“Priorizan control y castigo en escuelas”: Colegio de Psicólogas y Psicólogos manifiesta preocupación y advierten riesgos por medidas del Gobierno
Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Chile advierten ante políticas punitivas en establecimientos educacionales El Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Chile y la Asociación Gremial de Psicólogos Educacionales manifestaron su profunda preocupación ante los proyectos de ley anunciados por el Gobierno para enfrentar la violencia escolar, cuestionando su enfoque centrado en el control, la vigilancia y el castigo. Las iniciativas incluyen la revisión de mochilas, sanciones más severas por interrupción de clases, restricciones para acceder a la gratuidad universitaria y la exigencia de asistir a clases “a rostro descubierto”. Según las organizaciones, estas medidas surgen como respuesta a hechos graves, como el asesinato de una inspectora en Calama y diversas amenazas en establecimientos educacionales.
Sin embargo, advierten que estas políticas podrían vulnerar derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, como la intimidad, la no discriminación y el acceso a la educación, además de generar estigmatización y criminalización dentro de las comunidades escolares. En la declaración, sostienen que la evidencia científica demuestra que las estrategias punitivas no solo tienen un impacto limitado, sino que pueden aumentar el malestar, el განც sentimiento de injusticia y la desconexión con la comunidad educativa, profundizando conductas de riesgo en adolescentes. Asimismo, cuestionan que se promueva mayor seguridad mediante lógicas penales y de exclusión, como impedir el acceso a beneficios educativos, lo que —afirman— debiera abordarse desde criterios de reinserción y reparación, y no de castigo adicional.
Las organizaciones también advierten que estas medidas invisibilizan causas estructurales de la violencia escolar, como la desigualdad, la precariedad del sistema educativo y la falta de recursos para equipos psicosociales. En ese contexto, proponen priorizar políticas preventivas, formativas y restaurativas, fortaleciendo la convivencia escolar, el apoyo socioemocional y la participación activa de las comunidades educativas. Finalmente, hicieron un llamado al Ejecutivo y al Parlamento a abrir un diálogo amplio y vinculante antes de avanzar en reformas legales, enfatizando la necesidad de políticas públicas que resguarden la dignidad, el bienestar emocional y los derechos humanos de estudiantes.
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