Reforma sin productividad

Señor Director: La reducción de la jornada a 42 horas es un avance relevante, pero su implementación ha estado marcada por una incertidumbre que no es menor. La norma original establecía un marco claro y gradual; sin embargo, los dictámenes posteriores de la Dirección del Trabajo (DT) -en paticular del gobierno anterior- introdujeron criterios cambiantes que tensionaron esa claridad inicial. A ello se sumó una ley interpretativa que, si bien buscó aclarar aspectos de la implementación, lo hizo desconociendo en parte la realidad operativa de las empresas.

En el actual gobierno, la DT, en vez de ordenar oportunamente este escenario, tardó en confirmar criterios que, en la práctica, ya se venían aplicando, prolongando la incertidumbre. Este contexto generó una expectativa permanente de ajustes, debilitando la certeza jurídica necesaria para planificar y llevando a muchas empresas a postergar decisiones hasta etapas finales, con mayores costos de adaptación. El desafío es promover el empleo con reglas comprensibles, estables y coherentes con la realidad productiva.

Con un desempleo por sobre el 8%, el sentido de urgencia en esta materia no puede seguir siendo secundario. El empleo no puede ni debe ser la única política pública, pero es una de las más relevantes que en este mes y medio de instalación se ve poco.