Seguridad en colegios: Cámara aprueba aumentar agravantes penales pese a rechazo de la oposición

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes el proyecto de ley que modifica el Código Penal para incorporar nuevas agravantes en delitos cometidos contra la comunidad educativa y al interior de recintos educacionales, iniciativa que forma parte del plan del Ejecutivo denominado "Escuelas Protegidas". La propuesta fue despachada al Senado para su segundo trámite constitucional con 81 votos a favor, 49 en contra y 12 abstenciones. En paralelo, el resto del proyecto continúa su tramitación en la comisión de Educación del Senado, donde se discute durante esta jornada hasta total despacho.

La diputada Paz Charpentier (Republicanos) valoró la aprobación, señalando que "el proyecto que votamos hoy día va en la dirección correcta, porque establece una agravante a través de nuestro Código Penal para sancionar con una mayor gravedad aquellos hechos que pueden incluso ser o no delitos, pero que revisten una gravedad tal que es necesario que se condenen con una mayor profundidad. La escuela debe ser un lugar seguro para que los estudiantes aprendan, los profesores enseñen y las familias puedan tener tranquilidad y mejorar sus condiciones y posibilidades de real progreso social y económico en nuestro país". No obstante, advirtió que "esto no es suficiente.

Tenemos que también pensar desde el Congreso Nacional alternativas que permitan hacer responsables a los padres frente a las situaciones de agresiones y violencia al exterior de los establecimientos educacionales". Desde la vereda contraria, la diputada Carolina Cucumides (PS) cuestionó la iniciativa, afirmando que "este proyecto tiene falencias técnicas insalvables. Las agravantes propuestas para adolescentes tienen un impacto mínimo en la determinación de la pena.

Propone sancionar conductas que ya están tipificadas, generando una burocracia judicial que no protege más a la víctima". Asimismo, agregó que "lo agravante por amenazas intenta aplicarse sobre una base inexistente en el articulado, lo que lo hace inaplicable en la práctica. Si queremos resolver el tema de verdad, necesitamos un Estado con la decisión de intervenir antes de que el joven caiga en el flagelo delictual.

Necesitamos una reforma que entregue herramientas de contención y convivencia, no solo castigo post-crisis". Finalmente, concluyó que "Chile no necesita más señales simbólicas".