Tres virtudes y tres vicios del Gobierno “transformador” de Gabriel Boric

Desde afuera y, sobre todo, desde adentro del Gobierno, sintetizo lo que observé y viví en una administración que no puede personalizarse en Boric ni en la “izquierda” (PC, Frente Amplio), ya que el Socialismo Democrático tuvo poder y protagonismo desde el inicio, con predominio en carteras claves como Hacienda, Secretaría General de la Presidencia, Interior, Cancillería y dos de las principales áreas de inversión: Obras Públicas y Vivienda. Este fue un gobierno transformador, plural y realizador, a pesar de falencias en la construcción de una coalición democrática social y territorial profunda. Estabilizó un país con crisis múltiple: seguridades para la convivencia En 2022 el país enfrentaba inflación galopante, invasión de inmigrantes en la zona norte, naturalización del vandalismo en espacios públicos, violencia y delincuencia al alza, crisis en el sur, caída de la inversión e inseguridad integral.

Más allá de los ultras que no reconocen nada, las cifras son categóricas: inflación hoy bajo el 3% (donde fue clave la política de seguridad alimentaria), crecimiento en torno al promedio continental, recuperación tras leyes y diálogo, presencia militar e inversión en territorios mapuche, a pesar del fracaso constitucional. Se normalizó la vida escolar, los asesinatos bajaron y hubo un rol positivo de instituciones civiles y uniformadas en el proceso. Logró reformas sociales relevantes a pesar del apoyo feble en el Parlamento a la reforma tributaria En coherencia con el ánimo del estallido social —avanzar en reformas inclusivas— la historia larga reconocerá como punto alto de coyuntura social lo logrado con la jornada laboral y la ley Karin para mejorar la vida dentro y fuera del trabajo, la política nacional de cuidados, el pilar solidario de la reforma previsional con mejoras inmediatas y el aumento del salario mínimo hasta convertirse en el mayor de América Latina.

Avanzó en virajes sólidos hacia una economía sustentable, diversa y generadora de empleo formal y de calidad Durante los incendios y luego las megalluvias de 2023 fue capaz de fortalecer la CONAF y la cooperación con las forestales, desplegando 16 ministerios para recuperar la normalidad, otorgar créditos, ayudas y reparar infraestructura y riego. El acuerdo en el litio entre CORFO, CODELCO y SQM es notable en diálogo territorial para crecer y construir la mayor empresa con mayoría pública y expansión, similar a lo logrado por Frei padre con las empresas norteamericanas en la chilenización del cobre. Es un émulo de los modelos de convergencia público-privada que los neoliberales detestan y que, sin embargo, practican los países de mayor dinamismo como Corea del Sur, China o el norte de Europa.

En la misma línea se ubica la estrategia en hidrógeno verde. También se creó una verdadera agencia de supervisión del avance de los permisos en Economía, con una ley que simplifica procesos pero evita volver a la barbarie y la destrucción de entornos, paisajes y comunidades. Hubo más áreas protegidas, seriedad en la evaluación de inversiones y proactividad en proyectos que permitirán bajar el costo de la electricidad sin volver a la carbonización.

A ello se suma la complementariedad comercial con acuerdos con Europa, Asia y la recuperación de vínculos en las Américas, a pesar de la política de Trump. La ecuación entre exportaciones y fortalecimiento del sector interno y del desarrollo endógeno fue clave. En Agricultura se construyeron alianzas con CORFO, Turismo y la mayoría de los gobiernos regionales, además del trabajo con comunidades andinas y mapuche.

La “reforma agraria del riego” hizo crecer en 250% el subsidio a la Agricultura Familiar Campesina en favor de la producción interna, con mayor apoyo a cultivos tradicionales, mercados campesinos, invernaderos e industrialización de cooperativas. Hubo pasos firmes en línea con la FAO y la OCDE para potenciar los patrimonios territoriales vinculados al turismo, la alimentación sana, la proyección cultural y el reconocimiento de nuestra “plurinacionalidad”, que tanto temen los centralistas de todo cuño. Para la puesta en valor de lo territorial fue clave la ley de royalty minero impulsada por los regionalistas, que no solo entregó más recursos al norte y a las comunas populares, sino también a todas las regiones y a 230 municipios con ruralidad.

