Pobreza, cuidado e informalidad: la triple barrera que mantiene a miles de mujeres fuera del trabajo

Un nuevo análisis de la CASEN 2024 revela que la desigualdad laboral femenina en Chile no solo es de género, sino también de clase: mientras en el quintil más pobre apenas tres de cada diez mujeres participan en el mercado laboral, en el más rico lo hacen ocho de cada diez. La cifra golpea porque no deja espacio para el matiz. En Chile, ser mujer no significa lo mismo en todos los hogares, ni en todos los barrios, ni en todos los niveles de ingreso.

Mucho menos cuando se trata de trabajar. En el quintil de menores recursos, solo el 29,2% de las mujeres participa en el mercado laboral. En el quintil más acomodado, la cifra sube al 78%.

Entre un extremo y otro se abre una distancia de 48,8 puntos porcentuales que no solo retrata una brecha, sino que expone un sistema donde la pobreza, el cuidado no remunerado y la precariedad laboral se combinan para empujar a miles de mujeres fuera del empleo formal y, en muchos casos, fuera de cualquier posibilidad real de autonomía económica. Ese es el hallazgo central del “Zoom de Género: Especial CASEN 2024”, elaborado por Fundación ChileMujeres, el OCEC de la Universidad Diego Portales y la Cámara de Comercio de Santiago, a partir de la última encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional. El informe no solo confirma que la desigualdad de género persiste en el mercado laboral chileno, sino que muestra con crudeza que esadesigualdad se agrava conforme cae el ingreso de los hogares.

La agenda de género, en otras palabras, no puede seguir tratándose como una categoría homogénea. Tampoco la pobreza puede seguir analizándose al margen del lugar que ocupan las mujeres en la estructura económica. En 2024, 3.

478. 364 personas se encontraban en situación de pobreza por ingresos en Chile. Más de la mitad de ese universo, el 54,4%, eran mujeres.

El dato ya es revelador por sí solo, pero adquiere otra dimensión cuando se cruza con participación laboral, desempleo, informalidad y trabajo de cuidado. Ahí el cuadro deja de ser una sucesión de indicadores y pasa a convertirse en un retrato estructural de exclusión. La primera gran constatación es que la pobreza no solo reduce ingresos: también reduce oportunidades de inserción laboral.

En el quintil I, el más vulnerable, participa en el mercado laboral el 46,2% de los hombres, frente al 29,2% de las mujeres. Son 17 puntos porcentuales de distancia. En el quintil V, esa brecha disminuye a 10,9 puntos.

La comparación revela algo decisivo: la desigualdad entre hombres y mujeres existe en todos los tramos, pero golpea con mucha más fuerza a quienes tienen menos recursos. No basta, por tanto, con hablar de brecha de género en abstracto. Hay una brecha dentro de la brecha.

María José Díaz, gerenta general de ChileMujeres, lo resume en una frase que ordena el diagnóstico y, al mismo tiempo, interpela la forma en que se diseñan las políticas públicas. Una mujer del quintil I y una del quintil V son ambas mujeres, pero sus condiciones de vida y las herramientas que podrían ayudarlas son completamente distintas. La afirmación parece obvia, pero durante años buena parte del debate público ha tendido a construir respuestas universales para realidades profundamente desiguales.

El resultado ha sido una conversación muchas veces correcta en el lenguaje, pero insuficiente en la práctica. La diferencia más visible entre una mujer pobre y una mujer de altos ingresos no está solo en el salario al que puede aspirar, sino en el tiempo que realmente tiene disponible para trabajar. Y ahí aparece el segundo gran eje del informe: el cuidado.

En el quintil de menores ingresos, el 15,3% de las mujeres en edad de trabajar está fuera de la fuerza laboral por razones vinculadas al cuidado de niños, adultos mayores u otros familiares. En el caso de los hombres del mismo segmento, esa cifra es de apenas 2%. Ladistancia, de 13,3 puntos porcentuales, deja en evidencia quién sigue sosteniendo en Chile la infraestructura invisible de los hogares.

