Seis de siete detenidos fueron formalizados por conducción en estado de ebriedad

Transportista escolar marcó 2,2 g/l en alcotest y juez evitó suspender su licencia. El Juzgado de Garantía de Punta Arenas enfrentó ayer una jornada marcada por la alta incidencia de delitos contra la Ley de Tránsito. De las siete personas que pasaron a control de detención, seis fueron formalizadas por conducir bajo los efectos del alcohol, una situación que el fiscal Fernando Dobson describió como una tónica recurrente durante los fines de semana en la zona.

Según explicó el persecutor, el incremento en estas detenciones responde a una mayor fiscalización vehicular y a una postura institucional firme: en Magallanes, a diferencia de otras zonas del país, estos imputados no son simplemente apercibidos, sino que pasan directamente a audiencias de formalización para solicitar medidas cautelares inmediatas. Uno de los puntos que más llamó la atención del Ministerio Público fue que la mayoría de los infractores no solo circulaba en estado de ebriedad, sino que lo hacía sin haber obtenido nunca una licencia de conducir. Entre los casos más graves destacó el de José Raúl Muñoz Caipillán, quien fue sindicado como el autor de un accidente que involucró a una camioneta de seguridad municipal y daños a la señalética tras intentar evadir un control en el sector norte.

Muñoz no solo se negó de forma injustificada a realizarse el examen de alcoholemia, sino que además registró antecedentes previos, por lo que el tribunal decretó su arraigo nacional y la suspensión provisoria de su licencia. La imprudencia al volante también quedó de manifiesto en el caso de David Parra Hernández, un conductor que, con 1,11 gramos de alcohol por litro en la sangre y sin licencia, colisionó a un vehículo que prestaba servicios como Uber. El impacto dejó a una pasajera con lesiones y, según el relato fiscal, el imputado huyó del lugar sin prestar auxilio.

En una línea similar de peligrosidad, Rodrigo Veli Torralbo fue retenido por civiles en un servicentro Copec mientras conducía un vehículo con neumáticos pinchados y sin espejo retrovisor, arrojando un resultado de 2,02 g/l en la prueba respiratoria. El nivel de intoxicación más alto de la jornada lo registró Milton Benítez, con 2,1 g/l. Durante su audiencia, surgió una controversia cuando la defensa intentó evitar la suspensión de su licencia argumentando que el imputado se desempeña como transportista escolar.

Sin embargo, el fiscal Dobson aclaró posteriormente que Benítez no cuenta con la habilitación profesional para dicha labor, tratándose aparentemente de una actividad informal. Pese a la solicitud de la fiscalía, el magistrado Franco Reyes Pozo no acogió la suspensión de su licencia en esta etapa para no afectar su fuente laboral. Finalmente, la jornada incluyó las formalizaciones de Enrique Antonio Paredes (1,57 g/l) y Daniel Arismendi Navarro (1,07 g/l), ambos sorprendidos sin la licencia de conducir correspondiente y quedando bajo la medida de arraigo nacional.

El único caso ajeno a la Ley de Tránsito fue el de Alan Maldonado Márquez, detenido por el hurto de especies en un supermercado. Dada su falta de antecedentes, Maldonado accedió a una suspensión condicional del procedimiento, comprometiéndose a fijar domicilio y realizar un aporte económico de 60 mil pesos a una institución de beneficencia para evitar una condena penal.