Refuerzan coordinación para enfrentar delitos en zonas rurales

A partir de lo expresado por la Sociedad Agrícola del Norte, en cuanto a que la delincuencia rural es un nuevo factor que se suma a la crisis agrícola, autoridades regionales y locales abordaron el fenómeno, entregando su diagnóstico y las acciones que se encuentran en desarrollo para enfrentar este tipo de delitos en la provincia del Limarí. El escenario, que ya venía marcado por la escasez hídrica y el aumento de costos de producción, incorpora ahora la preocupación por robos en sectores rurales, particularmente en predios agrícolas, lo que ha motivado una mayor coordinación entre organismos públicos y policías. Delitos impactan directamente a productoresDesde la delegación presidencial, su titular, Víctor Pino Fuentes, reconoció que este tipo de delitos ha evolucionado en su alcance, afectando de manera directa al sector agrícola.

“Sabemos que el robo de cables se ha extendido al ámbito privado, afectando directamente a predios agrícolas y a sus propietarios”, señaló, agregando que se trata de una problemática que no solo genera pérdidas materiales, sino que también impacta en las fuentes laborales vinculadas a la actividad. En esa línea, explicó que el abordaje se ha estructurado a través de la mesa regional de robo de cables, instancia en la que participan autoridades y policías, y que permitirá evaluar en terreno, en su próxima sesión en el Limarí, el avance de las medidas implementadas. El trabajo, según detalló la autoridad, se ha centrado en la coordinación con las policías, con el objetivo de contener este tipo de ilícitos que afectan tanto infraestructura como el funcionamiento de los predios.

Si bien no se detallaron cifras específicas, desde el nivel regional se reconoce que la evolución del delito hacia el ámbito productivo ha obligado a ajustar las estrategias, incorporando un foco más claro en zonas rurales y en la protección de actividades económicas. Vigilancia y detección de vehículos sospechososDesde el nivel comunal, la alcaldesa de Río Hurtado, Carmen Juana Olivares, confirmó que estos delitos son una preocupación permanente, especialmente en sectores donde se concentran predios agrícolas de mayor tamaño. En cuanto a las medidas, detalló que el municipio ha optado por reforzar la vigilancia mediante sistemas de cámaras, lo que ha permitido avanzar en la detección de vehículos sospechosos y en la entrega de antecedentes a Carabineros.

“Esto nos permite hacer un rastreo de los vehículos y aportar imágenes a Carabineros, lo que ha dado resultados tanto en predios como en sectores residenciales”, explicó. No obstante, advirtió que el fenómeno mantiene características preocupantes, particularmente por la presencia de personas que ingresan a la comuna con el objetivo de cometer delitos. Presión adicionalEl avance de este tipo de delitos se produce en paralelo a un escenario hídrico complejo para la región.

El gobernador regional, Cristóbal Juliá, advirtió que, de no registrarse precipitaciones durante el presente año, la provincia podría enfrentar un escenario de racionamiento para el consumo humano en la ciudad de Ovalle. Según explicó, existe un convenio que permite asegurar cerca de 8 millones de metros cúbicos de agua en caso de que continúe el descenso del embalse La Paloma, lo que garantizaría abastecimiento por aproximadamente un año. Sin embargo, advirtió que este margen es limitado y obliga a anticipar medidas si no se registran lluvias.

Ajustar el focoDe esta forma, la delincuencia rural comienza a consolidarse como un factor que incide directamente en la actividad agrícola, no solo por las pérdidas asociadas, sino también por el impacto en la continuidad de los procesos productivos. Si bien las autoridades se destacan acciones en curso, el desafío estará en traducir estas coordinaciones en resultados concretos en el territorio, en un contexto donde la seguridad en zonas rurales se suma a una serie de factores que ya mantienen en tensión al agro en el Limarí.