Ese trabajo no remunerado no figura en los contratos, no genera cotizaciones, no produce antigüedad laboral ni abre acceso a seguridad social. Pero define la trayectoria vital de millones de mujeres. Las limita en disponibilidad horaria, les impide aceptar jornadas extensas, reduce su movilidad, condiciona sus posibilidades de capacitación y, en no pocos casos, las obliga a abandonar del todo la búsqueda de empleo.

Es una carga que rara vez se presenta como lo que realmente es: una barrera económica deprimer orden. El informe muestra que, incluso cuando esas mujeres logran insertarse en el mercado laboral, lo hacen en condiciones marcadas por esa misma restricción de tiempo. En el quintil I, más de la mitad de las mujeres ocupadas, un 53,6%, trabaja en jornada parcial.

Entre los hombres, la cifra es de 31%. Entre las mujeres pobres con empleo, el porcentaje alcanza 50,9%. La lectura del dato es crucial.

No se trata, como a veces se sugiere desde una mirada simplificadora, de una preferencia espontánea por trabajar menos horas. Lo que hay detrás es la imposibilidad material de conciliar un empleo de mayor exigencia horaria con la ausencia de una red de apoyo para el cuidado. La presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, María Teresa Vial, pone el foco precisamente ahí.

A su juicio, la alta incidencia de jornada parcial entre mujeres de menores ingresos no refleja una inclinación natural del mercado, sino una restricción objetiva que impide dedicar más tiempo al trabajo remunerado. La necesidad de atender el cuidado de familiares y del hogar, sumada a la falta de alternativas confiables y accesibles para delegar esas tareas, termina por moldear trayectorias laborales recortadas, fragmentadas y de baja productividad. Ese punto cambia el eje del debate.

Porque durante años Chile ha discutido empleo femenino como si el problema estuviera concentrado en la oferta de puestos de trabajo o en la voluntad individual de participar. Lo que muestra la CASEN 2024, leído con esta desagregación, es que en una parte relevante del país el verdadero cuello de botella está antes: en la organización social del cuidado. Mientras esa dimensión siga descansando casi exclusivamente sobre los hombros de las mujeres, toda política de inserción laboral llegará tarde o llegará incompleta.

A esa restricción estructural se suma un tercer obstáculo: el desempleo. Entre las mujeres del quintil I, la tasa de desocupación alcanza 26,7%, por encima del 24,5% masculino. Entre quienes viven en pobreza, el desempleo femenino llega a 26,4%, frente al 23,4% de los hombres.

La distancia no es menor, porque muestra que la desventaja no desaparece ni siquiera entre quienes ya dieron el paso de participar enel mercado laboral. Es decir, para las mujeres pobres no solo es más difícil entrar a la fuerza de trabajo; también es más difícil encontrar empleo una vez dentro de ella. Juan Bravo, director del OCEC UDP, apunta a un aspecto especialmente incómodo de este debate: el diseño legal e institucional del mercado del trabajo.

Su planteamiento es directo. Existen normas que encarecen la contratación femenina en comparación con la masculina, porque fueron construidas sobre una lógica cultural donde el cuidado sigue recayendo principalmente en la mujer. En esa arquitectura, medidas como la regulación de sala cuna o los permisos de cuidado asignados solo a las madres terminan generando un sobrecosto para su contratación, particularmente en segmentos de menor calificación, donde la rigidez del salario mínimo impide ajustar remuneraciones para absorber ese diferencial.

La observación remueve una contradicción persistente del sistema. Normas pensadas para proteger a las mujeres pueden, bajo determinadas condiciones, actuar como barreras indirectas a su inserción laboral. El problema no es la protección en sí, sino la falta de corresponsabilidad en su diseño.

Mientras el cuidado siga normativamente feminizado, el mercado seguirá leyendo a las mujeres en edad fértil o con hijospequeños como trabajadoras potencialmente más costosas o más complejas de contratar. Esa lógica, que rara vez se admite en voz alta, opera con especial dureza en los tramos bajos de ingreso, donde los márgenes de contratación son más estrechos y la demanda por mano de obra tiende a ser menos flexible. Pero si el empleo formal ya es esquivo, el panorama se vuelve todavía más severo cuando se observa la calidad del trabajo al que sí acceden muchas mujeres pobres.

