Subsidios al transporte: La billetera para Santiago y las migajas para las regiones

Es una historia que se repite con la regularidad de un reloj suizo, pero con el sabor amargo de la injusticia territorial. Esta semana, el país recibió la noticia de que el sistema RED en Santiago mantendrá sus tarifas congeladas hasta diciembre. ¿La respuesta para el resto de Chile?

Una vaga promesa de 'recursos' que, con suerte, llegarán a mediados de abril. Una vez más, quienes vivimos en regiones nos quedamos esperando en el paradero mientras el bus del centralismo nos pasa por el frente sin detenerse. La molestia no es gratuita.

El anuncio del Ministro de Transportes, Louis de Grange, sobre una inyección de recursos para mitigar el alza de los combustibles en regiones, llega tarde y bajo presión. Es inaceptable que la solución para la capital sea automática y estructural, mientras que para el norte y el sur dependamos de 'etapas legales' y de una burocracia que parece avanzar a pedales. Lo que resulta más indignante es el intento inicial del Gobierno de lavarse las manos.

La Asociación de Gobernadores Regionales (Agorechi), liderada por Alejandro Santana, tuvo que plantarse con firmeza para frenar una movida impresentable: el Ejecutivo pretendía que fueran los Gobiernos Regionales quienes administraran y financiaran este subsidio con los famosos 'fondos espejo'. Es el colmo de la desfachatez centralista. Los fondos espejo existen, por definición, para igualar la cancha, no para que las regiones paguen con su propio presupuesto de inversión (ese que debería ir a consultorios o pavimentación) las alzas que el Estado central decide cubrirle a Santiago con una billetera distinta.

Los gobernadores tuvieron que recordarles lo obvio: no es competencia regional, ni existe la capacidad administrativa para gestionar un subsidio que es responsabilidad directa del Ministerio de Transportes. Al final, tras una 'conversación franca' —un eufemismo diplomático para una pelea necesaria—, el Gobierno de José Antonio Kast tuvo que retroceder y aceptar que el Ministerio de Transportes asuma el costo. Pero el daño simbólico ya está hecho.

La señal es clara: para el santiaguino, la tarifa se congela hoy; para el regional, el alivio llegará en tres semanas (si la burocracia lo permite) y solo después de que sus autoridades locales salieran a golpear la mesa. No podemos seguir siendo el patio trasero de la política pública. No es justo que un trabajador en Puerto Montt, en Arica o en Concepción deba absorber un alza inmediata en su presupuesto diario mientras se tramitan reglamentos en oficinas de Teatinos.

Si el combustible sube para todos, la protección del Estado debe ser para todos al mismo tiempo. Basta de tratarnos como ciudadanos de segunda clase que deben mendigar por lo que en Santiago se da por sentado.