Paulina Núñez urge destrabar proyecto para instalar detectores de metales en colegios

La presidenta del Senado afirmó que la iniciativa, presentada junto a un grupo transversal de parlamentarios, permanece detenida en la Comisión de Educación y pidió acelerar su tramitación ante hechos de violencia en establecimientos. La senadora Paulina Núñez emplazó a reactivar el proyecto de ley que busca exigir la instalación de detectores de metales en los accesos de los establecimientos educacionales, una iniciativa que, según sostuvo, fue presentada hace algunos meses junto a otros senadores y que hoy continúa detenida en la Comisión de Educación de la Cámara Alta. La parlamentaria planteó que se trata de una medida rigurosa, pero necesaria, en un contexto marcado por la creciente preocupación por hechos de violencia al interior de recintos escolares.

Núñez, quien actualmente ejerce como presidenta del Senado desde el 11 de marzo de 2026, sostuvo que la discusión no puede seguir postergándose cuando el debate sobre seguridad escolar se ha vuelto cada vez más urgente. Desde esa posición, insistió en que el Congreso debe avanzar en herramientas preventivas y no limitarse a reaccionar una vez ocurridos episodios graves. “Nosotros junto a un grupo transversal de senadores presentamos hace unos meses atrás un proyecto que en ese momento, no digo que fue criticado, pero está detenido en la Comisión de Educación del Senado, que era poder por ley exigir que existan detectores de metales al ingreso de los establecimientos educacionales”, señaló la legisladora, marcando distancia de quienes en su momento consideraron exagerada la propuesta.

La senadora argumentó que la prevención debe ser entendida como un deber del Estado y no como una sobrerreacción. En esa línea, comparó la eventual instalación de detectores de metales en colegios con los controles que ya existen en aeropuertos, terminales de buses y entidades bancarias. A su juicio, la objeción a esta medida parte de una visión demasiado confiada frente a riesgos que hoy ya no pueden ser ignorados.

“Obviamente que es una medida de las más rigurosas, pero que previene y no que después lamenta”, afirmó Núñez, remarcando que el foco debe estar en anticiparse a posibles hechos de violencia y no solo en condenarlos una vez consumados. La declaración también abre un debate que, aunque incómodo, gana espacio en la agenda pública: hasta dónde deben llegar los mecanismos de control al interior de lascomunidades educativas para resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y funcionarios. El planteamiento de la presidenta del Senado irrumpe en medio de una discusión que tensiona dos principios sensibles: la necesidad de proteger a las comunidades escolares y la preocupación por no transformar los colegios en espacios marcados exclusivamente por la lógica del resguardo y la sospecha.

Ese choque de visiones ha sido, precisamente, uno de los factores que ha frenado iniciativas de este tipo, pese a que la inseguridad escolar se ha instalado con fuerza en el debate nacional. Desde una mirada legislativa, el llamado de Núñez también adquiere peso por su condición de titular de la Cámara Alta y por el inicio de una nueva etapa política en el Senado. La actual mesa directiva se instaló el 11 de marzo y las comisiones legislativas para el período 2026-2030 comenzaron su constitución durante la segunda quincena de marzo, entre ellas la Comisión de Educación, instancia donde la parlamentaria asegura que hoy permanece paralizado el proyecto.

Más allá de la propuesta puntual, la discusión deja en evidencia una señal de fondo: la seguridad escolar ya no está siendo abordada solo desde la convivencia o el acompañamiento socioemocional, sino también desde medidas de control físico que hasta hace pocos años parecían impensables en el ámbito educacional. Ese cambio de enfoque da cuenta de una realidad más áspera y de un sistema que empieza a discutir soluciones extremas frente a hechos igualmente extremos. La ofensiva de Núñez, en ese escenario, busca instalar una idea clara: que el Senado no puede seguir demorando herramientas preventivas cuando la percepción de riesgo se ha intensificado en distintas comunidades escolares.

La pregunta de fondo, sin embargo, seguirá abierta: si el país está dispuesto a asumir que la seguridad en los colegios exige medidas excepcionales, o si llegará tarde una vez más, solo después de nuevos episodios que vuelvan a remecer a la opinión pública.