“Tsunami” de indicaciones no frena al Gobierno: insiste en votar Ley Miscelánea este jueves

De las más de 1. 500 indicaciones contabilizadas al cierre de la recepción de enmiendas para modificar la Ley Miscelánea –o, como la denomina el Gobierno, de Reconstrucción Nacional y Reactivación Económica–, la presidencia de la Comisión de Hacienda, con el apoyo de la secretaría, inició el proceso de revisión de admisibilidad para elaborar el informe comparado. Este documento, debido al volumen de propuestas, podría alcanzar una extensión cercana a las 3.

800 páginas, un desafío técnico considerando que la “suma urgencia” del proyecto vence este miércoles 13 de mayo. El “comparado” –en jerga legislativa– es un documento técnico de trabajo legislativo de cuatro columnas que permite a los diputados cotejar, artículo por artículo, el texto original con cada indicación y el autor. Este cobró protagonismo inédito debido al “tsunami” de indicaciones.

Unas 50 abordan beneficios sociales, 25 mencionan devolución de IVA, 94 son sobre regionalización y finanzas, 38 acerca de seguridad, 25 de Vivienda, 27 de Economía, 122 respecto a impuestos o tributación, 4 de bonos, 90 relativas a beneficios para empresas, 70 en relación con inversiones, 22 de empleo, 16 sobre minería, 10 en relación con servicios básicos, 111 de medio ambiente. Esas son –según parlamentarios y asesores legislativos– las indicaciones más relevantes de las 1. 536 presentadas hasta ahora.

En la marea de enmiendas, incluso el Gobierno presentó un documento de 80 páginas con 26 indicaciones, aunque con varios incisos, incluyendo artículos sustitutivos que buscan cambios en el proyecto tras escuchar observaciones iniciales de diversas agrupaciones y partidos. No obstante, un número significativo de enmiendas fue descartado antes de iniciar la discusión; los principales motivos de inadmisibilidad registrados fueron errores de forma tan básicos como la falta de firma en los documentos presentados, lo que impidió que diversas iniciativas de distintos sectores lograran ser tramitadas formalmente. A pesar del panorama de alta presión, la programación institucional se mantiene inalterable: se espera que este miércoles la Comisión de Hacienda sesione de forma maratónica “hasta total despacho”, enfrentando el “infierno administrativo” de ordenar el cuadro comparativo de miles de páginas.

El objetivo es que el informe comparativo esté listo para que el jueves la Sala de la Cámara de Diputados vote el proyecto en general. Aquellas indicaciones que sean rechazadas o declaradas inadmisibles en esta etapa -se estima que cerca de 1. 400 de las enmiendas corren ese riesgo por implicar gasto fiscal- aunque podrán ser nuevamente presentadas para una votación definitiva en la Sala el próximo 20 de mayo.

Nudos críticos y polémicas de la jornada La sesión de este martes estuvo marcada por reproches mutuos y nudos legislativos que prometen una semana de alta tensión. Uno de los puntos más polémicos es el artículo sobre Propiedad Intelectual, donde el Gobierno propone un fondo de 5. 000 millones de pesos para compensar a dueños de obras, medida que es resistida incluso por el oficialismo por su costo fiscal.

Asimismo, otro nudo crítico es el procedimiento de votación: el presidente de la comisión, Agustín Romero, decidió dar prioridad a las indicaciones del Ejecutivo. Lo anterior generó molestia en la oposición durante la sesión, ya que si se aprueban primero los textos del Gobierno, muchas indicaciones parlamentarias sobre devolución de IVA o beneficios sociales podrían caer automáticamente por incompatibilidad. Indicaciones de temas económico y el riesgo del déficit La discusión política se cruzó con advertencias técnicas severas sobre la sostenibilidad del proyecto que eran recordadas en la sesión de este martes por sus integrantes.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha valorado la dirección de la reforma hacia la reactivación, pero alertó sobre el alto costo del subsidio al empleo, que estima en 1. 400 millones de dólares anuales, recomendando buscar alternativas más baratas. Por su parte, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) entregó un informe crítico ante la comisión, advirtiendo que, en su estado actual, el proyecto es deficitario.

