¿Un regalo para los ricos?

Reducir la tasa de impuesto corporativo, como se ha propuesto en el proyecto de reconstrucción presentado por el gobierno, no es un “regalo para los ricos”, sino una discusión sobre competitividad, crecimiento y, en última instancia, sobre la capacidad del Estado para financiar de forma sostenible su agenda social. Hoy, Chile tiene una tasa de impuesto a las utilidades por sobre el promedio de los países de la OCDE y un sistema particularmente enredado con múltiples regímenes, reglas anti elusión amplias y alta discrecionalidad interpretativa. En un mundo donde el capital es móvil, ese diferencial de tasas, sumado a la complejidad, termina siendo un costo de oportunidad frente a las demás jurisdicciones y se traduce en un desincentivo marginal a la inversión, especialmente en proyectos intensivos en capital y de largo plazo.

“La recaudación sostenible depende menos de ‘exprimir’ una base estática que de hacer crecer esa base en el tiempo”. La experiencia de la última década es por lo demás ilustrativa. Las sucesivas reformas se diseñaron con la promesa de “recaudar más sin afectar el crecimiento”, pero el resultado fue otro: la recaudación efectiva se quedó corta, al tiempo que el clima de inversión se deterioró con menor formación de capital y recortes reiterados en el PIB tendencial.

El cambio permanente de reglas -integración, régimen de atribución, normativa antielusión– elevó la incertidumbre y redujo la disposición a ejecutar nuevos proyectos. Además, la teoría de incidencia tributaria y la evidencia internacional muestran que la carga del impuesto corporativo no la soportan solamente los dueños del capital. En economías abiertas, una parte relevante se traslada a trabajadores (salarios reales más bajos, menos empleo formal) y consumidores (precios más altos), de acuerdo con las elasticidades de oferta y demanda.

Mantener una tasa corporativa por sobre la de países comparables implica, en la práctica, castigar más a la clase media y a los hogares vulnerables que dependen de un mercado laboral dinámico. El punto de fondo es que la recaudación sostenible depende menos de “exprimir” una base estática que de hacer crecer esa base en el tiempo. Un esquema que desincentiva inversión y reduce el crecimiento potencial achica la torta futura y, con ella, el espacio fiscal para sostener derechos sociales de manera creíble.

La pregunta correcta no es si bajar la tasa corporativa favorece o no a los ricos, sino si el diseño actual maximiza la capacidad de la economía para generar ingresos, empleo y tributos en el mediano plazo. Avanzar exige un mix distinto: tasas competitivas internacionalmente, reglas simples y estables, y una estrategia seria de ampliación de base, combate a la evasión y mejora de la calidad del gasto público. En ese contexto, una rebaja calibrada de la tasa corporativa, acompañada de simplificación normativa y fortalecimiento de la institucionalidad fiscal, debe leerse como una política pro crecimiento y pro bienestar, no como una concesión a un segmento estrecho.