Patricio Espinoza en la mira: Contraloría ordena cobro de deuda por fraude mientras asume cargo en la Delegación

Recientemente se dio a conocer que Patricio Espinoza Bravo ocuparía el puesto de encargado de prensa de la Delegación Regional de Aysén, justo cuando la Contraloría acaba de dictar un «cargo pecuniario» en su contra, obligándolo a restituir fondos públicos. Esto, tras años de una compleja trama donde se mezclan denuncias por maltrato, cientos de días de licencias médicas —muchas de ellas rechazadas por trabajar paralelamente— y una demanda contra el Estado. La idoneidad de Patricio Espinoza Bravo para ejercer cargos públicos se encuentra hoy bajo un serio cuestionamiento legal.

El equipo de El Ciudadano tuvo acceso a la Resolución Exenta RE6670, emitida el pasado 2 de marzo por la Contraloría Regional de Aysén. En dicho documento, el ente fiscalizador formaliza un ‘cargo pecuniario’ contra el periodista; una determinación jurídica que confirma que Espinoza mantiene una deuda pendiente con el Estado tras detectarse irregularidades en el uso de recursos públicos. Esta resolución no es solo un trámite administrativo, sino el resultado de una investigación que obliga al exfuncionario a restituir fondos al fisco, poniendo en entredicho su integridad para asumir nuevas responsabilidades en la administración regional.

Cabe destacar que el documento instruye a la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Desarrollo Social y Familia de Aysén para que tome las medidas necesarias a la brevedad con el fin de cobrar la suma adeudada y asegurar su restitución a las arcas fiscales. Además, señala que la SEREMI deberá informar documentadamente a la Contraloría sobre el proceso de recuperación de estos fondos, cerrando así el ciclo de fiscalización iniciado tras las denuncias previas. El historial de Chile Chico Las polémicas de Espinoza Bravo, se remontan hace varios años atrás cuando en 2013 fue formalizado por grabar a un estudiante de periodismo ciego sin su consentimiento, y luego difundir en la Radio Local de Chile Chico, donde en ese entonces se desempeñaba como periodista además de ser jefe de gabinete del Gobernador Pedro Durán.

Finalmente, según consta en registros bancarios de la época, Espinoza debió pagar $150 mil a la víctima, Cristián Yana, con una causa sobreseída pasado los 13 meses, si se cumplían las condiciones impuestas por el tribunal. Años después, ya como funcionario de la Seremi de Desarrollo Social de Aysén, el periodista activó un protocolo contra Maltrato y Acoso Laboral y Sexual (MALS) contra su superior, el entonces jefe de gabinete Camilo Gutiérrez. Según relató Espinoza a medios locales, el conflicto incluyó agresiones verbales y amenazas que habrían quedado registradas en cámaras de seguridad.

A raíz de esto, inició una tutela laboral en tribunales y fue derivado a la ACHS, donde se le diagnosticó una enfermedad profesional asociada a depresión. Durante la investigación, fue apartado de sus funciones comunicacionales y trasladado a labores administrativas, proceso que él calificó como ‘lento y desgastante’. Por su parte, la entonces Seremi Karina Acevedo señaló que el traslado de funciones se realizó por recomendación técnica para evitar el contacto entre las partes.

Sin embargo, documentos de finales de 2024 revelan un intento fallido de trasladar a Espinoza a la Gobernación Regional tras una solicitud del Gobernador. La Seremi Acevedo explicó en ese momento que el movimiento era inviable, ya que el funcionario se encontraba bajo licencia médica vigente. En 2025, la Procuraduría Fiscal de Coyhaique del Consejo de Defensa del Estado (CDE) intervino a raíz de la demanda laboral mencionada.

