Tierras raras, la desregulación de Kast y el patriotismo minero

Las tierras raras (REE) son el nuevo epicentro del poder que las potencias se disputan gramo a gramo. Estos elementos críticos para la defensa y la transición energética son objeto de debate en Chile, porque sigue siendo abordado por el gobierno con una aparente ingenuidad, que es peligrosa. La propuesta del Presidente Kast, mimetizada con el extractivismo de la administración Trump, es una claudicación estratégica que utiliza un blindaje constitucional que, tras dos fracasos constituyentes, nos dejó en una vulnerabilidad absoluta.

Resulta irónico que la derecha chilena, tan presta a reivindicar el legado de la dictadura, ignore el pragmatismo soberano de su propio referente. Fue el Decreto Ley 2886 de 1979 –promulgado por Augusto Pinochet– el que blindó al litio como recurso no concesible, por exigirlo el interés nacional. Aquel patriota que tanto alaba la retórica conservadora del oficialismo pinochetista, entendió que había sustancias demasiado estratégicas para dejarlas al arbitrio de tribunales civiles.

Hoy, Kast propone exactamente lo contrario y es la promesa de desregulación sustantiva, que busca mantener a las tierras raras bajo el régimen ordinario de concesión judicial. Es el nacionalismo de las banderas y una visión que prefiere entregar el patrimonio al primer postor, antes que fortalecer la capacidad de planificación dentro de la soberanía de la nación. El nudo está en el Artículo 19 N° 24 de nuestra Constitución.

Tras el colapso de las últimas reformas constitucionales, este estatuto de propiedad ha quedado como una estructura inamovible. En Chile, la propiedad sobre la concesión minera es un derecho real protegido con un rigor casi fanático. Cualquier intento estatal por intervenir un yacimiento ya entregado activa la garantía expropiatoria más onerosa, que es la obligación de indemnizar el daño patrimonial efectivo.

Esto no es el valor de la inversión, sino el valor de mercado del yacimiento proyectado. En las REE, esto es una bomba de tiempo fiscal. Si permitimos que se otorguen concesiones judiciales automáticas hoy, como pretende el gobierno de Kast, firmamos un contrato de entrega perpetua.

El Estado no tendrá presupuesto para recuperarlos a precio total de mercado y pago efectivo, si mañana el interés nacional así lo exige. Lo que se entrega bajo este régimen, se pierde para siempre. La solución pragmática es declarar a las REE como mineral estratégico, moviéndolas al régimen de Contratos Especiales de Operación (CEOL).

Además, es imperativo cerrar el vacío legal del Royalty 2023, que al estar indexado al cobre, deja a las tierras raras en un limbo tributario. Una política seria debe exigir un componente Ad Valorem robusto sobre las ventas brutas. No podemos aceptar impuestos que dependan sólo de utilidades netas, las cuales las multinacionales suelen licuar mediante ingeniería contable.

El Estado debe cobrar asegurando renta inmediata. Finalmente, el discurso contra la vulgarmente llamada permisología, no es más que un intento de desmantelar el estándar ambiental. Las REE chilenas están en arcillas superficiales y su extracción implica remover volúmenes masivos en zonas de alta sensibilidad hídrica.

Sin licencia social y ambiental, no hay seguridad jurídica que valga. La judicialización es la única respuesta lógica de las comunidades ante un Estado que dimite de su rol fiscalizador. La soberanía no se defiende con consignas, sino con regulación técnica y voluntad política.

El Artículo 19 N° 24 no puede ser el pretexto para la inacción, debe ser el marco para negociar desde la fuerza de la soberanía. Es hora de que el derecho minero entregue también herramientas para concebir el status estratégico del mineral en un contexto de inteligencia geopolítica global. Es vital velar por nuestros intereses por sobre cualquier potencia que fabricará armas a partir de nuestros recursos naturales y de destruir nuestro medioambiente.