"Custodiamos los intereses de los ciudadanos": Contraloría despliega fiscalización sobre uso de beneficios sociales

"Custodiamos los intereses de los ciudadanos": Contraloría despliega fiscalización sobre uso de beneficios sociales La Contraloría General de la República anunció un endurecimiento en sus procesos de fiscalización de beneficios sociales, en el marco de su plan estratégico para 2026, con foco en detectar eventuales abusos en la asignación de recursos públicos. La contralora Dorothy Pérez confirmó la medida durante su participación en el conversatorio "Probidad y Eficiencia del Estado", instancia organizada por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes. En su intervención, la autoridad detalló que uno de los ejes prioritarios del organismo apunta a revisar la entrega de ayudas estatales a personas que no cumplen con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

"Las prioridades de fiscalización para 2026 están centradas en infancia, migraciones y en la entrega irregular de beneficios sociales, es decir, en situaciones de abuso", señaló. Recursos públicos bajo presión Pérez enfatizó que este foco responde a la necesidad de optimizar el uso de recursos fiscales, en un contexto donde las demandas sociales superan la disponibilidad presupuestaria. "Los fondos no siempre alcanzan para cubrir todas las necesidades, por lo tanto, es clave corregir los abusos para redirigir esos recursos hacia quienes realmente los requieren", explicó.

Según indicó, este eje concentra una parte significativa del trabajo institucional, dada su incidencia directa en la equidad del sistema de protección social. Fiscalización en marcha Actualmente, la Contraloría ya se encuentra revisando distintos programas y beneficios, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas por ley. "Lo que estamos haciendo es resguardar la voluntad ciudadana expresada a través de las leyes, que establecen claramente quiénes pueden acceder a estos beneficios", sostuvo Pérez.

No obstante, la contralora reconoció que el volumen de información analizada podría dar paso a ciertos márgenes de error, aunque advirtió que es esperable detectar inconsistencias. "Podríamos encontrar casos como subsidios de arriendo otorgados a personas con propiedades o beneficiarios que ya no residen en el país", advirtió.