Lo endógeno se proyecta y se cuida si se aprueba la ley de prevención de incendios y se implementan los recién aprobados Planes Regionales de Ordenamiento Territorial. La sala cuna universal, que sigue en espera, apunta a fortalecer esta habilitante para la inclusión de las mujeres y para superar brechas de empleabilidad. No trabajar una coalición amplia democrática, social y territorial Actores porfiados, envalentonados con la diferenciación respecto de la Concertación y encandilados con el resultado de la primera Convención Constitucional, descuidaron el triángulo obvio para construir mayorías sociales.

Se debió ampliar la coalición hacia la DC y otros grupos de izquierda. Probablemente algunos sectores igualmente se habrían desprendido, pero no se les integró como sí lo practicamos en Agricultura, donde participaron en roles relevantes por su histórico aporte en la reforma agraria y en la gestión silvoagropecuaria. Lo mismo debió cuidarse con los humanistas (Pamela Jiles terminó sin apoyar la reforma tributaria).

La dispersión discursiva de actores diversos se notó en la Convención Constitucional y en la falta de ese bloque social amplio. También tuvieron responsabilidad organizaciones sindicales y sociales que nunca firmaron una carta común ni realizaron una movilización pacífica para exigir la reforma tributaria. En muchas reuniones utilicé el concepto del “niño dañado” de Lacan: quieren todo y critican al gobierno —pasar a planta, mejorar sueldos, recibir subsidios, ganar la Constitución— pero, en estricto rigor, expandían malestar y no se movilizaron en la coyuntura crítica.

En lo amplio incluyo el sector seguridad, que una parte de la izquierda asocia a la dictadura y olvida el aporte histórico de policías y militares en la construcción de leyes sociales, de Carabineros y del desarrollo austral con Ibáñez. Lo mismo ocurre con las iglesias y su aporte social, que es innegable. Aunque se tengan opiniones distintas sobre temas como el aborto, hay un ejército de pastores, curas y monjas que trabajan en cárceles y con inmigrantes, en un país donde la agenda de rehabilitación e integración sigue siendo débil.

Predominio presidencialista, comité político y centralismo Ese estilo, propio de una coalición fuerte, llevó a la tontera de que renunciara Jackson por acusaciones falsas, cuando fue categórico contra toda corrupción, e incluso a la pataleta comunicacional contra la exministra Vega por sugerir diálogo con la CAM, cuando el propio exministro Alfredo Moreno, de Piñera, reconocía haberse reunido varias veces con “el Negro Llaitul” para buscar acuerdos. Además, fueron canceladas decenas de actividades de ministerios sectoriales por el predominio del comité político, la vocería central y La Moneda. Desde un punto de vista pro partidos, parlamentarista y federalista, es categórico: no se cuidó por parte de los partidos grandes a los medianos y pequeños, no se eliminó la figura del delegado presidencial regional —que debiera fusionarse con Interior y Seguridad— y no hubo traspaso relevante de competencias ni alianzas fuertes con los gobiernos regionales.

Las universidades regionales, claves para la innovación y el desarrollo territorial, quedaron relegadas en la agenda central. Timidez comunicacional El gobierno toleró la música de la ultraderecha, sus ejércitos de bots e incluso por meses los insultos cotidianos de Pancho Malo frente a La Moneda, en una sinfonía que se respondía con corrección, pero sin pasión ni claridad para contrarrestar la constelación de banalidad del mal y las mentiras. Hasta los medios alternativos o progresistas quedaron en segunda línea.

Además, cuando algunos “deslenguados” íbamos de frente apelando a la corresponsabilidad, se nos corregía con frases complejas y un lenguaje enredado. Lejos, fue el gobierno con menos escándalos en cantidad y gravedad —no quiero hacer el prontuario que conozco desde 1990 a 2026— porque hubo una posición categórica frente a la corrupción. Y los datos muestran que lo probado y condenado por la justicia está asociado principalmente a abogados, empresarios y municipios de derecha.

Pero el gobierno quedó a medio camino en controlar licencias, abusos en los PMG y en reducir los megasueldos en el sistema de empresas públicas. Fue un buen gobierno, incompleto por la falta de una coalición amplia —responsabilidad de múltiples actores—, pero que trabajó con amor por Chile y por los ideales de equidad. La libertad la tienen secuestrada otros que aman el autoritarismo, y la fraternidad probablemente será clave con miras a 2030.