Subtel propone que PDI pueda solicitar información de direcciones IP cuando hay sospecha de delitos
A eso de las 17:30 se dio comienzo a la sesión programada para este martes en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados, a la que fue invitada la subsecretaria de Telecomunicaciones (Subtel), Romina Garrido. En ella, se discutió el proyecto de ley presentado por la diputada Chiara Barchiesi que –entre otras cosas– busca que se mejore el traspaso de información de las direcciones de IP (explicado, en sencillo, como conjuntos de datos que hoy funcionan como ‘direcciones postales’, entre usuarios que entran a internet y el lugar de donde sacan la información que navegan) por parte de las empresas de telecomunicaciones hacia las policías del país. Esto, con el objetivo de perseguir el abuso sexual infantil en Chile.
¿Qué propone? Modificar la Ley General de Telecomunicaciones y crear la obligación para que compañías prestadoras de servicios creen IP diferente para cada cliente. “Necesitamos que la PDI tenga la dirección exacta del pedófilo al que queremos perseguir (...
) Porque no puede ser que Claro entregue inmediatamente la información; Movistar exija que el Ministerio Público se pronuncie al respecto; y WOM no haga absolutamente nada”, alegó Barchiesi. Al respecto, Garrido dijo compartir las preocupaciones planteadas, pues van alineadas con la agenda de seguridad del gobierno, “pero también como entidad técnica tenemos que garantizar la operación y la conectividad de las personas en nuestro rol como Subsecretaría de Telecomunicaciones”. Acto seguido, tras analizar la materia, expuso algunos riesgos que ven en crear IP “fijas”.
“Obligaría básicamente a desmantelar esta arquitectura bajo la cual funciona Internet”, planteó, lo que complicaría a empresas de telecomunicaciones para entregar la información exacta de los domicilios. Además, detectó que hoy los ciberdelincuentes podrían evitar la medida usando otras tecnologías como VPN y que asignar un IP fijo podría significar poner en “una situación de vulnerabilidad a los usuarios”. Para hacer más eficaz la comunicación con empresas de telecomunicaciones, dijo que la solución “va más por habilitar que sean las policías las que puedan solicitar esta información o uniformar las solicitudes de las direcciones IP, más que en alterar la infraestructura con la que funciona Internet a través de una IP fija”.
Sobre posibles colisiones de la medida con la Ley de Protección de Datos, Garrido adelantó que como subsecretaría “vamos a tener una normativa que va a entrar en vigencia este año en diciembre”. La titular de la Subtel afirmó que están abiertos a seguir trabajando en la medida y que “sería muy valioso” que la comisión pudiera también escuchar a la PDI “para poder entender dónde podrían estar las trabas administrativas y (... ) seguir trabajando junto con las compañías de telecomunicaciones”.
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