Proyecto Escuelas Protegidas: lo que una ley punitiva no puede resolver

El proyecto Escuelas Protegidas apunta a enfrentar los hechos de violencia en las escuelas que hemos lamentado en las últimas semanas. En resumen, el proyecto propone: a) otorgar facultades para revisar a los estudiantes cuando ingresan a la escuela, incluyendo a niños con necesidades educativas especiales; b) castigar a los estudiantes por interrumpir las actividades académicas; c) prohibir el uso de vestimentas “que promuevan, hagan apología o alusión a la violencia, a drogas, a conductas delictuales u otras contrarias a la ley”; y d) castigar prohibiendo el acceso a la gratuidad universitaria a estudiantes condenados por delitos. En otras palabras, se trata de una serie de drásticas medidas punitivas orientadas a contener la expresión más grave del problema, pero a la vez la más puntual, y que operan bajo un supuesto complejo y discutible: acá los responsables principales del problema son los niños, niñas y adolescentes.

Ya lo han dicho otras y otros especialistas: la situación de violencia y salud mental en las escuelas es preocupante y los episodios extremos que hemos visto en las últimas semanas son solo la punta del iceberg. Algunos botones de muestra: los datos del estudio ELPI 2024 indican que 3 de 4 adolescentes chilenos evidencian sintomatología de ansiedad o depresión, y que 1 de cada 5 adolescentes de 14 años ha sufrido cyberbullying en el último año. Asimismo, datos del Ministerio de Educación muestran que las denuncias por convivencia ante la Superintendencia de Educación se han duplicado desde 2019 hasta la fecha (sobrepasando las 17.

000), siendo la mayoría de ellas por maltrato a estudiantes. Así, si lo que buscamos es resolver el problema de raíz, estos datos muestran la existencia de diversos factores de riesgo que, es factible argumentar, se abordan de forma distinta a lo que se propone en este proyecto de ley. Es urgente volver a poner el foco en las escuelas como instituciones formadoras y en los recursos –económicos, profesionales, pedagógicos– que las políticas educativas tienen para ofrecerles para enfrentar el problema de forma genuinamente integral.

Instrumentos legales ya existen: a la Ley Aula Segura del año 2018, recientemente se sumó la Ley de Convivencia Escolar del año 2026, orientada específicamente a modernizar y agilizar gestiones de convivencia en las escuelas, protocolos, reglamentos y poner el enfoque en el buen trato de la comunidad educativa. Incluso, esta ley contempla la implementación de infraestructura para la detección de armas, artefactos incendiarios u otros elementos similares que pongan en riesgo la vida o integridad física de la comunidad educativa, si es que existen antecedentes fundados para ello. Dada su muy reciente implementación, esta ley aún no da resultados, pero se proyecta de manera positiva en los establecimientos educativos, al profesionalizar un área altamente exigida en los últimos años.

Ahora bien, si obviamos por un momento el enfoque punitivo de la infancia que subyace a “Escuelas protegidas” (aunque no sea sencillo ni, a nuestro modo de ver, correcto), es importante hacer un breve ejercicio de realidad respecto de su eventual implementación. ¿Cómo este proyecto se aplicará en comunidades educativas que ya parecen lo suficientemente estresadas por labores extraacadémicas? ¿Quién y en qué momento revisará las mochilas?

¿Se invertirán recursos de algún tipo, y en qué medida estos compiten con otras prioridades de carácter pedagógico o relacionadas con el fortalecimiento de la salud mental de la comunidad educativa? ¿Cómo afectará las horas de clases? ¿Cómo dialoga esto con el propósito actual del ministerio de reducir la sobrecarga administrativa de las escuelas?

¿Qué significa, en lo concreto, empoderar al profesor? Es cierto: las comunidades educativas merecen herramientas efectivas para la neutralización de cualquier amenaza que ponga en riesgo su integridad. Sin embargo, estas deben ser implementadas poniendo el foco en la prevención y tomando en cuenta otros aspectos fundamentales que cruzan la trayectoria vital de estudiantes que viven en contextos de profunda injusticia.

Estos incluyen, por nombrar algunos, la consumación de derechos elementales en sus entornos familiares y comunitarios, la crisis de salud mental, el uso y regulación de contenidos de redes sociales o el control de armas en la sociedad. Décadas de investigación sobre educación y desigualdad sociocultural no pueden ser tan fácilmente obviadas.