Permiso para desalar, por favor

El agua es vida y la escasez de agua dulce producto del cambio climático condiciona nuestra supervivencia y desarrollo. Así partió el Presidente de Acades su presentación en el Congreso que congregó a más de 1. 300 asistentes y expositores, el mes pasado.

¿Qué incentivos se necesitan a corto, mediano y largo plazo para que exista un mercado que masivamente desale agua, reuse y potabilice? Parte de las respuestas se encontrarán en la recientemente aprobada Ley sobre uso de agua de mar para desalinización (Boletín 11. 609-09).

A través de un sistema basado en concesiones marítimas especiales que durarán 30 años (renovables solo una vez), establece un régimen de inversión y de desarrollo de desalinización para el consumo humano (mínimo 5%) o multipropósito, que posteriormente será fiscalizado y, en su caso, sancionado en caso de infracción, por la Dirección General de Aguas (DGA). Se regula un mercado que a priori busca dotar a nuestro país de seguridad hídrica, adaptándonos al cambio climático y resguardando la biodiversidad. “El diablo está en los detalles y uno no menor es cómo la ley, los reglamentos y los reguladores identificarán las necesidades hídricas de una cuenca y se gestará una respuesta integrada”.

Uno de los aspectos destacables son las servidumbres legales de desalinización para la conducción de aguas desalinizadas y la disposición de salmueras, complementando las servidumbres del Código de Aguas. El segundo es la obligación de ingreso al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para plantas industriales y la facultad del Ministerio de Medioambiente de regular la de emisión para salmueras. Ambas permiten cerrar brechas regulatorias ambientales existentes.

Por último, está la Estrategia Nacional de Desalinización (END) como instrumento de planificación de largo plazo que oriente el desarrollo sostenible de estos proyectos. La END deberá ser propuesta por la DGA y aprobada por decreto supremo del MOP con firma de múltiples ministerios (Defensa, Medio Ambiente y Energía, entre otros) cada seis años. En su confección, considerará instancias de participación ciudadana y, como componentes, los Planes Estratégicos de Recursos Hídricos en cuencas, la planificación territorial, la política nacional costera, instrumentos de gestión ambiental y cambio climático, y planificación sanitaria, entre otros.

En cuanto a su contenido, requerirá de diagnóstico de seguridad hídrica, planificación del desarrollo sostenible, criterios de zonificación, identificación de bahías -donde se recomienda evitar la descarga de salmueras-, promoción de innovación tecnológica, mecanismos de reutilización y reducción de residuos, y metas con indicadores de seguimiento. El diablo está en los detalles y uno no menor es la necesidad de contar con un sistema de conectividad y transmisión que propicie economías de escala. Es decir, cómo la ley, los reglamentos y los reguladores identifican las necesidades hídricas de una cuenca y se gesta una respuesta integrada, con sistemas eficientes.

Este y otros factores, son vitales para la razonabilidad de los costos y, en última instancia, del tamaño, oferta y demanda del mercado.