Próxima norma de seguridad en escuelas: piden considerar costos de implementación de infraestructura

Los últimos hechos de violencia ocurridos en establecimientos educacionales y el anuncio que realizó la Superintendencia de Educación sobre la planificación que existe respecto de permitir explícitamente, a través de los reglamentos de la Ley de Convivencia Escolar, los elementos de seguridad como pórticos detectores de metales y cámaras de seguridad, genera opiniones positivas desde sostenedores, pero también la advertencia sobre los costos. “De las atribuciones con respecto a algún tipo de uso electrónico, pórtico, detector de metales, creemos que eso es una buena decisión”, afirmó Ramón Jara Zavala, director Ejecutivo Servicio Local de Andalién Costa. Aunque, aseguró, que el primer objetivo de su trabajo como entidad sostenedora es garantizar lo que ocurre en la rutina escolar.

Luego, si la comunidad evalúa que es necesario mejorar los perímetros de seguridad, cámaras de vigilancia, o en un futuro pórticos de seguridad o detectores de metales. “Habría que evaluar su implementación y por supuesto que también hay que evaluar su costo”, argumentó. Sin embargo, Jara comentó que al menos en el Slep Andalién Costa, la convivencia escolar se analiza en dos dimensiones: la infraestructura y la reflexión educativa.

Manifestando sus condolencias a la comunidad educativa afectada en Calama, Ramón Jara, expuso que “tuvimos la experiencia el año pasado, lamentable también, de un hecho de violencia que irrumpió en el establecimiento Nuevos Horizontes San Pedro y eso significó una inversión importante. Mejora de la reja perimetral por casi $280 millones. Toda inversión que se haga en mejora de seguridad requiere de presupuesto y eso es importante que las autoridades también lo sepan”.

El director ejecutivo, hizo hincapié en que el Servicio Local de Andalién Costa (Lota, Coronel, San Pedro y Santa Juana), con “un total de casi 96 establecimientos, incluyendo jardines infantiles, implica que al aumentar instrumentos de seguridad, debe considerarse en el presupuesto”. En ese sentido, la lógica de inversión en seguridad, de acuerdo a Jara, tiene que ir acompañada de presupuesto. “Sabemos cuál es la discusión presupuestaria y de ajuste fiscal.

Por lo tanto, hay que ya comenzar a mirarlo para la próxima ley de presupuesto”, afirmó. Por un lado, están las orientaciones de la Dirección de Presupuestos y del Ministerio de Hacienda, según comentó el director del Slep Andalién Costa, pero la contingencia en seguridad es una urgencia, afirmó. “Lo digo con mucha responsabilidad, se demanda mayor seguridad y es legítimo, se demandan mayores instrumentos técnicos, portones, cámaras y otros elementos, pero eso tiene un costo.

Por eso pongo el ejemplo de la reja perimetral que significó una inversión de casi $280 millones”, apuntó Jara. En tanto, el director ejecutivo del Slep Andalién Sur, Gonzalo Araneda, consultado sobre su opinión respecto del planteamiento de la Superintendencia de Educación en cuanto a los elementos de seguridad en establecimientos, indicó que “ante la entrada en vigencia de la Ley de Convivencia Escolar, como sostenedores, se está analizando y en su momento se tomarán las acciones y decisiones que correspondan, en el marco de lo que indica el cuerpo legal”. Diario Concepción, consultó a la Seremi de Educación del Biobío sobre las posibilidades que se están analizando respecto de los ajustes presupuestarios para poder apoyar económicamente a los establecimientos educacionales con la futura norma que se pretende impulsar, pero al cierre de este artículo no entregaron respuesta.

Protocolos ante desregulaciones En otro aspecto desde el Slep Andalién Costa, explicaron de qué forma buscan enfrentar las situaciones anómalas en convivencia escolar, así como también las situaciones de salud mental de los estudiantes. Esto, también en base a los hechos de las últimas semanas en varios puntos del país, donde destaca lo ocurrido en Calama. Señalaron que a través de talleres se pueden tratar ciertas complejidades, pero nuevamente se interpone la situación con los presupuestos.

“Hoy día en nuestras escuelas se requiere de mayor especialización, se requiere de mayor presencia de psicólogos, de terapeutas ocupacionales, que contengan un proceso diagnosticado por especialistas, que aborden a nuestros niños desde la infancia, pasando por la adolescencia”, mencionó Ramón Jara. Además, Jara destacó la importancia de la coordinación con las policías y seguridad ciudadana, ya que los temas como riñas no son competencia del Slep. “Estamos participando en los consejos comunales de seguridad, en donde se definen estas políticas de protección.

La educación y las escuelas son proyectos comunitarios que están alojados en un barrio, y que no son solo competencia o responsabilidad del sostenedor”, destacó. En tanto, desde el modelo municipal de Educación, específicamente del Daem de Hualpén, señalaron sobre su Protocolo de Desregulación Emocional y Conductual (DEC) que cuentan con formas de acción que van desde la contención del estudiante, el resguardo de su seguridad, la comunicación con la familia y la derivación a redes externas de salud, ya que el diagnóstico y tratamiento corresponde al ámbito clínico. Valoraron que en estas situaciones los docentes son actores claves en la detección de indicadores de alerta en salud mental, pero aseguraron que se trata de un ámbito que requiere formación continua y especializada.

“Una de las principales dificultades es que muchos de estos casos corresponden a diagnósticos de salud mental complejos, en algunos casos de carácter psiquiátrico, cuyo abordaje excede las competencias del sistema educativo. A ello se suma que no siempre los establecimientos cuentan con esta información, porque son antecedentes de carácter reservado”, definieron desde el área de coordinación de Convivencia Educativa y PIE del DAEM de Hualpén. Además, aclararon que en todo momento se garantiza el derecho a la educación, procurando la permanencia del estudiante.