Tohá acusa al gobierno de “distorsionar” cifras de seguridad: “Hay un deber de rigor y transparencia”

La exministra del Interior Carolina Tohá criticó duramente al gobierno por el uso de cifras de seguridad pública durante un seminario organizado por La Tercera y la CAF, acusando una presentación “distorsionada” de la evolución de los delitos violentos en el país. A través de una carta enviada al diario, titulada “Los datos importan”, Tohá cuestionó que el Ejecutivo comparara cifras entre 2021 y 2025 para sostener un fuerte aumento de delitos como homicidios, secuestros, extorsiones y robos violentos. Según la exsecretaria de Estado, utilizar 2021 como base de comparación resulta técnicamente incorrecto debido a que ese año estuvo marcado por las restricciones sanitarias y cuarentenas derivadas de la pandemia de Covid-19, contexto que provocó una caída excepcional de los delitos.

“Al omitir este criterio el gobierno optó conscientemente por transmitir una imagen distorsionada de la evolución de los delitos”, afirmó Tohá en la publicación. La exministra sostuvo que, si bien existen problemas reales en materia de seguridad, varios delitos han mostrado descensos en los últimos años. En esa línea, indicó que la tasa de homicidios alcanzó su punto más alto en 2022 y luego comenzó a disminuir, mientras que delitos como secuestros y robos con violencia también habrían retrocedido recientemente.

Respecto a las extorsiones, Tohá recordó que en 2023 se modificó la tipificación legal del delito, ampliando sus hipótesis, lo que —a su juicio— obliga a interpretar las cifras con mayor cautela. La exautoridad acusó además que “acomodar los datos” para reforzar posiciones políticas afecta la calidad del debate público y puede derivar en diagnósticos erróneos y estrategias ineficaces en seguridad. “Las autoridades tienen derecho a promover su mirada política de los problemas, pero no pueden acomodar los datos de la realidad para hacerlos coincidir con sus opiniones”, señaló.

Finalmente, Tohá llamó a los medios de comunicación, la academia y la sociedad civil a ejercer un “escrutinio riguroso” sobre las cifras entregadas por las autoridades, independientemente del sector político al que pertenezcan.