Seguir la ruta del dinero: ¿tiene el sistema las capacidades?

El proyecto de ley que crea el Subsistema de Inteligencia Económica lleva casi tres años de tramitación en el Congreso. Durante ese tiempo, la discusión pública ha estado marcada por una controversia específica: el levantamiento del secreto bancario y las facultades de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para acceder a información financiera. Sin embargo, el foco en esta disputa ha tendido a ocultar un problema más profundo: las capacidades reales del Estado chileno para producir inteligencia financiera útil en la lucha contra el crimen organizado.

La iniciativa busca fortalecer la capacidad estatal para seguir la ruta del dinero mediante un subsistema que articule el trabajo de la UAF, el Servicio de Impuestos Internos y el Servicio Nacional de Aduanas. La lógica detrás de esta reforma es ampliamente aceptada, y es que las organizaciones criminales dependen de circuitos financieros que les permitan lavar e insertar en la economía formal los recursos que generan. Perseguir el dinero permite reconstruir redes, identificar estructuras y desarticular organizaciones completas.

En ese sentido, fortalecer la inteligencia económica del Estado resulta necesario frente a la creciente complejidad de los fenómenos criminales. El problema es que el debate legislativo se ha concentrado casi exclusivamente en una dimensión del proyecto, si la UAF debería poder acceder a información bancaria sin autorización judicial previa en ciertos casos. Aunque la discusión sobre garantías constitucionales es legítima, ha eclipsado una pregunta más relevante: ¿el sistema institucional chileno está realmente preparado para procesar y utilizar de manera efectiva la información financiera que ya produce?

En los últimos años, el sistema de prevención del lavado de activos en Chile ha experimentado una expansión normativa considerable. Se han incorporado nuevos sectores regulados y mayores obligaciones de reporte, generando grandes volúmenes de información financiera. La propia UAF ya enfrenta una alta carga de información, por lo que ampliar sus funciones sin fortalecer sus capacidades podría saturarla.

Sin embargo, más información no necesariamente significa más inteligencia. El desafío central no es solo acceder a datos, sino transformarlos en análisis estratégico capaz de detectar patrones asociados al crimen organizado. Esto requiere capacidades analíticas, interoperabilidad institucional y equipos especializados.

El proyecto abre una oportunidad relevante al intentar mejorar la coordinación entre instituciones que ya producen información económica clave. Sin embargo, la creación de nuevas instancias de coordinación no garantiza por sí sola mejores resultados. Sin inversión en capital humano, capacidades tecnológicas y mecanismos claros de intercambio de información, el riesgo es que el subsistema agregue nuevas capas institucionales sin ampliar sustantivamente las capacidades del Estado.

Más allá de las diferencias políticas, fortalecer la inteligencia financiera del Estado es una condición básica para enfrentar economías criminales cada vez más complejas. La pregunta ya no es solo si el sistema necesita más herramientas legales, sino si el Estado está preparado para convertir información en inteligencia. Porque, en la lucha contra el crimen organizado, seguir la ruta del dinero depende no solo de la ley, sino de las capacidades institucionales para utilizarla.