Penalizar el ingreso irregular: una mala idea

El proyecto de ley que busca convertir en delito el ingreso irregular puede convertirse en el primer forado del “escudo fronterizo” anunciado por el gobierno. De aprobarse, tendremos una norma que pone una lápida a la reconducción, actualmente la herramienta más eficaz para el control de la migración irregular. Entre 2022 y 2026 fueron reconducidas 20 mil personas en la frontera, y desde la implementación del acuerdo con Bolivia en marzo de 2025 a diciembre de ese año, la tasa de efectividad de la reconducción por Colchane pasó del 10% al 90%.

El proyecto plantea, inocentemente, que la persecución penal del delito se activa sólo si la persona no puede ser reconducida. Ello permitiría, según sus promotores, que los procesos de reconducción se sigan realizando, pues esta se propone como la primera opción, siendo la denuncia judicial la segunda, aún cuando se esté ante un delito flagrante. Más allá del dudoso fundamento jurídico y constitucional de la idea de que la acción contra un delito se inicia sólo si se dan ciertas condiciones, en la práctica traspasa una incertidumbre jurídica a carabineros, militares y policías civiles, quienes están hoy mandatados para reconducir a los extranjeros infractores.

El problema no es solo que se los exima del deber de denuncia respecto de un delito en particular, sino el que las condiciones para denunciar o no hacerlo dependa de su propia acción y de la disposición de las autoridades del país vecino para recibir o no a las personas. La reconducción es un procedimiento de tal complejidad y exigencia para las policías desplegadas en la frontera que, si deja de ser un imperativo legal, con toda seguridad dejará de ser efectivo. Los ingresos irregulares que hoy se convierten en reconducciones redundarán en una judicialización que impedirá la devolución inmediata e incluso la expulsión.

Actualmente, cuando una reconducción no se materializa la Policía de Investigaciones inicia inmediatamente un proceso de expulsión administrativa y establece una medida de control para la persona, iniciándose automáticamente el plazo para recurrir contra la medida. De aprobarse la nueva norma, una reconducción no materializada derivará en una investigación penal que podría extenderse hasta por seis meses. Esto hace que el eventual procedimiento de expulsión sea más extenso, burocrático e incierto, pues el tribunal podría declarar la inocencia del imputado.

Por otra parte, el proyecto establece un plazo perentorio máximo de seis meses al Ministerio Público para terminar las investigaciones en contra de quienes ingresen de forma irregular. Este imperativo obligará a las fiscalías de la macro zona norte a priorizar la persecución penal de migrantes irregulares por sobre la de bandas de crimen organizado, narcotraficantes, violadores u homicidas. Al mismo tiempo, la penalización del ingreso irregular podría volver impracticable la expulsión administrativa, debilitando a la autoridad encargada de dictarlas.

Entre 2016 y 2026 se dictaron más 76 mil órdenes de expulsión, 46 mil de las cuales fueron emitidas entre 2022 y 2026, la mayor parte de ellas a personas que ingresaron irregularmente a Chile. En lo sucesivo, de aprobarse el cambio normativo, una persona que ingrese irregularmente a Chile podría ser expulsada solo una vez que haya concluido su proceso judicial y siempre que haya sido declarada culpable. Si, por el contrario, fuera declarada inocente por el tribunal, difícilmente podrá ser expulsada administrativamente, pues el fundamento de la expulsión va ha haber sido desestimado judicialmente.

En la eventualidad de que la persona sea declarada culpable su defensa podría optar a la expulsión judicial como pena sustitutiva, lo que deja definitivamente fuera de juego a la expulsión administrativa. El gobierno del Presidente Gabriel Boric avanzó en un mejor control de fronteras dotando de mayores recursos, personal y tecnología a las instituciones, impulsando acuerdos de colaboración con los países vecinos, particularmente con Bolivia, y fortaleciendo las herramientas de las autoridades administrativas e instituciones policiales. En este último sentido se modificó la Ley de Migración, para ampliar la zona de reconducción a 10 km desde la línea de frontera y también se modificó la norma para que PDI notifique de manera inmediata la expulsión a quienes ingresan irregularmente a Chile.

Asimismo, se digitalizó el proceso de notificación de expulsiones y se presentó un proyecto de ley para ampliar las causales de expulsión e incrementar las sanciones a quienes promuevan o faciliten el ingreso irregular. Es una propuesta que fue aprobada de forma casi unánime por la Cámara de Diputados y que se encuentra actualmente en tramitación en el Senado. Esta estrategia trajo resultados importantes: 20 mil personas reconducidas en la frontera, las cifras más altas de expulsiones administrativas desde 2017; la dictación de 46 mil resoluciones de expulsión y una reducción del 54% en los ingresos irregulares.

La pregunta que debe hacerse a la actual administración es si las medidas anunciadas, incluida la tramitación inmediata del proyecto de ley en cuestión, van a consolidar estos avances. Hay desafíos apremiantes, como la necesidad de retomar relaciones diplomáticas con Venezuela, pues sin esto no se podrá expulsar a nadie a ese país por la vía judicial ni por la administrativa. A ello se suma la responsabilidad de mantener la implementación del acuerdo con Bolivia para seguir reconduciendo a personas de terceros países, entre ellos justamente ciudadanos venezolanos infractores que no pueden ser retornados a su país de origen.

Otro desafío importante, derivado de la disponibilidad limitada de recursos económicos y humanos para materializar expulsiones, es la necesidad de focalizar la labor policial y el esfuerzo del Estado en la expulsión de personas que hayan cometido delitos graves o que tengan antecedentes negativos. Por último, y ante el aparente consenso existente para aprobar la tipificación del ingreso irregular como delito, cabe recordar la propuesta alternativa discutida en su momento que proponía una versión menos ineficaz: la penalización del re-ingreso. Vale decir, de quienes reincidan en el ingreso irregular o bien desacatan una prohibición de ingreso emitida por la autoridad administrativa.

A diferencia de la propuesta impulsada por el Gobierno, esta alternativa permitiría mantener la reconducción como instrumento de control en la frontera, a la vez que liberar a las policías de la incertidumbre jurídica frente a la detección de un ingreso irregular, evitar la sobrecarga del Ministerio Público y la focalización de su trabajo en la persecución de quienes ingresen irregularmente, dilatando causas por delitos graves; y finalmente mantener el rol preponderante que tiene hoy el Servicio Nacional de Migraciones en relación a la expulsión administrativa como herramienta de sanción a extranjeros infractores.