Relatos de fusilamientos y entierros: el informe que sitúa fosa clandestina de la dictadura en Macul
Entre basura, pozos de áridos y terrenos semirrurales, el exvertedero de Macul, en la región Metropolitana, podría esconder parte de una de las historias más oscuras de la represión tras el golpe de Estado de 1973. Un informe elaborado por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia propone que ese lugar, ubicado cerca de la intersección de avenida Departamental con Macul, fue utilizado para inhumar clandestinamente cuerpos de víctimas de violaciones a los derechos humanos entre septiembre de 1973 e inicios de 1974. El documento —titulado Informe de investigación y delimitación de zona de interés: Ex vertedero de Macul— reúne testimonios, antecedentes judiciales, análisis territorial y reconstrucciones cartográficas para delimitar una zona donde podrían existir restos humanos enterrados hace más de medio siglo.
“El ex vertedero (…) habría sido utilizado para inhumar clandestinamente a personas potencialmente víctimas de graves violaciones a los derechos humanos”, señala en su introducción el informe. El documento —visto por BioBioChile— está hoy en poder de la ministra en visita Paola Plaza, a cargo de la causa que investiga inhumaciones clandestinas de víctimas de la dictadura en ese sector. En sus manos también está la decisión de ordenar las pericias sugeridas por el programa.
El exvertedero de Macul: un basural entre poblaciones En septiembre de 1973 el lugar funcionaba como vertedero municipal administrado por la Municipalidad de Ñuñoa. Se trataba de un espacio amplio, delimitado entre el Zanjón de la Aguada y avenida Departamental, rodeado de campamentos y poblaciones surgidas de tomas de terreno, como Lomas de Macul o la entonces toma Unidad Popular. Antes de convertirse en basural, parte del terreno había sido usado para la extracción de áridos, lo que dejó grandes cavidades en el suelo.
Con el tiempo, esos hoyos fueron rellenados con basura, creando un paisaje irregular y profundo. Es justamente esa geografía la que hoy vuelve relevante el lugar para una investigación forense. El informe sobre el exvertedero de Macul fue elaborado por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en un trabajo que tomó cerca de dos años, en el marco de una investigación judicial destinada a identificar posibles sitios de inhumación clandestina vinculados a violaciones de derechos humanos ocurridas tras el golpe de Estado de 1973.
Según pudo conocer BioBioChile, en el lugar se encontrarían los restos de un indeterminado número de víctimas de la dictadura militar de las cuales hasta hoy no se tiene información sobre su paradero. El trabajo reunió análisis documental, revisión de causas judiciales, testimonios de testigos y un estudio territorial y geoespacial para delimitar zonas de interés dentro del antiguo vertedero donde podrían encontrarse restos humanos. Lee también...
¿Qué pasó antes de morir? : la nueva arista judicial por horas finales de frentistas Pellegrin y Magni Miércoles 18 Marzo, 2026 | 18:40 Testimonios: los camiones que llegaban con cuerpos La parte más sensible del informe está en los testimonios de vecinos que aseguran haber visto cuerpos arrojados al vertedero. Se trata de 50 declaraciones, que corresponden a 25 personas.
11 de ellas fueron consideradas de alto grado de relevancia para la investigación. Uno de los relatos corresponde a un residente del sector que tenía 13 años en septiembre de 1973. Según su declaración judicial, R.
F. recordaba haber presenciado la llegada de un vehículo desde el cual bajaron varios cuerpos: “Llegó un vehículo y bajó unos cuerpos, unas personas, eran seis o siete aproximadamente, y los tiraron a un hoyo porque era un basural y de allí pasó una pala mecánica y le tiró más basura y taparon los cuerpos”, relató. Otro testimonio describe una escena similar, pero esta vez con presencia militar.
Según ese relato de G. G. L.
M, camiones del Ejército ingresaron al vertedero y comenzaron a arrojar cuerpos durante septiembre de 1973: “…Alumbraban con sus luces y bajaban por los caminos que había en dicha fosa, para luego escuchar disparos de ráfagas de armas, pudiendo ver que dejaban los cuerpos de los ejecutados en bolsas de plástico de color negro (…) Esta situación de llegar los camiones, que siempre eran dos, ejecutar víctimas y dejarlas en bolsas ocurrió todas las noches hasta el mes de octubre de dicho año, cuando los militares dejaron de llegar al foso arenero y este comenzó a ser usado inmediatamente como vertedero”. Un tercer testimonio, el de M. F.
B. A, agrega que los cuerpos eran arrojados desnudos al vertedero. Muchos de ellos, con impactos balísticos: “Vimos que comenzaron a llegar varios camiones militares junto a su personal uniformado, quienes comenzaron a descargar una gran cantidad de cuerpos de distintas edades y sexo, quienes presentaban diversos impactos de fusil (…) Dichos cadáveres se encontraban completamente desnudos y de esa misma forma fueron arrojados en el vertedero, el cual mantenía una gran profundidad en ese momento”.
La versión entregada por M. F. B.
A con el testimonio de R. A. R.
