Reformalizan a Luis Hermosilla por fraude tributario: SII acusa perjuicio fiscal de $800 millones

El abogado Luis Hermosilla fue reformalizado este lunes por el Ministerio Público ante eventuales delitos tributarios en carácter de reiterado y que habría generado un perjuicio fiscal de 800 millones de pesos a 2026. Esto luego de una querella criminal presentada por el Servicio de Impuestos Internos en contra del cuestionado abogado, donde se le acusa de perjudicar en $551 millones (800 millones actualizados) a las arcas fiscales durante los periodos 2018 y 2019. "Atendida la información que se contaba en la carpeta de sus cuentas corrientes, impuestos internos, presentó una nueva querella por delitos ocurridos en los períodos tributarios 2018-2019.

Son dineros que no pagaron los impuestos a la renta, que en este caso es el global complementario, porque una persona que está sujeta a ese impuesto", explicó el fiscal de Alta Complejidad, Juan Pablo Araya. Según sus registros bancarios presentes en la carpeta investigativa del Caso Audios, Hermosilla en 2018 poseía ingresos de $471 millones, de los cuales declaró $211 millones, acusa Fiscalía. Mientras que en 2019 tenía $532 millones, declarando 306 millones.

Al respecto, Luis Hermosilla afirmó que el SII "está cometiendo un grave error. Se imputa que todo aquello que ingresa a mis cuentas es renta, y no necesariamente es así. Ahí hay préstamos, hay dineros de terceros, hay deudas que yo he asumido.

En mis 50 años como contribuyente, nunca he recibido una citación de SII, nunca he recibido un cuestionamiento. "Yo creo que en su momento la Fiscalía pidió al Servicio de Impuestos Internos, para fortalecer la causa, que introdujera una querella de este tipo. Es decir, hay un cierto modus operandi que aquí uno lo ve en muchas causas", agregó Hermosilla, quien calificó esta causa como "chimuchina judicial que se va a resolver en el juicio oral".

El tribunal decidió mantener la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para Hermosilla, por al menos los 60 días de plazo que se fijó para la investigación.