Reactivación de la inversión

Durante la última semana, dos megaproyectos mineros por más de US$ 12. 500 millones en total ingresaron a evaluación de ambiental. Se trata de un nivel que no se observaba desde la década de 1990 -para iniciativas individuales del sector- y cuya decisión se da en el contexto de mejores precios del cobre y de las señales enviadas por el Gobierno sobre el impulso que espera dar a la facilitación de inversiones, agilización de permisos y mayores certezas.

En este marco, el cambio de expectativas ha comenzado a reflejarse en un mayor optimismo empresarial, lo que vuelve determinante lo que ocurra durante el primer año de la nueva administración, pues las decisiones sobre grandes proyectos requieren, antes de materializarse, evidencia efectiva de avances en el entorno regulatorio. El pasado lunes, Minera Escondida ingresó un proyecto de optimización de sus operaciones por más de US$ 5. 000 millones, en cuya fase de construcción se estima el empleo de más de 2.

500 trabajadores, con un peak de hasta 6. 000 personas en los períodos de mayor actividad. Dos días después, minera El Abra presentó al SEIA una iniciativa para ampliar su capacidad productiva, por más de US$ 7.

500 millones, lo que permitiría generar más de 10. 000 empleos en su fase de construcción. La estabilidad tributaria vuelve a instalarse como un factor decisivo para atraer capitales de largo plazo.

Se trata de dos de las mayores inversiones mineras proyectadas en el país para la próxima década y cuya materialización va en directa relación con las metas del Gobierno, en torno a elevar el crecimiento a 4% y rebajar la tasa de desempleo a 6%. Ambos son objetivos ambiciosos tras una década y media en que la expansión promedio no ha superado el 2%, mientras que el desempleo ha acumulado ocho años en torno a 7%. Un factor central para lograr tal dinamismo es incrementar la inversión, lo que Hacienda sitúa en un alza desde el actual 23% del PIB a cerca de 30% del Producto.

En esa línea, la actual administración ha anunciado cambios tributarios, junto a modificaciones al entorno regulatorio, reducción de tiempos de tramitación y generación de condiciones más estables para el desarrollo de proyectos. Entre estas medidas destacan el compromiso de destrabar proyectos por más de US$ 16. 000 millones y el anuncio de restablecer un mecanismo de invariabilidad tributaria para grandes iniciativas, inspirado en el DL 600 vigente hasta 2016.

Por más de 40 años, este instrumento facilitó el ingreso de flujos significativos de inversión extranjera directa al otorgar estabilidad tributaria por períodos prolongados. De consolidarse las nuevas condiciones, el impulso podría extenderse a otros sectores intensivos en capital, como energía, infraestructura y concesiones, favoreciendo con ello una mayor capacidad productiva del país. Sin embargo, el ingreso de grandes proyectos al sistema de evaluación ambiental no equivale a su ejecución.

Su materialización depende, en gran medida, de la capacidad de procesarlos en plazos razonables y del estricto apego a la normativa vigente de los funcionarios que intervienen en su tramitación. En ello es clave, como ha advertido el ministro de Hacienda, resguardar que decisiones de carácter técnico no sean alteradas por criterios discrecionales, a fin de evitar postergaciones o el desplazamiento de proyectos hacia jurisdicciones con condiciones más favorables, como ha ocurrido en el pasado. Y del mismo modo, el Congreso está llamado a actuar con sentido de urgencia y viabilizar acuerdos en torno a las iniciativas pro inversión que ingresen a trámite, evitando dilaciones que solo terminarían afectando el crecimiento y la generación de empleo.