Según el CFA, el gasto es real y de corto plazo, pero los beneficios dependen de un crecimiento económico futuro que es incierto. El consejo alertó que, sin medidas de financiamiento adicionales, las cuentas fiscales podrían mantenerse en déficit al menos hasta 2031, e incluso proyectarse hasta el año 2050. Ultracorrecciones, guarismos y gramática En otras hay cambios de palabra por otra palabra (cambiar “podrá” por “deberá” o agregar una coma) destinados a procesar cada línea por separado.

Asimismo se estima que cerca de 1. 2oo de las propuestas parlamentarias serían inadmisibles porque proponen gastos o cambios tributarios que solo el Presidente puede autorizar. El “tsunami” legislativo: estrategias y bloques por partido El término “tsunami”, acuñado inicialmente por el diputado Jaime Araya, describe no solo la cantidad de papel ingresado, sino la diversidad de temas que la oposición ha intentado introducir en el corazón del proyecto.

La distribución de estas 1. 536 propuestas revela una fragmentación política donde cada bloque busca dejar su impronta social en la reforma. El Partido Comunista (PC) e Independientes se ha posicionado como la fuerza con mayor despliegue técnico, registrando 170 indicaciones de comité y más de 300 propuestas individuales de sus parlamentarios.

Por ejemplo la diputada Nathalie Castillo presentó 38 enmiendas, la mayoría aborda temas de medio ambiente, educación y reconstrucción (entre ellas propone subir el presupuesto de reconstrucción de 1. 200 a 1. 500 millones de dólares y que Hacienda publique mensualmente en qué se está gastando cada peso del fondo de reconstrucción).

Por su parte, el Partido de la Gente (PDG) ingresó un total de 152 indicaciones, destacando el rol de la diputada Sandra Parisi con 36 enmiendas focalizadas en el alivio al costo de la vida. Otros actores relevantes incluyen a la Democracia Cristiana (DC) y el FRVS, que presentaron un paquete de 102 propuestas; el diputado Jaime Araya con 75 enmiendas personales; el Frente Amplio con 55 y la Bancada Socialista con 50. En contraste, sectores como la UDI presentaron solo dos indicaciones, mientras que Republicanos registró una única propuesta referida a la fiscalización de licencias médicas.

En tanto, RN presentó dos de la diputada Ximena Ossandón, declaradas inadmisibles por ir sin firma. Algunas indicaciones presentadas Mociones opositoras : “Chile merece crecer para todos” Del conjunto de 10 medidas fundamentales fue acordado por los partidos PS, FA, PC, PPD y PL para otorgar una “matriz de protección social” a la ley. Las principales serían las siguientes: Fortalecimiento del Subsidio Unificado al Empleo (SUE): Se busca que los bonos estatales para contratar personas realmente generen nuevos puestos de trabajo y no se utilicen para subsidiar sueldos de empleados que ya estaban en la empresa.

Alivio en Contribuciones: Propone que la clase media no pague impuestos por su vivienda, garantizando que el Estado reponga ese dinero a los municipios para no afectar servicios como plazas o luminarias. Apoyo a la Vivienda: Incluye un subsidio directo al “pie” para la primera casa y el fortalecimiento del FOGAES para financiar hasta el 90% del valor de las propiedades. Devolución del IVA: Reembolso del 19% del impuesto en alimentos esenciales, medicamentos y servicios básicos (luz, agua y gas) para los hogares más vulnerables y de clase media.

Justicia Financiera: Se impulsa el “Chao DICOM” para borrar registros de morosidad antiguos y una tasa fija del 12,5% para que los impuestos de las Pymes no suban bruscamente en el futuro. Regionalización, finanzas y protección al deudor En este ítem se incluyen más de 150 propuestas diseñadas para descentralizar los beneficios y poner límites a los abusos del sistema financiero. Algunas de las mas relevantes incluyen los siguiente: Riqueza Regional: Crea el Fondo Minero Regional, donde el 25% de la recaudación minera se queda en las zonas productoras, y obliga a las grandes empresas que invierten fuera de Santiago a contratar mano de obra y proveedores locales.

Cuentas Claras con el Banco: Prohíbe las “firmas en blanco” en contratos bancarios, obliga a entregar copias de las deudas en 10 días y limita la responsabilidad de quienes sirven de aval, prohibiendo los avales “por siempre”. Control de Combustibles: Busca eliminar la facultad del MEPCO que permite alzas bruscas, volviendo a un tope máximo de $30 de aumento cada 21 días.