Allí emerge con fuerza el cuarto elemento del diagnóstico: la informalidad. El 60,4% de las mujeres ocupadas del quintil I trabaja en la informalidad. Entre las mujeres pobres, la cifra llega a 58,8%, muy por encima del 24,3% registrado entre las no pobres.

La mejora respecto de la CASEN 2022 es casi inexistente: apenas 0,8 puntos porcentuales menos en dos años. Lo que estas cifras describen no es solo una modalidad laboral irregular. Describen una trayectoria entera de vulnerabilidad.

Trabajar sin contrato, sin cotizaciones previsionales y sin cobertura de salud no solo precariza el presente. También compromete el futuro. Son mujeres que sostienen hogares, generan ingresos, muchas veces emprenden por necesidad o realizan actividades por cuenta propia, peropermanecen fuera de los sistemas de protección.

Esa exclusión acumulativa se arrastra durante años y suele estallar con toda su crudeza en la vejez, cuando la falta de ahorro previsional y de redes de seguridad se convierte en pobreza persistente. María Teresa Vial insiste en que la formalización de este segmento requiere una estrategia específica. No basta con exhortar a cumplir la ley ni con reproducir incentivos diseñados para empresas consolidadas.

Gran parte de estas mujeres trabaja por cuenta propia o dentro de organizaciones informales, en esquemas donde el costo burocrático, tributario y administrativo de ingresar al sistema formal puede sersimplemente inviable. Si el Estado y el sector privado quieren revertir esta realidad, el desafío no pasa únicamente por fiscalizar, sino por diseñar rutas de formalización graduales, realistas y compatibles con las condiciones concretas en las que hoy se ganan la vida miles de trabajadoras. El diagnóstico, por lo mismo, obliga a abandonar las respuestas únicas.

Las tres instituciones que elaboraron el análisis coinciden en que no existe una sola medida capaz de resolver el problema. La reforma de sala cuna universal aparece como una prioridad evidente, pero no suficiente. También se requiere acceso garantizado a servicios de cuidado de calidad, mayor capacitación laboral orientada a los quintiles más bajos, incentivos reales a la formalización y una revisión del marco regulatorio para avanzar en corresponsabilidad efectiva.

En paralelo, el sector privado tiene margen para ir más allá del mínimo legal, incorporando flexibilidad, políticas internas de apoyo al cuidado e inclusión activa en la contratación. El punto de fondo es que la desigualdad que enfrentan estas mujeres no es accidental ni transitoria. Responde a un engranaje donde cada desventaja alimenta a la siguiente.

La pobreza aumenta la carga de cuidado no remunerado porque reduce el acceso a soluciones externas. Esa carga restringe la disponibilidad para trabajar y empuja hacia jornadas parciales o inactividad. La menor participación y el mayor desempleo reducen ingresos y autonomía.

Y cuando finalmente aparece una oportunidad laboral, muchas veces se trata de un empleo informal, sin seguridad ni proyección. El círculo se cierra sobre sí mismo. En ese contexto, el mercado laboral chileno no solo reproduce desigualdad: también la administra.

La administra cuando expulsa a mujeres del empleo porque no tienen con quién dejar a sus hijos o a sus padres dependientes. La administra cuando les ofrece trabajos fragmentados, sin contrato ni protección. La administra cuando el costo del cuidado se trata como un problema privado del hogar y no como una condición central para el funcionamiento de la economía.

Y la administra, también, cuando el debatepúblico reduce la inserción femenina a una consigna estadística sin mirar con suficiente atención quiénes son las mujeres que quedan fuera. El “Zoom de Género: Especial CASEN 2024” viene a corregir, precisamente, esa ceguera. Lo hace al demostrar que no existe una experiencia única de ser mujer en Chile.

