¿Personal o institucional?: el dilema que dejó el hackeo a la cuenta del Presidente

El hackeo –o “acceso de terceros”, como lo llamó Presidencia– a las redes del Mandatario terminó pesando como antecedente en la marcha atrás del recorte en Seguridad que iba a afectar a la Agencia Nacional de Ciberseguridad, pero también trasladó el flanco comunicacional desde el Gobierno al ciberespacio. El episodio no solo volvió a poner sobre la mesa el historial de ciberataques –como la masiva filtración del Estado Mayor Conjunto en 2022–, sino que además reabrió el incómodo tema de los miles de usuarios bloqueados que arrastraba el Presidente. La cuenta @joseantoniokast en X, creada en 2010, y la de su Instagram, están congeladas tras la publicación de un mensaje falso contra Trump.

Aunque el Gobierno asegura que ambas fueron recuperadas, desde mediados de marzo ya no se usan. Así se consolidó un giro: operar exclusivamente con las cuentas oficiales creadas para el cambio de mando (@Oficina_Pdte y @presidente_kast) y dejar las “personales” fuera del circuito. ¿Coincidencia?

Kast arrastraba miles de usuarios bloqueados en X, lo que choca directamente con un instructivo de Contraloría: si una cuenta funciona como canal público, no puede bloquear. Pero ¿son personales o no? En los hechos, fue el propio equipo presidencial el que tuvo que intervenir para recuperar los accesos.

Presidencia ha evitado confirmar si habrá acciones legales, argumentando que se trata de cuentas personales, aunque trascendió que se habría presentado –o al menos instruido– una denuncia ante la PDI por eventual suplantación de identidad. El responsable sigue siendo un misterio, aunque no siempre es así: basta recordar el hackeo del grupo internacional Guacamaya al Estado Mayor Conjunto. En ese cuadro aparece el actual subsecretario de Defensa, Rodrigo Álvarez Aguirre –exvicealmirante y exjefe del EMCO (2018-2020)–, cuya trayectoria coincide con los años en que se desarrollaron parte de las capacidades de ciberdefensa que más tarde quedarían expuestas.

Por ahora, en Palacio intentan bajar el tema, pero lo que partió como un problema comunicacional terminó mostrando otra cosa: debilidades en ciberseguridad, dudas sobre protocolos… y una frontera cada vez más porosa entre lo personal y lo institucional en la cuenta del propio Presidente.