Tras desalojo de enero, obras de calle Miraflores aún no comienzan y escombros y basura permanecen en el sector

A más de tres meses del desalojo y demolición de viviendas ocurrido el pasado 5 de enero en el sector final del barrio 18 de Septiembre, la situación en el lugar dista de mostrar avances concretos. Pese a que en su momento la medida fue presentada como el primer paso para la extensión de la calle Miraflores y su conexión con Abate Molina, actualmente los escombros permanecen prácticamente intactos, evidenciando una paralización de facto en el inicio de las obras. El operativo, que afectó a seis familias -entre ellas cinco niños y una adulta mayor-, se desarrolló bajo la gestión del entonces seremi de Vivienda y Urbanismo, Marco Uribe Saldivia, y generó cuestionamientos desde su ejecución.

Aunque el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Magallanes sostuvo que los ocupantes habían sido notificados con antelación sobre su situación irregular, y que incluso se evaluaron alternativas de apoyo social, el proceso dejó en evidencia tensiones entre el cumplimiento normativo y el resguardo de derechos básicos. La entrega de terrenos a la constructora no ha tenido avances visibles en el sitio. El proyecto de extensión de calle Miraflores, financiado con 1.

479 millones de pesos del FNDR, considera 320 metros de intervención con mejoras viales y urbanas, y forma parte de un plan mayor junto a calle Ovejero, que suma una inversión total de 3. 892 millones de pesos. Sin embargo, con el cambio de autoridades y la llegada del nuevo seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Guajardo, surgen nuevas interrogantes respecto a la continuidad y priorización del proyecto.

La iniciativa, impulsada originalmente en el marco del Plan de Ciudades Justas, prometía mejorar significativamente la conectividad del sector. Hoy, en cambio, el escenario refleja un contraste evidente entre la planificación y la ejecución. La permanencia de los escombros no sólo tensiona la credibilidad institucional por parte de la ciudadanía, sino que también reabre el debate sobre los costos sociales y sanitarios de este tipo de intervenciones urbanas.

Mientras el proyecto sigue sin materializarse, el terreno intervenido permanece como un recordatorio visible de un proceso inconcluso, donde las promesas de desarrollo aún no logran traducirse en mejoras concretas.