Prisión preventiva para bolivianos que rellenaron zanja fronteriza en Colchane
El Juzgado de Garantía de Pozo Almonte (Región de Tarapacá) decretó este jueves la medida de prisión preventiva para Justiniano Canchi Gutiérrez y Carlos Armando Lira Colque, bolivianos formalizados como autores de los delitos de contrabando y daños calificados. Los imputados fueron sorprendidos el pasado domingo 12 de abril realizando maniobras ilícitas en la zona fronteriza de la comuna de Colchane. Durante la audiencia de formalización, el magistrado Luis Rodríguez ordenó el ingreso de ambos sujetos a un recinto penitenciario, tras estimar que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad.
Asimismo, el tribunal estableció un plazo de 100 días para el desarrollo de la investigación correspondiente. Según los antecedentes presentados por el Ministerio Público, los imputados, actuando de manera concertada y en coordinación con terceros de nacionalidad boliviana, trasladaron una retroexcavadora por pasos no habilitados. El objetivo de la operación era eludir los controles aduaneros e ingresar la máquina ilegalmente a territorio boliviano.
La investigación detalló que Canchi y Lira mantuvieron comunicación con terceros, quienes les entregaban instrucciones logísticas sobre la ubicación del personal policial y les brindaron, además, apoyo material para concretar el traslado clandestino de la retroexcavadora. Además, para facilitar el contrabando, los sujetos utilizaron la misma retroexcavadora para rellenar la zanja construida por el Ejército en el sector de Pampa Tordo, estructura diseñada precisamente para impedir el tránsito clandestino. Pese a que ambos intentaron darse a la fuga al notar la presencia de Carabineros, fueron capturados y puestos a disposición de la justicia.
Finalmente, el tribunal consignó que el impacto económico de los ilícitos es significativo, ya que el valor aduanero de la maquinaria se estimó en 14. 948 dólares, lo que representa un perjuicio fiscal superior a los cuatro millones de pesos. A esto se suma el daño provocado a la infraestructura fronteriza, cuya intervención y relleno de la zanja generó un perjuicio fiscal adicional calculado en unos seis millones de pesos.
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