Soledad Teixidó: “El desafío de seguridad es reflejo de la fractura social que hoy vivimos”

La seguridad dejó de ser solo una preocupación ciudadana, policial o electoral. También se metió de lleno en la agenda empresarial. Un informe de Clapes UC estima que la delincuencia y la inseguridad representan un costo económico para Chile equivalente a entre 2,4% y 2,6% del PIB anual, lo que representa aproximadamente 9 mil millones de dólares anuales.

Ese fue el foco de la conversación con Soledad Teixidó, fundadora de PROhumana, en un nuevo capítulo de La Mesa, donde abordó las principales conclusiones de la Mesa Redonda “Seguridad Empresarial”, instancia que reunió a líderes de empresas y organizaciones de sectores como minería, banca, alimentos, energía, retail, telecomunicaciones, salud laboral y gremios. La tesis de fondo es incómoda para el mundo privado: la inseguridad ya no puede ser leída como un factor externo al negocio. Para Teixidó, “la seguridad, o la necesidad de generar un ambiente seguro para todo el entorno de la empresa, está como uno de los riesgos claves de hacer empresa.

Por lo tanto, no es algo externo: es algo que tiene que estar en la discusión de los directorios”. El punto no es menor. Según contó, incluso a las propias empresas les costó asumir la magnitud del tema.

“El tema de seguridad apareció, pero a la hora de convocarlo nos costó un año y medio lograr hacer la mesa, porque la empresa no lograba comprender lo que ellos mismos habían propuesto”. La conversación cruzó varios planos: rentabilidad, continuidad operacional, trabajadores, comunidades, territorios complejos, rol del Estado y límites éticos del sector privado. Para Teixidó, una de las claves es entender que la seguridad no se reduce al delito.

“La fractura social que hoy día vivimos en nuestro país es mucho más profunda; la seguridad es una expresión de ella, como otros hechos que ocurren”, afirmó. Desde esa mirada, reforzar guardias, cámaras o protocolos puede ser necesario, pero no suficiente. Teixidó señaló que el informe planteó que las empresas deben mirar el problema desde los territorios donde operan.

“Hay que ver el conflicto con la territorialidad y su pertinencia. La complejidad de dónde ellos están insertos: no es lo mismo una zona en el norte que la Octava o Novena Región, o la Patagonia”, explicó. Esa dimensión territorial abre una tensión delicada.

Muchas empresas operan en zonas donde el Estado llega tarde, mal o simplemente no tiene capacidad de respuesta suficiente. Teixidó lo graficó así: “Uno de los temas que aparece es la extensión de los espacios donde ocurre el delito y donde el Estado, o los distintos estamentos del Estado que deberían apoyar a dar seguridad, a veces no tienen la capacidad de reacción”. Pero ahí aparece el límite.

La empresa puede articular, colaborar, invertir y levantar alertas, pero no reemplazar al Estado. “Es súper importante que no confundamos: la empresa no viene a suplantar al Estado”, advirtió. Ese balance, dijo, se vuelve cada vez más complejo por las exigencias de compliance, las necesidades de las comunidades y la presión sobre compañías que muchas veces tienen más capacidad de ejecución que las instituciones públicas locales.

En ese contexto, Teixidó sostuvo que la empresa tiene un peso público inevitable: “La empresa, quiera o no, tiene un rol político en la sociedad. A pesar de que no es una función de la empresa, finalmente influye”. Para Teixidó, el diagnóstico todavía está en construcción.

El mundo empresarial ha avanzado, pero falta profundidad. “El tema de la seguridad y lo que significa para el negocio es un tema que no tiene la profundidad que debería tener en la discusión a nivel empresarial”, sostuvo.