Redistritaje reabre el debate entre la equidad poblacional y la representación territorial

La reciente resolución del Servicio Electoral (Servel), que actualiza la distribución de los 155 escaños de la Cámara de Diputadas y Diputados conforme al Censo 2024, abrió un nuevo debate en la Región de Ñuble. El ajuste -que reducirá de cinco a cuatro los representantes del Distrito 19 a partir de 2030- no solo impacta en la configuración electoral futura, sino que también tensiona una discusión más profunda sobre los criterios que deben regir la representación democrática en Chile. El mecanismo aplicado responde a la Ley N°18.

700, que establece una revisión periódica basada en la proporcionalidad poblacional. Sin embargo, más allá de su fundamento técnico, el efecto político ha sido inmediato: autoridades y analistas advierten que la medida podría debilitar la capacidad de incidencia de una región joven, cuya presencia institucional aún se encuentra en proceso de consolidación. De hecho, si este redistritaje se hubiera aplicado en la última elección parlamentaria, uno de los efectos habría sido la exclusión del diputado socialista Francisco Crisóstomo, alterando el equilibrio político actual.

Este escenario ilustra cómo una decisión de carácter técnico puede tener consecuencias concretas en la representación y en la correlación de fuerzas. Principio de equidad poblacional Desde el mundo académico, el análisis introduce matices que complejizan el debate. Alfonso Henríquez, abogado y académico de la Universidad de Concepción, plantea que la medida debe entenderse en el marco de un principio estructural del sistema democrático.

“La noticia representa un golpe importante para una región joven, cuyo peso político recién se estaba consolidando. Sin embargo, debemos tener presente que el Servel aplica una fórmula fundada en datos demográficos, de forma que si la población de otras regiones ha crecido proporcionalmente mucho más que la de Ñuble, entonces se procede a redistribuir los cupos parlamentarios a fin de mantener el principio de equidad poblacional”, afirmó. En efecto, agregó, este principio exige que la representación parlamentaria refleje de forma más o menos fiel la realidad demográfica del país.

“Si mantuviésemos una cuota fija de parlamentarios ante una población que crece a un ritmo inferior al de otras zonas, entonces terminaríamos con un sistema desigual en el cual regiones con poca población tendrían igual o mayor peso que regiones más densamente pobladas, generando una distorsión en todo el sistema. En términos sencillos, eso implicaría que proporcionalmente el voto de una persona de Ñuble tendría más peso que uno de la Región Metropolitana”, aseveró. Ahora, mencionó Henríquez, “la alternativa consistente en reducir el número de parlamentarios me parece muy alejada de lo que debiese ser un ideal de representación.

El diseño del Congreso no debe responder únicamente a criterios de ahorro fiscal, sino también a su capacidad para actuar como un reflejo de la sociedad. Si el criterio económico fuese el prioritario, ahorraríamos mucho más no teniendo representantes, lo cual sería absurdo”, acotó. Lo ideal, remató, “sería mantener el actual número de escaños, dado que esto permite que fuerzas políticas emergentes puedan tener una mayor voz institucional.

Pero al reducir los escaños, nos encontramos con un escenario en el que se elevarían artificialmente las barreras de entrada, favoreciendo la consolidación de oligopolios políticos y excluyendo visiones alternativas esenciales para la deliberación democrática. Además, tener un cuerpo legislativo pequeño no garantiza necesariamente que las leyes serán mejores, solo implica que existirá una mayor carga de trabajo para cada representante. Con menos legisladores para cubrir la misma carga y complejidad de asuntos públicos, el riesgo de captura por parte de grupos de interés aumenta, al concentrarse la toma de decisiones en un grupo más reducido de personas.

En definitiva, podríamos terminar con peores leyes”, sentenció. Ampliar criterios de análisis Una mirada distinta, aunque complementaria, aporta Cristian Quiroz, doctor en Administración y Política Pública, quien pone el foco en la oportunidad del debate y en la necesidad de ampliar los criterios de análisis. “Resulta llamativo que los diputados solo adviertan ahora, tras la información entregada por el Servel, los efectos que tendría una norma legal que data del año 2015, lo que en cierto grado le puede restar validez a su preocupación por la descentralización y evidenciar interés personal en los cupos a disputar en la próxima elección”, sostuvo.

Dicho eso, añadió: “estimo que el ajuste o ‘apportionment’ es necesario, para que la representatividad poblacional sea efectivamente proporcional a la realidad censal. No obstante, ese no debiera ser el único criterio a considerar, sino que también otros factores asociados a distancias y tamaño geográfico. “Finalmente, el país necesita definir con criterios técnicos un sistema electoral sólido, estable en el tiempo y que no solo pasa por el ajuste censal, sino que también por la gobernabilidad, rol de los partidos y la revisión de los independientes, sistema de listas abiertas o cerradas, porcentaje mínimo o de piso para resultar electos, es decir, un modelo que sea representativo y que limite los fallos a la democracia”, manifestó.