C quien para el momento de los hechos tenía 11 años y vivía a unos 200 metros del área de interés: “Dos camiones militares llegaron por la Avenida Departamental, entraron al basural, bajaron y descendieron de éstos alrededor de 10 o 15 detenidos con sus manos atrás, los formaron y los ametrallaron ahí mismo. (…) No pude distinguir si los detenidos eran hombres o mujeres, pero sí tengo claro que esas personas llegaron vivas y fueron fusiladas en dicho lugar. Terminando este fusilamiento, dos máquinas bulldozer que se encontraban ahí comenzaron a arrastrar tierra tapando los cuerpos y pasando por encima de éstos para aplanar el lugar, por lo que al otro día la gente pasaba y no veía nada, solo que las máquinas estaban detenidas.
” Las escenas, según los relatos recogidos, se repetían. Los antecedentes recabados por los investigadores son “múltiples, convergentes y consistentes” respecto de varias situaciones, como la presencia de acciones represivas de militares y carabineros en el sector; el ingreso frecuente de camiones y vehículos de las Fuerzas Armadas; el uso de maquinaria pesada para remover tierra y basura, y la posible inhumación clandestina de numerosos cadáveres. Los relatos también sugieren que algunos cuerpos habrían sido trasladados desde otros lugares tras ser ejecutados, mientras que otros podrían haber sido asesinados en las cercanías.
Sitio de interés Las víctimas: pobladores y trabajadores El trabajo investigativo vincula el sitio con posibles víctimas de desaparición forzada. Y es que varios relatos coinciden en que durante los meses posteriores al 11 de septiembre de 1973 camiones y vehículos militares ingresaban al vertedero para arrojar cuerpos que luego eran cubiertos con basura y tierra mediante maquinaria pesada. A ello se suman registros de víctimas ejecutadas o encontradas en las cercanías en ese mismo período.
Esto, refuerza la hipótesis de que el lugar pudo haber sido utilizado para ocultar restos de personas detenidas, ejecutadas o desaparecidas durante la represión inicial de la dictadura. En muchos casos, se trataba de trabajadores informales o pobladores de barrios populares, algunos sin militancia política conocida. Algunas víctimas incluso habían sido catalogadas como personas con antecedentes policiales, lo que —según el informe— podría explicar por qué fueron blanco de acciones represivas.
“Algunas posibles víctimas recogidas en la vía pública y enterradas en el vertedero de Av. Departamental o abandonadas en las afueras podrían provenir de los estadios Chile y Nacional, que funcionaron como centros de detención masivos en las primeras semanas de represión política. Se registran pocos casos comprobados de muertes al interior de esos estadios, ya que lo habitual era, en el caso del Estadio Nacional, llevar a los detenidos para fusilarlos en otras partes y abandonar sus cadáveres en la vía pública”, sugiere el documento.
Pericias propuestas El informe fue entregado en febrero de este año a la ministra en visita Paola Plaza. Con ello, el Programa de Derechos Humanos propuso una serie de pericias en el terreno para verificar la posible existencia de restos humanos. Entre ellas, plantea efectuar estudios geofísicos y prospecciones del subsuelo para detectar alteraciones compatibles con inhumaciones.
En caso de hallarse indicios, sugieren avanzar posteriormente con sondajes y excavaciones arqueológicas y forenses controladas en los puntos de mayor probabilidad identificados por el estudio. Se trata de un trabajo en terreno considerado de alto riesgo dadas las características del lugar y el uso que se le dio. En total, el área considerada de prioridad alta o muy alta alcanza 0,75 hectáreas, con posibles enterramientos entre 10 y 25 metros de profundidad.
Sin embago, uno de los obstáculos actuales es que el terreno ya no pertenece al Estado. Según el informe, el área corresponde a un predio que hoy es propiedad de Tanner Leasing S. A.
, parte de los terrenos del antiguo fundo San Luis de Macul. Por lo mismo, cualquier búsqueda —comentan fuentes de BBCL— requerirá coordinaciones judiciales y administrativas. Para la Agrupación de DDHH y sitios de Memoria de Macul —que reune a vecinos de la zona que buscan la verdad sobre lo que ocurrió en el lugar— la necesidad de concretar las pericias es una urgencia.
“Nuestra esperanza es esa”, dice su presidenta, Christine Kachadourian , a este medio, porque el informe “confirma lo que venimos diciendo hace años. Por los testimonios, sabemos que allí hay cuerpos. No sabemos quiénes son, pero allí están.
” Lee también... Organismos de DDHH repudian retiro del Plan Nacional de Derechos Humanos desde Contraloría Viernes 20 Marzo, 2026 | 23:01 Una investigación abierta La elaboración del informe se vincula con una causa judicial iniciada en 2022 que investiga posibles inhumaciones clandestinas en el sector, a cargo de la ministra Plaza. En esa investigación hay testimonios recopilados desde la década de 1990, cuando familiares de detenidos desaparecidos comenzaron a señalar el exvertedero de Macul como un posible sitio de enterramientos.
Hoy, más de 50 años después del golpe de Estado, esos relatos vuelven a cobrar fuerza con los nuevos antecedentes recopilados. Si las excavaciones finalmente se realizan —decisión que debe tomar Plaza y ejecutar el MOP—, el antiguo basural donde alguna vez se arrojaron desechos de la ciudad, podría convertirse en un nuevo sitio clave para esclarecer el destino de víctimas de la dictadura.
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