Proyecto migratorio genera alerta por impacto en niños y educación

Un intenso debate político y social se abrió tras la aprobación en la Cámara de Diputados de un proyecto de ley que busca restringir el acceso a beneficios estatales para personas en situación migratoria irregular, especialmente en áreas sensibles como salud y educación. La iniciativa, impulsada por un grupo de parlamentarios — entre ellos el exdiputado por la Región de Coquimbo, Juan Manuel Fuenzalida —, deberá ahora ser discutida en el Senado, donde se anticipa un análisis marcado por la tensión entre el control migratorio y la protección de derechos fundamentales. En ese contexto, desde la Región de Coquimbo ya se advierten posibles efectos en los territorios, particularmente en el acceso a derechos básicos por parte de niños, niñas y adolescentes.

Impacto en niños y sistema educativoUno de los puntos más controvertidos del proyecto dice relación con sus posibles efectos en menores de edad, especialmente aquellos que ya están insertos en el sistema educativo y que actualmente reciben apoyos del Estado, como los beneficios de alimentación de JUNAEB. Desde la vereda de quienes participaron en la tramitación en la Cámara, la diputada Carolina Tello fue crítica del enfoque de la iniciativa, advirtiendo que no aborda las causas estructurales del fenómeno migratorio. “El proyecto que restringe beneficios a personas en situación migratoria irregular no aborda el problema de fondo.

No mejora la gestión, no ordena el sistema, y en la práctica solo desplaza el problema hacia los territorios”, señaló. La parlamentaria agregó que en regiones como Coquimbo los efectos de este tipo de medidas podrían ser especialmente complejos. “Cuando el Estado se retira, aumentan la informalidad, la vulnerabilidad y también los riesgos sanitarios para toda la comunidad”, sostuvo.

En esa línea, advirtió sobre las consecuencias en materia de salud pública. “Limitar el acceso a salud o a controles básicos no ordena la migración; expone a las personas y debilita la capacidad del Estado para proteger la salud pública”, enfatizó. Pero uno de los aspectos que más inquietud genera es el impacto en la infancia.

“Y aquí hay un punto crítico: estamos hablando también de niños, niñas y adolescentes. Chile necesita una política migratoria eficaz, seria y responsable, no medidas que terminan afectando a los más vulnerables y poniendo en riesgo a los territorios”, concluyó. El debate se traslada al SenadoDesde la Cámara Alta, donde ahora se centrará la discusión, el senador Matías Walker adelantó que el análisis estará marcado por el respeto a los derechos de la infancia.

“Vamos a analizar en detalle con mucho sentido de la responsabilidad, como lo hacemos con todas las iniciativas, pero siempre teniendo en vista un principio que está en nuestra legislación y en tratados internacionales, que es el principio del interés superior del niño”, indicó. El legislador agregó que este criterio deberá armonizarse con la normativa vigente. “Entiendo el sentido del proyecto, pero vamos a analizarlo en su mérito, teniendo siempre presente el principio del interés superior del niño, niña y adolescente”, reiteró.

Por su parte, el senador Sergio Gahona puso el acento en la necesidad de ordenar la política migratoria, aunque también advirtió límites claros en materia de derechos. “Chile necesita ordenar su política migratoria y asegurar que los beneficios del Estado se entreguen con reglas claras a quienes vienen a realizar un aporte a nuestro país. No vamos a permitir ningún beneficio a extranjeros que vienen a delinquir”, afirmó.

No obstante, también enfatizó la necesidad de resguardar a la infancia. “Debemos ser muy cuidadosos en proteger los derechos de los niños. En el Senado vamos a revisar bien esta iniciativa para que ningún menor quede fuera del sistema educativo ni de beneficios esenciales como la alimentación escolar, porque los derechos de la infancia deben resguardarse siempre”, añadió.

Dudas e incertidumbre en los territoriosEl avance del proyecto también abre interrogantes prácticas: ¿qué ocurrirá con los estudiantes migrantes en situación irregular que ya están escolarizados? ¿Se verán afectados en su acceso a educación o en beneficios como la alimentación entregada por JUNAEB? ¿Cómo se aplicará la eventual normativa en los establecimientos educacionales?

Estas preguntas comienzan a instalarse con fuerza, especialmente en territorios como la Región de Coquimbo, donde la migración ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos años. Mientras la discusión legislativa avanza hacia el Senado, el foco estará puesto en cómo equilibrar el control migratorio con el respeto a derechos fundamentales, particularmente cuando se trata de niños, niñas y adolescentes. Consultados por este medio, desde JUNAEB y otras instituciones vinculadas a la entrega de beneficios sociales declinaron referirse al tema, argumentando que se trata de un proyecto de ley que aún se encuentra en plena discusión legislativa.