Senadores de Ñuble se dividen ante reforma que busca eliminar indultos presidenciales

La discusión sobre la eliminación de los indultos presidenciales volvió a instalarse en el Congreso, tras la presentación de una reforma constitucional impulsada por el senador Vlado Mirosevic (PL), que busca suprimir esta atribución del Presidente de la República. La iniciativa, actualmente en la comisión de Constitución del Senado, ha generado posiciones contrapuestas entre los representantes de Ñuble. La propuesta apunta a modificar el artículo 32 N°14 de la Constitución, eliminando la facultad presidencial de conceder indultos particulares, una atribución históricamente vinculada al Poder Ejecutivo, y que ha sido objeto de crecientes cuestionamientos políticos e institucionales.

Distintas visiones Desde la oposición, la senadora Loreto Carvajal (PPD) manifestó un respaldo explícito a la reforma, argumentando que la figura del indulto genera tensiones con el principio de independencia judicial. “La figura de los indultos presidenciales a condenados por los Tribunales de Justicia es una norma que es una señal confusa para el principio democrático de respeto a la independencia de los Tribunales de Justicia”, sostuvo. La parlamentaria agregó que se trata de “una práctica que ha empezado a ser fuertemente cuestionada por la sociedad, e incluso la actual presidenta de la Corte Suprema cuestionó esa facultad”.

En esa línea, reafirmó su apoyo a la iniciativa señalando que “como senadora respaldaré esta reforma que apunta a eliminar la facultad presidencial de indultar, porque eso ayuda al combate contra el crimen organizado”, manifestó. Carvajal también advirtió sobre el impacto político de mantener esta atribución. “Dar señales de debilitamiento de la decisión de los tribunales es una mala decisión política y espero que el Presidente Kast no indulte a personas condenadas por nuestro sistema judicial”, sostuvo.

En contraste, el senador Gustavo Sanhueza (UDI) defendió la permanencia del indulto como una herramienta excepcional dentro del ordenamiento institucional. “El indulto es una facultad muy excepcional, conferida a una persona, en este caso el Presidente de la República, para proceder conforme a razones estrictamente humanitarias”, afirmó. Sanhueza enfatizó que esta atribución no altera el fondo de las decisiones judiciales.

“En ningún caso el indulto borra la sentencia judicial, en el marco de la separación de poderes”. Asimismo, reconoció la legitimidad del debate, aunque cuestionó los fundamentos de quienes impulsan su eliminación. “Considero que es una discusión legítima mantener o no esta facultad, sin embargo quienes abogan por eliminarla esgrimen razones más bien históricas e ideológicas”, indicó.

El legislador también descartó alternativas intermedias, como la creación de un órgano colegiado para decidir indultos. “No me parece muy lógico este último camino, ya que este nuevo órgano se podría percibir como un tribunal superior a la estructura judicial que tenemos en Chile, y los indultos no cambian fallos, son en esencia medidas excepcionales”, explicó. Finalmente, Sanhueza reafirmó su postura personal.

“Considero que el indulto es una institución que se debe mantener, bajo la lógica de ser muy excepcional y con un fin estrictamente humanitario”, precisó.