Dinámicas demográficas Desde una perspectiva estructural, Gabriel Pradenas, magíster en Políticas Públicas, vincula el redistritaje con dinámicas de desarrollo regional más profundas, advirtiendo que la pérdida de escaños es también un síntoma. “En definitiva, lo que ocurre con Ñuble no es solo una decisión electoral sino el reflejo de una trayectoria de desarrollo regional que debería ser entendida como una señal de alerta más que como un punto de llegada. El redistritaje intenta equilibrar dos dimensiones que muchas veces entran en tensión, la proporcionalidad poblacional y la representación territorial”, afirmó.

La discusión sobre la pérdida de escaños en regiones como Ñuble no es solo técnica sino profundamente política, agregó, “porque la representación ciudadana es un objetivo deseable en democracia, pero también implica costos tanto fiscales como en la toma de decisiones, y el desafío está en equilibrar ese costo con una representación efectiva de los territorios. En este caso hay un elemento estructural que no se puede ignorar y es que el redistritaje responde en parte a dinámicas demográficas asociadas al crecimiento de las regiones, y cuando una región no crece como ocurre con Ñuble, ello refleja problemas de fondo como el estancamiento económico, una formación de profesionales que no dialoga con las necesidades productivas locales y sectores industriales que no logran absorber capital humano, lo que termina generando migración, menor dinamismo y una pérdida de peso relativo en la representación”. Esto, agregó, “no es un fenómeno aislado sino la acumulación de decisiones en el tiempo y también de administraciones locales que han tendido a ser reactivas, sin una mirada integral del desarrollo, por lo que la población no crece ni prospera como podría y eso se traduce finalmente en menos representación parlamentaria.

En ese contexto, y aunque resulte incómodo, desde un punto de vista técnico la pérdida de un escaño se justifica porque Ñuble no ha crecido al ritmo de otras regiones, ni en términos económicos ni poblacionales, lo que hace que el ajuste tenga cierta pertinencia respecto de la realidad del país”, manifestó. Distinto es el debate sobre reducir el número de diputados, mencionó, “que algunos impulsan bajo la lógica de un Estado más acotado, pero que en el contexto actual de voto obligatorio y brechas de participación, no parece pertinente, ya que Chile tuvo en su historia un Parlamento más pequeño y eso se tradujo en menor cobertura y mayores brechas de representación. Si el objetivo es reducir costos, la discusión debiera centrarse más bien en el diseño institucional que en el número de escaños, por ejemplo evaluando en el mediano plazo un sistema semipresidencial que reordene los equilibrios de poder, aunque ello requiere partidos políticos más sólidos, con mayor incidencia en el debate público y más cohesión en sus bancadas, algo que hoy no está plenamente logrado”.

En cuanto a la posibilidad de combinar un Parlamento más reducido con buena representatividad, según Pradenas existen mecanismos que podrían resguardar ese equilibrio, “pero hay un principio claro en juego: desde el punto de vista estadístico, más es mejor para representar; y desde el punto de vista político, menos puede facilitar acuerdos, por lo que la pregunta de fondo es qué tipo de sistema político se quiere construir y qué fuerzas se verían beneficiadas con ese rediseño”. Proyecto para suspender el redistritaje En paralelo, la discusión política ya comenzó a traducirse en propuestas concretas. El diputado Cristóbal Martínez (UDI) anunció la presentación de una reforma constitucional para suspender la aplicación del redistritaje, abriendo espacio a una revisión más amplia del sistema.

“Si bien el proceso de actualización de los escaños responde a una norma establecida en la ley electoral vigente, es fundamental que corrijamos a tiempo todos los efectos adversos que podría generar, especialmente si el resultado profundiza las brechas territoriales y termina debilitando la representación de las regiones en el Congreso. No estamos cuestionando el deber legal de realizar un redistritaje, sino que las consecuencias que genera su aplicación, sobre todo cuando vemos que las regiones -en su conjunto- perderán 10 escaños en total, de los cuales siete serán reasignados a Santiago, acentuando aún más el centralismo en nuestro país”, acotó. El parlamentario también reactivó la discusión sobre el tamaño del Congreso, cuestionando los efectos de la reforma que aumentó el número de legisladores.

“Creemos que este nuevo redistritaje es una oportunidad para reabrir un debate absolutamente necesario en nuestro país, como es la disminución del número de diputados. Lamentablemente, las promesas que se hicieron hace 10 años no se cumplieron y este aumento solo significó un mayor gasto público. Por lo tanto, es fundamental que el Congreso retome nuevamente esta discusión, resguardando siempre que las regiones estén bien representadas”, concluyó.