Servicio de Reinserción Social Juvenil evaluará impacto de su nuevo modelo de intervención
La iniciativa adjudicada por DIPRES permitirá medir los efectos reales del sistema de reinserción juvenil implementado bajo la Ley 21. 527, fortaleciendo la toma de decisiones y el desarrollo de políticas públicas basadas en evidencia. El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil se adjudicó el Fondo de Evaluación de Impacto 2025 de la Dirección de Presupuestos, instrumento que financiará un estudio especializado destinado a evaluar los resultados y efectos del nuevo modelo de intervención implementado por la institución en el marco de la Ley N° 21.
527. La iniciativa seleccionada corresponde a una de las cuatro propuestas aprobadas a nivel nacional y busca generar evidencia concreta respecto de la efectividad de las estrategias de reinserción social dirigidas a adolescentes y jóvenes en conflicto con la justicia. El estudio, denominado “Evaluación de Impacto del Servicio de Reinserción Social Juvenil: Diseño DDD (de triple diferencia) con Emparejamiento Joven-Adulto y Adopción Escalonada”, fue desarrollado por los investigadores Catalina Droppelman, Micaela Sviatschi y Andrés Hojman, quienes trabajarán en la medición del impacto de la nueva institucionalidad sobre los procesos de reinserción social juvenil.
La evaluación permitirá analizar de manera rigurosa los efectos de las intervenciones realizadas por el Servicio en adolescentes y jóvenes sujetos a medidas o sanciones bajo la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, identificando qué resultados pueden atribuirse directamente al modelo implementado y cuáles son los factores que contribuyen de manera más significativa a la disminución de trayectorias delictivas y al desarrollo de procesos de cambio sostenibles. El proyecto considera el análisis de más de una década de microdatos y utilizará metodologías avanzadas para comparar resultados entre distintos grupos y regiones del país, aprovechando la implementación progresiva del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil a nivel nacional. Para el investigador Andrés Hojman, economista, magíster en Economía de la Universidad de Chile y académico de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile, esta evaluación permitirá responder preguntas fundamentales para el diseño de políticas públicas.
“La evaluación de impacto del Servicio permitirá determinar si el nuevo modelo de intervención y la mayor disponibilidad de dispositivos de apoyo para los jóvenes son realmente efectivos. La población atendida por el Servicio es de gran relevancia para la política pública y vale la pena realizar inversiones importantes para frenar las trayectorias delictivas y favorecer la reinserción social, siempre que dichas inversiones generen los impactos esperados”, sostuvo. Asimismo, explicó que la investigación permitirá analizar el comportamiento de distintas variables relacionadas con reincidencia, acceso a programas de apoyo y evolución de los procesos de intervención, entregando información valiosa para fortalecer futuras decisiones institucionales.
Por su parte, la directora nacional del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, Rocío Faúndez, destacó la relevancia de esta adjudicación para el fortalecimiento de la nueva institucionalidad. “Por primera vez podremos contar con una evaluación de impacto rigurosa que nos permitirá medir, con evidencia concreta, los resultados de una reforma estructural clave para el país, como es la implementación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil”, señaló. La autoridad agregó que el estudio entregará información relevante para perfeccionar las estrategias de intervención, optimizar recursos públicos y proyectar mejoras continuas en la oferta programática dirigida a jóvenes y adolescentes.
Este avance se suma al proceso de implementación progresiva que el Servicio ha desarrollado en distintas regiones del país, consolidando una política pública orientada a fortalecer la reinserción social juvenil desde un enfoque técnico, especializado y basado en evidencia. La adjudicación del Fondo de Evaluación de Impacto 2025 representa así un paso significativo en la consolidación de mecanismos modernos de evaluación estatal, promoviendo mayores estándares de transparencia, eficiencia y mejora continua en el diseño de programas dirigidos a la juventud y la seguridad pública.
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