La profesional de altos ingresos que puede contratar apoyo doméstico, acceder a jardines privados o negociar flexibilidad laboral vive en un ecosistema completamente distinto al de la mujer pobre que cuida, trabaja por horas, vende por cuenta propia o simplemente no logra participar del mercado. Ambas forman parte de las estadísticas de género, pero no enfrentan el mismo país. Por eso, la discusión no puede quedar atrapada en el promedio nacional ni en los discursos de avance lineal.

Las mejoras agregadas pueden ser reales y, al mismo tiempo, insuficientes. Puede haber más mujeres trabajando, más presencia femenina en directorios o mejores indicadores de educación, y sin embargo persistir una fractura profunda en la base social. Ahí es donde la CASEN 2024 introduce una advertencia política y moral: cualquier agenda de igualdad que no incorpore el factor ingreso correel riesgo de beneficiar con mayor rapidez a quienes ya estaban en mejor posición para aprovecharla.

La pregunta, entonces, ya no es solo cómo aumentar la participación femenina, sino qué tipo de participación se quiere promover y para quiénes. Porque no todo empleo corrige desigualdad. Un trabajo parcial forzado, inestable e informal puede permitir sobrevivir, pero difícilmente garantiza autonomía sostenida.

Del mismo modo, no toda política de cuidado tendrá el mismo efecto si no se dirige con prioridad a los hogares donde la ausencia de redes hace imposible compatibilizar familia y empleo. Laevidencia obliga a una intervención más fina, más decidida y menos complaciente. Hay, además, una dimensión cultural que no puede seguir tratándose como un problema secundario.

Chile arrastra una distribución del cuidado profundamente desigual, sostenida por hábitos sociales, normas implícitas y diseños institucionales que siguen descansando sobre la figura femenina como cuidadora principal. Mientras esa estructura no cambie, el empleo femenino seguirá avanzando con freno de mano en los sectores más vulnerables. Y mientras la corresponsabilidad no deje de ser un ideal retórico para transformarse en una práctica familiar, empresarial y legal, el costo seguirá pagándose en la biografía laboral de las mujeres más pobres.

El informe no entrega una consigna fácil, pero sí una ruta clara. No habrá reducción sustantiva de la pobreza femenina sin políticas laborales. No habrá mejora significativa en empleo femenino sin sistema de cuidados.

No habrá formalización relevante sinincentivos diferenciados. Y no habrá igualdad real mientras el diseño institucional siga tratando el cuidado como una responsabilidad casi exclusiva de las madres. En el fondo, los datos de la CASEN 2024 no hablan solo de trabajo.

Hablan de poder. De quién puede disponer de su tiempo y quién no. De quién puede planificar una carrera y quién vive atrapada en la contingencia doméstica.

De quién accede a protección social y quién queda condenada a la fragilidad permanente. Hablan, también, de la calidad del crecimiento y de la profundidad real del compromiso país con la igualdad. Porque una economía que necesita del trabajo de las mujeres, pero no se hace cargo de las condiciones para que ese trabajo exista, termina trasladando sus costos al espacio privado.

Y ese espacio privado, en Chile, tiene rostro de mujer, especialmente en los hogares más pobres. Allí, donde el cuidado absorbe horas, donde la informalidad reemplaza derechos y donde la pobreza reduce horizontes, se juega una de las desigualdades más persistentes del país. El reportaje deja una conclusión incómoda, pero imposible de esquivar: en Chile la brecha laboral femenina ya no puede leerse solo como un problema de género, porque en su núcleo más duro es también un problema de pobreza, de cuidado y de diseño institucional.

Las mujeres del quintil más bajo no están fuera del mercado por falta de voluntad, sino porque cargan con una estructura que les resta tiempo, opciones y protección. Mientras el país siga hablando de igualdad sin tocar en serio el sistema decuidados, la informalidad y los desincentivos a la contratación femenina, seguirá administrando la exclusión en lugar de corregirla. Lo que muestran estos datos no es solo una deuda social.

Es una advertencia sobre el tipo de desarrollo que Chile todavía no ha sido capaz de construir.