Tras audiencia en Tribunal Ambiental, comunidades acusan incumplimiento total del plan ambiental de Pascua Lama

Comunidades del Valle de Huasco denuncian incumplimiento total del plan ambiental de Pascua Lama y piden rechazar su modificación Como un proceso marcado por retrasos, contradicciones y daños adicionales al ecosistema calificaron comunidades del Valle del Huasco la reciente audiencia del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, donde se revisaron avances y cambios al acuerdo por daño ambiental del proyecto Pascua Lama. Según el comunicado emitido por la Asamblea por el Agua del Guasco Alto, el acuerdo original —relativo al “Plan de Restauración y Puesta en Valor del ecosistema altoandino”— no logró cumplir su objetivo principal tras cinco años de ejecución. “El Acuerdo respecto del Plan de Restauración de Vegas (…) ya no se cumplió”, sostienen.

El proceso judicial aborda la afectación de extensas áreas de azorella madrepórica y vegas altoandinas, ecosistemas altamente sensibles. La medida central consistía en restaurar una vega intervenida, mediante la recuperación de sus condiciones hídricas y biológicas, además de ensayos de trasplante de especies. Sin embargo, las comunidades —que participan como terceros coadyuvantes desde 2019— cuestionaron desde el inicio la viabilidad del plan.

Criticaron la elección del sitio de restauración, una vega previamente impactada por un aluvión y utilizada por la empresa como zona de acopio, lo que, a su juicio, hacía “casi imposible” recuperar su funcionalidad ecológica. A ello se sumó la preocupación por la extracción de miles de muestras vegetales desde vegas sanas para ser reubicadas en un entorno sin garantías de recuperación, lo que —advierten— generó nuevas pérdidas de biodiversidad. Estas objeciones fueron presentadas en instancias judiciales, aunque sin éxito en el fondo.

Durante la audiencia más reciente, se expuso una propuesta de modificación al acuerdo, que contempla extender el plan por dos años adicionales. No obstante, las comunidades denunciaron que esta prórroga se habría implementado de facto desde 2024, sin autorización del tribunal y fuera del plazo original, que concluía en septiembre de 2025. En ese sentido, calificaron la propuesta como “inoportuna” y señalaron que busca justificar el incumplimiento con argumentos conocidos desde el inicio del proceso.

Entre ellos, la supuesta falta de antecedentes sobre la existencia de una vega en el área intervenida, lo que —afirman— contradice los fundamentos con que se aprobó el plan. Asimismo, sostienen que las modificaciones no constituyen simples ajustes, sino cambios sustantivos que alteran objetivos, eliminan acciones comprometidas y reducen las exigencias de cumplimiento. “Es evidente que (…) estamos ante un plan (…) que no se cumplió”, indican, acusando un intento de “adaptar los resultados para aparentar logros”.

Otro punto crítico es el cambio de enfoque hacia la elaboración de un estudio como resultado final, en lugar de la restauración efectiva del ecosistema. Para las comunidades, esto desvirtúa el propósito original del acuerdo, ya que “si no hay éxito, no hay protocolo viable”. Durante la audiencia, los propios magistrados manifestaron dudas sobre la efectividad de las nuevas metas.

Se cuestionó si los indicadores propuestos —como niveles de humedad del suelo— garantizan la funcionalidad ecológica, así como la incertidumbre respecto a una eventual recuperación a largo plazo. Además, se confirmó que la principal medida del plan —la restauración hídrica— no se cumplió, alcanzando solo un 50% de avance, mientras el resto de las acciones presenta evaluaciones dispares entre la empresa y el Consejo de Defensa del Estado. Las comunidades también denunciaron impactos adicionales generados durante la ejecución del plan, incluyendo rellenos con material contaminante, intervenciones sobre vegas sanas y extracción de vegetación con técnicas que no respetaron los protocolos comprometidos, provocando “estrés, riesgo y amenaza” al ecosistema.

En esa línea, rechazaron nuevas intervenciones propuestas, como la rebaja del suelo, advirtiendo que agravan el daño. “No queremos más intervención e impactos, ya ha sido suficiente”, señalan, enfatizando que estos ecosistemas son “únicos e irremplazables”. Finalmente, solicitaron formalmente al tribunal rechazar en todas sus partes la propuesta de modificación del acuerdo, argumentando que vulnera el principio de indemnidad ambiental y no reconoce el fracaso del plan original.

“La única forma de resguardar este patrimonio (…) es no permitir su destrucción”, concluye el comunicado, que llama a declarar el incumplimiento del plan y a fortalecer la protección de las vegas altoandinas como ecosistemas clave frente al cambio climático.