Relatora ONU advierte que indultos a policías del estallido en Chile sería una "burla a las víctimas"

La relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Gina Romero, advirtió que la posibilidad de que el nuevo Gobierno de Chile otorgue indultos a funcionarios de seguridad condenados por violaciones a los derechos humanos durante el estallido social de 2019 podría constituir “un acto de impunidad”. En conversación con BioBioChile, la experta afirmó que el país aún tiene deudas relevantes en materia de justicia y reparación para las víctimas, y que eventuales medidas de gracia podrían agravar ese escenario. “El avance es muy incompleto.

Si bien reconozco esfuerzos importantes, como la formalización de altos mandos de Carabineros —un hecho inédito en la región—, el avance general es insuficiente”, señaló a este medio. A juicio de la relatora, la situación actual es especialmente preocupante debido a la baja cantidad de condenas registradas en comparación con el número de denuncias por abusos ocurridos durante las manifestaciones. “La persistencia de la impunidad es alarmante: muy pocas condenas y ahora se anuncian indultos que profundizan la impunidad.

Además, la reparación no ha sido integral y sigue siendo incompleta”, sostuvo. Lee también... El primer indultado por Kast sería militar que dio muerte a Romario Veloz durante el estallido social Viernes 13 Marzo, 2026 | 12:06 “Un mensaje de burla a las víctimas” Consultada por el impacto institucional que tendría una decisión de este tipo, Gina Romero advirtió que el mensaje que se transmite sería negativo tanto para las víctimas como para la institucionalidad democrática.

“Son varios mensajes muy desafortunados. El primero es un mensaje de burla a las víctimas y al derecho internacional de los derechos humanos”, afirmó. Según explicó, la eventual concesión de indultos también podría afectar la confianza pública en las instituciones del Estado.

“El segundo mensaje, a la sociedad entera, es de permisividad; que no importa violar derechos humanos. Esto socava la confianza en las instituciones democráticas”, dijo. La relatora añadió que la medida incluso podría impactar los procesos internos de reforma policial.

“El tercer mensaje es para Carabineros como institución que se ha esforzado por hacer transformaciones vitales para que su acción sea garante de los derechos humanos. Los indultos son contraproducentes para esos procesos de reforma”, indicó. Lee también...

Indultos: Rabat insiste en revisión "caso a caso", mientras PPD propone quitar facultad al presidente Lunes 23 Marzo, 2026 | 08:41 Relatora ONU por indultos: “Un acto de impunidad de facto” La experta insistió en que, desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, este tipo de medidas no deberían utilizarse para eximir de responsabilidad a quienes hayan cometido abusos graves. “Especialmente aquellas que pueden constituir tortura o tratos crueles… El derecho internacional es claro”, afirmó. En ese contexto, subrayó que conceder indultos en un escenario donde ya existen pocas condenas podría profundizar el problema.

“Dado el bajísimo porcentaje de condenas logradas, indultar al pequeño número de oficiales que sí fueron hallados responsables constituye un acto de impunidad de facto”, dijo. “Esta acción anula el derecho de las víctimas a la justicia y la verdad. Es una burla a las víctimas y a las responsabilidades internacionales del Estado chileno”, agregó.

Lee también... Kaiser: "Den gracias que no llegué a la presidencia porque indulto a todos los viejos de Punta Peuco" Miércoles 18 Marzo, 2026 | 12:21 Llamado al Ejecutivo Finalmente, Romero hizo un llamado directo al Ejecutivo chileno a desistir de cualquier medida de este tipo y a fortalecer los mecanismos de justicia y reparación. “Mi llamado urgente al Ejecutivo es a desistir de cualquier medida de indulto para funcionarios condenados por violaciones de derechos humanos y a respetar la independencia y las decisiones del sistema judicial”, señaló.

A su juicio, el Estado debe priorizar la reparación a las víctimas y avanzar en transformaciones institucionales que garanticen la no repetición de estos hechos. “Es imperativo que el Gobierno abandone narrativas estigmatizantes sobre la protesta y se comprometa con una reforma policial profunda que garantice que la fuerza pública sea una defensora, y no una amenaza, para el derecho a la reunión pacífica”, concluyó.