Social Arquitectura responde al Minvu: Poduje "ha ignorado los antecedentes técnicos que él mismo ha solicitado"

El Ministerio de Vivienda (Minvu) rechazó una querella presentada por EP Social Arquitectura en el marco de la reconstrucción del sector El Olivar en Viña del Mar (tras el megaincendio de 2024), y su abogada, Érika Maira, respondió. En concreto, la acción judicial denunciaba una falsificación de instrumentos públicos, coacción y fraude al Fisco, y apuntaba directamente al ministro de la cartera, Iván Poduje. El Minvu en tanto, reafirmó que "todas las decisiones adoptadas en el marco de la reconstrucción post incendio en el sector El Olivar, en Viña del Mar, han sido tomadas sobre la base de antecedentes técnicos objetivos, la normativa vigente y el deber legal de resguardar los recursos públicos y, especialmente, la seguridad de las familias damnificadas".

También, señaló que los informes técnicos elaborados por los Fiscalizadores Técnicos de Obra (FTO) del Serviu de Valparaíso corresponden a "actos emitidos por organismos regionales técnicamente competentes". En ese sentido, descartó cualquier falsificación y precisaron que, "en caso de existir eventuales errores administrativos, estos deben ser revisados por las instancias regionales correspondientes". En la misma línea, el Ministerio desechó la existencia de coacción, sosteniendo que "las actuaciones del Ministerio y de los Serviu se enmarcan en el ejercicio de atribuciones legalmente establecidas, y el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, ha ejercido su rol de supervigilancia conforme a la normativa vigente, frente a situaciones técnicas que así lo requerían".

Al respaldo del secretario de Estado salió la subsecretaria de la cartera, Natalia Aguilar, quien señaló que "el ejercicio legítimo de una potestad pública no constituye coacción. El ministro ha actuado dentro de sus atribuciones, con responsabilidad y con el objetivo de asegurar que las viviendas que se entreguen a las familias cumplan con los estándares técnicos y de seguridad que corresponden". Tras ello, y en primer lugar, Maira señaló que "el ministro ha manifestado públicamente en diversas ocasiones su intención de demoler las viviendas, pese a que el informe del Idiem plantea claramente que las soluciones corresponden a reforzamientos que son perfectamente factibles de realizar".

La abogada remarcó que las casas no se habían terminado de construir ni se habían entregado, por lo que la entidad hubiese podido finalizar con las observaciones "que son perfectamente posibles de plantear y son comunes en los contratos de construcción". "Para nosotros es llamativo, entonces, que el ministro reiteradamente ha ignorado los antecedentes técnicos que él mismo ha solicitado y que no refrendan su posición", agregó. Por otro lado, acusó que de manera "arbitraria" Social Arquitectura fue sacada de otros 22 proyectos que "no tenían ningún cuestionamiento", e incluso donde en algunos casos se estaba "a punto de entregar viviendas a las familias".

"Los tribunales de justicia determinaron que no era posible cobrar las boletas de garantía en la causa donde hemos demandado al Minvu por las acciones del ministro, pues no hay evidencia de incumplimiento de los contratos, en particular en los de El Olivar. En un Estado de Derecho, corresponde que el ministro cumpla las instrucciones de los tribunales. Nosotros, por nuestra parte, seguiremos con las acciones judiciales que tienen como único propósito hacer valer la ley, los contratos vigentes y los antecedentes técnicos que son de público conocimiento", complementó.

Finalmente, dijo que "nos llama muchísimo la atención el comunicado de la subsecretaria de Vivienda y Urbanismo que, con mucha certeza, justifica y avala los antecedentes que habrían tenido a la vista para dictar estas resoluciones relativas a la paralización de obras de El Olivar y a la revocación de los contratos que sustentaban dichas obras por nuestra parte y la constructora San Sebastián, porque eso se contradice ampliamente con la solicitud de aumento de plazo para informar en el recurso protección que plantea el ministro para adicionar 8 días hábiles más, en relación a su posibilidad o el tiempo que requiere para informar". "La gran certeza que el ministro ha demostrado en todos los ámbitos donde ha hablado de este tema y que ahora es refrendada por la subsecretaria en cuanto a la solidez técnica de sus decisiones, a nosotros nos queda refutada entonces con que hoy día requiera 16 días hábiles para informarle a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, sobre una decisión que tomó hace 38 días y que debió, por supuesto, haber sido tomada, suponemos, con todos los antecedentes de hecho y de derecho que se requieren para tomar una decisión tan gravosa, respecto de la paralización de obras de vivienda social", terminó.