Responder tarde también es responder mejor

Hay declaraciones que invitan a reaccionar de inmediato. Otras, en cambio, exigen algo más difícil: pensar. Las recientes declaraciones de la senadora Vanessa Kaiser sobre eliminar el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y reemplazarlo por una lógica “neutral” o por un eventual ministerio “de los hombres”, pertenece a este segundo grupo.

No porque sean irrelevantes, sino precisamente porque tocan un punto estructural del debate público: cómo entendemos la desigualdad real entre hombres y mujeres. Quizás convenga recordar aquí a Sor Juana Inés de la Cruz, quien escribió: “No estudio para saber más, sino para ignorar menos”. En tiempos de respuestas instantáneas, detenerse a pensar no es debilidad: es responsabilidad.

El argumento de que un ministerio dedicado a las mujeres sería innecesario, o incluso discriminatorio, parece a primera vista una defensa de la igualdad. Sin embargo, confunde dos planos distintos: la igualdad formal y la igualdad real. La primera supone que todas y todos somos tratados de la misma manera; la segunda reconoce que no partimos desde las mismas condiciones.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género no surge como un privilegio sectorial, sino como una herramienta institucional para enfrentar desigualdades persistentes. Su propia creación responde a una constatación histórica: las mujeres han enfrentado barreras sistemáticas en el acceso a derechos, participación y seguridad. No es una hipótesis ideológica, sino un hecho documentado y sostenido en políticas públicas.

La ley que crea este ministerio establece que su función es diseñar, coordinar y evaluar políticas destinadas a promover la equidad de género y eliminar la discriminación arbitraria. No se trata de un órgano simbólico, sino de uno articulador, encargado de transversalizar un enfoque que, de otro modo, tiende a diluirse en la estructura del Estado. Cabe suponer que una Senadora de la República conoce esta normativa.

Primero, porque la ley se presume conocida por todas y todos; y segundo, por la responsabilidad inherente a su cargo. Plantear que debería existir un ministerio de los hombres como contrapeso ignora precisamente esa asimetría. No se trata de que los hombres no enfrenten problemas, por supuesto que los enfrentan, sino de que esos problemas no derivan de una posición estructural de desventaja por su condición de género.

Equiparar ambas situaciones puede sonar equilibrado, pero en la práctica invisibiliza la desigualdad que se busca corregir. El feminismo, entendido como un campo político y social, ha contribuido precisamente a identificar estas diferencias como parte de un sistema más amplio de organización social. Desde ahí, la institucionalidad no es un capricho, sino una respuesta acumulada a décadas de evidencia, movilización y construcción democrática.

Eliminar el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género bajo el argumento de una supuesta neutralidad no elimina la desigualdad; simplemente la deja sin una institucionalidad que la aborde de manera específica. Y la historia muestra que, cuando los problemas estructurales se tratan como si fueran individuales o neutros, tienden a perpetuarse. Por eso, más que apresurarse en desmontar instituciones, el desafío es evaluarlas, mejorarlas y exigirles resultados.

La discusión relevante no es si debe existir, sino cómo cumple mejor su función. Responder tarde, entonces, no es esquivar el debate. Es asumirlo con la seriedad que merece.

Porque, cuando se trata de igualdad, las simplificaciones suelen ser cómodas, pero rara vez son justas.