Recortes por $5,4 billones golpean a PGU y programas sociales

La Pensión Garantizada Universal (PGU), junto a una serie de beneficios sociales y programas clave del Estado, encabeza la propuesta de recorte fiscal impulsada desde el Ministerio de Hacienda, en el marco de una estrategia orientada a contener el gasto público hacia 2027. De acuerdo a antecedentes difundidos por Ciper Chile, el plan considera ajustes a 260 programas de alto costo presupuestario, con una rebaja estimada del 15%. El mayor impacto recaería precisamente en la PGU, que sufriría una disminución de $906 mil millones, convirtiéndose en el recorte más significativo dentro del paquete.

Dada su cobertura en adultos mayores, se trata de una medida de alto impacto social. En la misma línea, el ámbito previsional concentra varios de los ajustes relevantes: las pensiones del sistema de reparto registrarían una baja de $321 mil millones, mientras que la Pensión Básica Solidaria de Invalidez caería en $91 mil millones. A ello se suman reducciones en los aportes previsionales solidarios, con recortes de $66 mil millones en el caso de vejez y $43 mil millones en invalidez, lo que refuerza la fuerte incidencia del ajuste en el sistema de seguridad social.

El plan también contempla disminuciones en otras áreas sensibles. En transporte, el subsidio al Transporte Público Metropolitano tendría una rebaja de $178 mil millones, mientras que en educación el Crédito con Aval del Estado (CAE) bajaría en $134 mil millones. La gratuidad en la educación superior tampoco quedaría exenta, con un recorte estimado de $66 mil millones.

Asimismo, se proyectan reducciones en programas dirigidos a los hogares más vulnerables. El Subsidio Familiar (SUF) sufriría una caída de $101 mil millones; los jardines infantiles y salas cuna verían disminuidos sus recursos en $58 mil millones; y la infraestructura de agua potable rural (APR) en $49 mil millones. Otros beneficios también se verían afectados.

El Bono Invierno tendría un recorte de $47 mil millones, mientras que programas habitacionales como el de Integración Social y el DS1 registrarían bajas de $46 mil millones y $44 mil millones, respectivamente. En conjunto, los recortes proyectados alcanzan los $5,4 billones, equivalentes a cerca de 6. 000 millones de dólares, cifra que coincide con la meta de ajuste fiscal planteada por el gobierno durante la campaña presidencial.

Sin embargo, esta propuesta vuelve a instalar el debate sobre el impacto en beneficios sociales, especialmente considerando que en su momento se comprometió que dichos ajustes no afectarían directamente a la ciudadanía. Tribunal Constitucional En paralelo, la oposición sostendrá una reunión clave este jueves para analizar la eventual presentación de un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) por la denominada Ley de Reconstrucción Nacional, también conocida como Ley Miscelánea. La cita, que se realizará en la sede del Frente Amplio, contará con la participación de abogados constitucionalistas y forma parte de una serie de encuentros destinados a definir una estrategia común frente al avance del proyecto.

En el bloque reconocen un dilema entre negociar para incidir en la iniciativa o adoptar una postura más dura, arriesgando perder influencia en su tramitación. En ese contexto, los partidos han intensificado la coordinación política y técnica, buscando proyectar una oposición más articulada frente al gobierno. El objetivo es combinar ambas estrategias: influir en el contenido de las reformas y, al mismo tiempo, evaluar acciones legales que permitan frenar aspectos considerados inconstitucionales.

El escenario abre un nuevo foco de tensión política, en medio de un ajuste fiscal que pone en el centro del debate el equilibrio entre responsabilidad fiscal y protección social.