Simplificación tributaria para las PYME

Treinta y cinco regímenes tributarios distintos enfrentan las PYME en Chile, lo que dificulta el cumplimiento de tales obligaciones para un sector que concentra el 98% de las empresas del país y genera cerca del 50% del empleo. El escenario que han ido dibujando las ocho últimas reformas tributarias no solo se ha traducido en mayores exigencias operativas y regulatorias, sino también en un aumento de la informalidad, tanto de trabajadores como de empresas del sector, marco en el que diversos gremios han comenzado a plantear la necesidad de avanzar hacia condiciones que permitan un entorno tributario más simple y coherente con la capacidad operativa del sector. Hasta ahora, el debate sobre la reforma tributaria que el gobierno incluirá en el proyecto de reconstrucción nacional se ha concentrado en la reducción del impuesto corporativo para grandes firmas, desde 27% a 23%, junto con su gradualidad.

Y aunque el beneficio transitorio de 15% de subsidio al empleo para las PYME ha sido valorado por el sector, ya que inyectaría liquidez a un segmento intensivo en mano de obra y particularmente vulnerable a la informalidad, su impacto dependerá de que se inserte en un marco normativo más estable y predecible, que permita proyectar decisiones de inversión y contratación. “La inestabilidad de la tributación aplicable a las PYME ha dificultado la planificación financiera del sector”. En este contexto, uno de los mayores obstáculos de las PYME es la arquitectura tributaria, cuyo entramado es difícil de administrar incluso para contribuyentes sofisticados.

Para las grandes empresas, con capacidad instalada en asesoría legal y contable, esta complejidad es absorbible. Para las PYME, en cambio, se traduce en mayores costos de cumplimiento, menor foco en la actividad productiva y crecientes riesgos regulatorios. A las falencias en complejidad normativa se suma la necesidad de fortalecer la relación entre la administración tributaria y los contribuyentes, con el fin de equilibrar obligaciones y derechos, y fortalecer la confianza en el sistema, un activo central para mejorar el cumplimiento voluntario y la base de recaudación de largo plazo.

Por otro lado, la inestabilidad de la tributación aplicable a las PYME ha dificultado la planificación financiera del sector y ha desalentado la inversión. La proyección de un aumento gradual de la tasa pro PYME hasta 25%, en paralelo a una reducción de la tasa para grandes empresas genera señales contradictorias desde el punto de vista de la política económica. En ese contexto, establecer una tasa permanente y competitiva permitiría reducir la incertidumbre y alinear incentivos con los objetivos de crecimiento económico y formalización.

A ello se suma la falta de integración total del sistema de renta para más de 100 mil pequeñas y medianas empresas que operan bajo el régimen general de grandes firmas, lo que generando inequidades horizontales y regresividad. Corregir estas distorsiones daría mayor coherencia. Avanzar en medidas que amplíen la base de contribuyentes con criterios de simplificación y eficiencia administrativa contribuiría, así, tanto a ordenar el sistema, como a fortalecer una recaudación sostenible en el tiempo.