzó con decisiones adversas a la conservación de la biodiversidad y a la acción climática nacional y global, en pos de avanzar con grandes inversiones que aceleren el crecimiento económico.

Esto era de esperar, ya que en sus primeras giras internacionales visitó a algunos de los mandatarios de ultraderecha antes mencionados. Su primer mandato a la ministra de medioambiente (en una puesta en escena televisada a pocas horas de asumir), fue romper las trabas de las regulaciones y los permisos ambientales, ya que retrasan inversiones. Subrayó que en Chile lo importante es el hombre, no la naturaleza, un asunto difícil de entender ya que somos partes de la naturaleza y de los ecosistemas.

Dependemos de ellos para el crecimiento de nuestra economía. Algo elemental. Los cinco frentes principales de daño ambiental Desprecio por la Biodiversidad.

La protección de los ecosistemas se está caricaturizando cada vez con más agresividad como un obstáculo al “crecimiento económico”. Esta visión reduccionista ignora, sin vergüenza, que los servicios de los ecosistemas naturales (por ejemplo: proveer recursos alimentarios, medicinales, regulación del clima, polinización, control de plagas, regulación hídrica, fertilidad del suelo, ciclo de nutrientes) sustentan nuestras economías. La pérdida de la biodiversidad no es solo una tragedia ecológica, sino una amenaza a la seguridad alimentaria y médica mundial.

Frenazo a la Acción Climática. La negación del cambio climático, presentada por los medios de comunicación y los políticos conservadores como “escepticismo sensato”, ha evolucionado hacia un obstruccionismo activo contra políticas de mitigación, adaptación y resiliencia climáticas y, en especial, contra la acción climática global impulsada por el Acuerdo de París. Estos movimientos protegen industrias extractivas obsoletas, ignorando que la transición energética generaría millones de empleos y reduciría dependencias geopolíticas.

Su narrativa está intentando convertir una necesidad científica en una “ideología verde” a la cual atacan con falsedades y fake news, retrasando acciones urgentes en todos los ámbitos con costos humanos y económicos crecientes. Bloqueo a la Transición Energética. Al demonizar las energías renovables y glorificar los combustibles fósiles, los movimientos de ultraderecha condenan a sus países a la obsolescencia tecnológica.

Mientras China y la Unión Europea lideran la revolución energética, las naciones influenciadas por estas narrativas están retrocediendo a la primera mitad del siglo XX, pierden competitividad y se anclan en economías vulnerables a las crisis de las materias primas (commodities). Indiferencia ante la Contaminación por Microplásticos. La resistencia a regulaciones sobre plásticos de un solo uso responde a intereses corporativos inmediatos (industria petroquímica que produce plásticos), ignorando el costo sanitario y ambiental de la contaminación plástica que ya invade nuestros cerebros, cuerpos y ecosistemas.

La desregulación no es libertad, es externalización de costos a la sociedad. Erosión del Multilateralismo Ambiental. El escepticismo hacia acuerdos internacionales como el Acuerdo de París para mitigar el Cambio Climático o la Convención sobre la Diversidad Biológica debilita la arquitectura de cooperación global necesaria para problemas transfronterizos.

Este aislacionismo ambiental perjudica a todos, especialmente a los países más vulnerables. Desprivatizar la Política Ambiental La protección ambiental no debe estar sujeta a intereses corporativos de corto plazo disfrazados de populismo. Observamos un patrón global: centros de estudios (think tanks) financiados por los mismos conglomerados, operando en diferentes continentes, replicando las mismas tácticas de desinformación.

La guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán y sus consecuencias en el Golfo Pérsico y en el mundo entero demuestran que la verdadera soberanía en el siglo XXI residirá en liberarse de las costosas dependencias energéticas asociadas a los combustibles fósiles. Nuestro reto es evidente: construir economías resilientes, basadas en recursos renovables locales. La lucha contra el anti-ambientalismo de la ultraderecha constituye, en esencia, una batalla por la democracia misma: recuperar el interés público del secuestro corporativo.

Otro desafío significativo consiste en construir mayorías informadas que exijan transparencia en estas conexiones tóxicas, con el fin de eliminar la “ceguera conveniente” del poder económico y su anti-ambientalismo. Las políticas públicas para la conservación de la biodiversidad, la justicia climática, el crecimiento económico y desarrollo social son inseparables. El futuro no representa una ideología: es una responsabilidad intergeneracional que no podemos seguir delegando a los intereses de unos pocos.