Presidenta de los magistrados: “Recorte del 3% implica un riesgo real para el acceso a la justicia”

El recorte transversal del 3% al gasto público impulsado por el gobierno de José Antonio Kast abrió un flanco inesperado en el sistema judicial. Lo que desde el Ejecutivo se presenta como una medida de disciplina fiscal, desde el Poder Judicial y sus gremios es leído como una señal política que profundiza un problema estructural: más exigencias legales, más carga de trabajo y menos recursos para responder. Para Mariela Hernández, presidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, el ajuste no es técnico.

A su juicio, se suma a una tendencia de años en que el sistema de justicia ha debido absorber nuevas funciones —más de 80 leyes en la última década— sin financiamiento adecuado. El resultado, advierte, es un sistema tensionado al límite, con efectos directos en los tiempos de respuesta, la calidad del servicio y, sobre todo, en el acceso de las personas a la justicia. -Usted plantea que existe una contradicción entre mayores exigencias legales y menor financiamiento.

¿Qué efectos concretos está teniendo hoy esa brecha en la capacidad operativa real de los tribunales? -Los tribunales hoy están en una situación que urge inyección de recursos, las exigencias legales no fueron de la mano con el financiamiento para su implementación, lo que se traduce en tribunales colapsado cuya respuesta a la ciudadanía está llegando de manera tardía, agudizando aún más la crisis en aquellas materias, como laboral, civil y familia que tienen fallas estructurales. Y concretamente se traduce en retrasos, suspensiones, acumulación de causas, sobrecarga de trabajo para jueces y funcionarios, y una creciente tensión en el funcionamiento diario de los tribunales.

–Si este recorte responde a una decisión política, ¿Qué tipo de señal cree que está dando el Estado respecto de la prioridad que le asigna al sistema de justicia dentro de sus políticas públicas? -Nosotros como gremio entendemos que las necesidades son múltiples, pero en materia de justicia la rebaja presupuestaria ha sido una constante independientemente de quien gobierne y esa señal es preocupante, porque transmite que la justicia no está siendo tratada como una prioridad. Es prioridad que además es para las personas que requieren la resolución de sus conflictos de manera oportuna.

Si bien se ha avanzado en material legislativa, lo que ha sido celebrado por nosotros, lamentablemente en vez de robustecer la labor jurisdiccional, lo ha debilitado, generando expectativas para las personas, que hoy, lamentablemente con la falta de recurso resulta muy difícil de cumplir. -Menciona más de 80 leyes que han aumentado la carga del sistema sin financiamiento. ¿De qué manera concreta estas leyes —al ampliar competencias y procedimientos— terminan tensionando el funcionamiento diario de los tribunales y afectando los tiempos de respuesta del sistema?

-Lo tensionan de manera directa, porque cada nueva ley no solo incorpora nuevos procedimientos, aumentando facultades o incorporando nuevas materias, como ocurrió en el caso de la ley que “estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres en razón de su género”, sino que traslada ciertas materias a los tribunales de garantía. Sin embargo, al no haber tenido financiamiento, decisiones que se pueden adoptar, no tendrían las herramientas para hacerlas cumplir, por ejemplo incumplimiento de los alimentos provisorios, los tribunales de garantía no tienen unidades de liquidación. El problema es que muchas veces estas reformas se aprueban sin considerar el impacto operativo que producirán en los tribunales.

Entonces, la carga se acumula sobre una estructura que ya venía exigida. Esto genera agendas más saturadas, retrasos en la tramitación, dificultades para absorber materias emergentes y, finalmente, una extensión de los tiempos de respuesta. No se trata de una crítica al contenido de las leyes en sí mismas, sino a la ausencia de una política de implementación.

Legislar sin financiamiento termina trasladando el costo de la decisión al sistema judicial y, lo más complejo es que son los usuarios quienes se ven más afectados. -Usted sostiene que “el discurso oficial comienza a desmoronarse” cuando se piensa que el recorte del 3% va a afectar al Poder Judicial. ¿Cuál es el riesgo de mantener ese discurso?

¿Se restringe el derecho constitucional al acceso a la justicia? -El riesgo de mantener ese discurso es hacer creer que es posible seguir aumentando la carga sobre los tribunales, al aumentar sus competencias, sin afectar la calidad, oportunidad y continuidad del servicio judicial. Eso no es real.

Cuando se sostiene que un recorte de esta naturaleza no tendrá impacto, se invisibiliza su efecto concreto en la gestión diaria de los tribunales, puesto que la rebaja del 3% afecta directamente en la dotación de tribunales, lo que significa que ya, con agendas sobrecargadas, al no tener jueces que asuman esa cargas, finalmente se traduce en dilatar aún más los procesos, lo que genera un riesgo cierto de afectar el acceso a la justicia, toda vez que las respuestas llegan tarde, las audiencias se retrasan, no existe capacidad suficiente para absorber la demanda entre otros problemas. -De acuerdo a sus análisis, se ha instalado la idea de que el Estado puede seguir exigiendo más al sistema de justicia mientras le entrega menos. ¿En qué se miden los costos de esa ecuación?

-Los costos se miden, ante todo, en tiempo, desgaste institucional y afectación de derechos. Se reflejan en causas que tardan más de lo razonable, en tribunales trabajando por sobre su capacidad, en jueces y funcionarios sometidos a sobrecarga permanente, y en ciudadanos que reciben respuestas tardías en materias que suelen ser especialmente sensibles. Pero también se expresan en algo más profundo: la erosión de la confianza pública en el sistema de justicia.

Cuando el Estado instala la lógica de exigir más con menos, termina debilitando uno de los pilares esenciales del Estado de Derecho. Y eso tiene un costo institucional y democrático que no puede minimizarse.