El documento del CDE es revelador: informa sobre una propuesta de solución presentada por el propio Espinoza para terminar el conflicto judicial, la cual consistía en que se le permitiera asumir funciones en el Gobierno Regional de Aysén bajo comisión de servicio durante todo el año 2025. El CDE advirtió que esto no podía ser una «transacción» legal formal, sino un acuerdo directo entre las partes, y solicitó información urgente sobre el estado de un sumario administrativo previo y la calificación de su enfermedad profesional. El Patrón: «Salud Incompatible» y el abuso de licencias El historial médico de Patricio Espinoza Bravo no solo destaca por su extensión, sino por las graves contradicciones detectadas por los organismos de control.

En junio de 2024, la Subsecretaría de Servicios Sociales activó un proceso de vacancia por «salud incompatible» (bajo el Art. 151 del Estatuto Administrativo), tras certificar que el periodista acumuló inicialmente 250 días de licencia médica en dos años. Sin embargo, la investigación de El Ciudadano revela que la cifra fue en aumento hasta alcanzar un total de 311 días de reposo, promediando más de 155 días de ausencia anual.

El cuestionamiento a su estado de salud pasó de lo administrativo a lo ético y legal cuando la COMPIN confirmó que, durante sus periodos de supuesto reposo, el funcionario realizaba labores remuneradas para terceros. Específicamente, una resolución del 23 de octubre de 2025 acreditó que Espinoza prestó «Servicios de Diseño Memoria 2024» para la Empresa Portuaria Chacabuco mientras se encontraba con licencia médica. Este hallazgo constituye un incumplimiento grave del Art.

55 letra b) del D. S. 03/84, invalidando legalmente sus licencias y transformando el beneficio de salud en una deuda directa con el erario público.

Como consecuencia definitiva, la Contraloría Regional de Aysén emitió el pasado 2 de marzo de 2026 la Resolución Exenta RE6670, que formaliza un «cargo pecuniario» contra el exfuncionario. En el documento, el ente fiscalizador ordena a la SEREMI de Desarrollo Social adoptar «a la brevedad las medidas pertinentes para el cobro de la suma adeudada». Este escenario guarda un paralelismo simbólico con su pasado: tal como en 2013 debió acreditar pagos bancarios para cumplir una salida alternativa por delitos contra la privacidad, hoy enfrenta una orden estatal de restitución de fondos por quebrar la confianza pública y los recursos del Estado.

El Rol de la Política y el Control Aquí llegamos a un oficio enviado el 27 de junio de 2025 por el diputado René Alinco Bustos al Contralor Regional de Aysén. En él, el parlamentario solicitó formalmente una investigación administrativa y una fiscalización sobre el desempeño del funcionario Patricio Cristóbal Espinoza Bravo, quien trabajaba en la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Desarrollo Social y Familia de la Región de Aysén. La solicitud del diputado se fundamentó en denuncias ciudadanas recibidas en su oficina parlamentaria.

Estas denuncias señalaban una supuesta utilización prolongada y reiterada de licencias médicas por parte del funcionario durante los últimos dos años, además de cuestionar la falta de medidas administrativas tomadas por la jefatura del servicio ante esta situación. Asimismo, el documento menciona una acusación grave: se habría planteado la posibilidad de que el funcionario haya emitido boletas de honorarios mientras se encontraba con licencia médica. El diputado advirtió que, de comprobarse este hecho, se podría constituir una infracción a la normativa sobre compatibilidad de funciones e integridad administrativa, por lo que pidió a la Contraloría esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes.

El caso de Patricio Espinoza expone las grietas en el control de la administración regional. El nombramiento de una figura con órdenes de restitución de fondos por fraude laboral contradice el discurso oficial de probidad, sugiriendo una burocratización de la impunidad donde las alertas de fiscalización terminan siendo ignoradas por las jefaturas de turno. Al final, queda en duda bajo qué criterio de idoneidad se contrata a quien ha burlado el sistema de salud pública para fines privados.

Mientras la Contraloría exige recuperar el dinero defraudado, la fe pública permanece dañada ante un sistema que parece permitir que los cuestionamientos se diluyan entre nombramientos de confianza y silencios administrativos.