Repatriar sí, pero con conciencia de riesgo

El reciente anuncio del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sobre una nueva repatriación de capitales en el marco del Plan de Reconstrucción, vuelve a poner sobre la mesa una herramienta que Chile ya utilizó tras la reforma tributaria de 2014 y nuevamente en 2024. Precisamente por esa recurrencia, conviene mirar esta discusión no solo desde la lógica económica o tributaria, sino también desde los riesgos que exige gestionar en materia de prevención del lavado de activos. La repatriación de capitales es una herramienta legítima, pero no puede abordarse en blanco y negro.

En ciertos contextos, puede ayudar a regularizar situaciones excepcionales o facilitar el retorno de activos al circuito formal; sin embargo, desde la prevención del lavado de activos, la pregunta de fondo no es solo cuántos recursos ingresan a la economía, sino cuál es su origen, cómo se obtuvieron y quién está realmente detrás. En estos términos, regularizar no puede ser lo mismo que legitimar. “Esto no es solo un tema tributario.

Es un tema de sistema, que no busca frenar el crecimiento, la inversión o el desarrollo, sino protegerlos”. Una discusión seria no debiera agotarse en la conveniencia económica de esta herramienta, sino preguntarse con qué conciencia de riesgo se diseña y aplica. Porque una cosa es resolver una contingencia tributaria y otra muy distinta es despejar el origen de los fondos.

Y en esto, los estándares internacionales son bastante claros: el Grupo de Acción Financiera (GAFI) ha advertido que los programas de amnistía tributaria o repatriación de activos no pueden debilitar las medidas antilavado. Al contrario, deben convivir con debida diligencia robusta, identificación del beneficiario final y medidas razonables para comprender el origen de los activos. Esto no es solo un tema tributario.

Es un tema de sistema, que no busca frenar el crecimiento, la inversión o el desarrollo, sino protegerlos. Cuando el crimen organizado logra permear instituciones, mercados y circuitos económicos con dinero de origen ilícito, lo que se degrada no es solo la confianza, sino que se distorsiona además la competencia, se alteran los incentivos, se contaminan decisiones y se erosiona la legitimidad del Estado. El dinero mal habido que ingresa a la economía no solo circula, también busca influir.

En este marco, es clave analizar esta discusión en conjunto con el impulso al proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, cuya lógica busca fortalecer la capacidad del Estado para seguir la ruta del dinero, cruzar información, levantar alertas y comprender estructuras patrimoniales complejas asociadas al crimen organizado. No son conversaciones separadas, sino parte del mismo esfuerzo institucional. Chile necesita crecimiento, pero también requiere instituciones capaces de distinguir con claridad entre capital legítimo y patrimonio ilícito.

Visto así, la repatriación de capitales no debiera entenderse solo como una herramienta económica. También pone a prueba la madurez institucional del Estado y su capacidad para facilitar mecanismos excepcionales sin debilitar los estándares de prevención del lavado de activos. Porque en esta materia el origen de los fondos sigue importando.

Y la confianza, también.